MANIFESTACIÓN POR UNA VIVIENDA DIGNA

 
Manifiesto leido al finalizar la manifestación el 26/01/2008
 

En primer lugar, a mi me gustaría agradecer a todas las personas que hoy os encontráis aquí porque con vuestra presencia estáis aportando vuestro granito de arena al trabajo que desde la propia Plataforma se viene desarrollando con el fin de denunciar la situación tan insostenible en la que hoy en día nos encontramos.

Formamos parte de una iniciativa abierta a toda la ciudadanía, donde cualquier persona cabe, que surge espontáneamente y que trabaja bajo un mismo proyecto y en la misma dirección, el derecho a una vivienda digna.

Este derecho se lleva vulnerando desde hace mucho tiempo sin que ningún gobierno hasta ahora, haya puesto en marcha medidas reales para protegerlo. Y visto lo visto, si nosotros no defendemos su cumplimiento, nadie lo hará en nuestro lugar.

Mediante esta manifestación que hoy hacemos, planteamos unas reivindicaciones. Unas reivindicaciones que son básicas y fundamentales para cambiar la actual política de vivienda que practican los dos partidos mayoritarios.

 
 

Creemos en una ciudad en la que la mejora al acceso a la vivienda es un deber público como lo es la dotación de agua limpia y clara, la misma para todos y en todos los puntos, y no un asunto del mercado que este regulado por la mano invisible de Adam Smith o por la mano visible de los promotores.

Parece que hay que recordarle al señor Camps y al señor Antón, que la finalidad de construir VPO es estrictamente social, y no como ahora hemos descubierto que la motivación es económica y que la intención del conseller es conseguir que los industriales del ramo no sufran demasiado.

Es por esto, que planteamos la necesidad de fomentar y gestionar las viviendas de protección oficial desde la administración con la máxima transparencia, proponiendo:

  1. Paralizar las subidas de los módulos de VPO y prohibir las tipologías de viviendas protegidas para rentas altas.
  2. Primacía de la vivienda protegida en régimen de alquiler.
  3. Creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique la vivienda protegida de promoción pública y privada.
  4. Prohibición del sorteo como método de adjudicación y creación de baremos que den prioridad progresiva a los más necesitados.
 
 

Cuando planteamos eliminar los mecanismos de financiación institucional en base al urbanismo estamos exigiendo que considere el urbanismo como una función pública y no como una expectativa privada. Estamos afirmando la defensa del interés general.

Evidentemente, en la propiedad urbana el interés individual del propietario (conseguir la máxima rentabilidad de su finca) no coincidirá nunca con el interés general (limitar el derecho de propiedad para conseguir un incremento ordenado de la ciudad).

Todos los beneficios obtenidos por la venta o permuta de suelo deben de destinarse a la puesta en el mercado de vivienda protegida.

 

Recientemente ha entrado en vigor la nueva Ley del Suelo. Si bien el texto contiene un articulado que estimamos positivo en general, adolece de ciertas carencias significativas que nos gustaría destacar como son:

  1. la insuficiente reserva de suelos para viviendas de protección oficial (únicamente el 30%), la indefinición en la que queda esa reserva que puede ir destinada en su totalidad a las tipologías de viviendas protegidas más caras,
  2. la falta de definición de mecanismos de control para asegurar que la ley se cumpla uniformemente,
  3. la no prohibición expresa de los mecanismos que permiten utilizar el urbanismo como vía de financiación,
  4. la no vinculación de las licencias de construcción de vivienda libre a las protegidas –el porcentaje protegido se posterga sistemáticamente-,
  5. el resquicio legal que permite que el suelo entregado por los promotores al patrimonio público se utilice “para otros fines de interés social” que pudieran ser distintos a los relacionados con la política de vivienda, etc
 
 

PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA:

- Al menos el 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.
- Creación de órganos de participación ciudadana con influencia directa en la gestión del suelo.
- Vinculación de licencias de construcción de vivienda libre al desarrollo de la protegida.

En el tratamiento de la vivienda vacía, pedimos que se penalice la especulación sobre viviendas, ya que se ha avanzado realmente poco y las viviendas vacías se siguen agolpando en la mayor parte de la geografía española sin ninguna medida de alcance que influya para situarlas en el mercado.

El último censo del INE publicado en el año 2001 hablaba de más de 3 millones de viviendas vacías y que hay algunos estudios que ya las cifran en 5 millones ante la vorágine constructora que estamos sufriendo.

Otro aspecto clave de la situación de la vivienda son las importantes sumas monetarias que se dedican a ayudas directas a la tenencia de vivienda, las cuales no tienen correlación similar en cuanto al alquiler o el alojamiento temporal.

El PSOE, ha ejecutado recientemente una reforma fiscal que en este aspecto no ha cambiado sustancialmente la situación. Tan sólo se han reducido en un 15% las desgravaciones fiscales  para las nuevas hipotecas, no para las ya formalizadas y el gasto público en este concepto fue de alrededor de 5.000 millones de euros en 2004.

Por parte de la plataforma consideramos imprescindible la supresión de todas las figuras fiscales o financieras  que favorezcan la tenencia de vivienda, ya sea a nivel estatal o autonómico.

Corrupción y fraude fiscal.

Limitación del endeudamiento hipotecario y del periodo de retorno de las hipotecas.

El endeudamiento familiar es más que preocupante y más ahora, con el cambio de ciclo que han experimentado los tipos de interés, tanto por cuantía como por el plazo de amortización que están asumiendo la mayoría de familias que está fuera de toda lógica razonable. Al parecer los dos partidos políticos principales no están por la labor de introducir las dos cosas que a nuestro juicio deberían haber tomado: la limitación por ley del porcentaje salarial destinado al endeudamiento (25% del salario) y del plazo de amortización por debajo del cual las entidades bancarias pudieran conceder préstamos (20 años) y, por otra parte, la mejora de la información a los consumidores sobre el riesgo en un país donde la práctica totalidad de las hipotecas se referencian a tipos de interés variables

MUCHAS GRACIAS

 

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