BOLETÍN DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2009
 
 
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España y vivienda
 
LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PROTEGE EL 'LADRILLO'
El Mundo - 02 de diciembre de 2009
 
MODIFICA LA LEY PARA QUE NO BAJE EL VALOR DE LOS TERRENOS

El Gobierno echará otro cable a las entidades financieras para digerir las abultadas carteras de activos que están abocadas a gestionar a raíz del crack inmobiliario.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, incluye una disposición adicional que flexibiliza el régimen de valoraciones de la Ley del Suelo de 2007 y que permitirá a las entidades financieras esquivar, en buena medida, la depreciación de los activos a los que fuerza esta norma.

Esta disposición amplía de tres a seis años la prórroga contemplada en la Ley del Suelo para actualizar el valor de terrenos urbanizables delimitados. Es decir, aquéllos que están en la fase previa antes de convertirse en urbanos (en los que están listos para edificar las promociones).

La legislación estipula que los terrenos de esa tipología que no se hubieran comenzado a construir en los plazos delimitados por el plan de ordenación urbanística tendrían que actualizar y rebajar su valoración en un plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor.

Esta moratoria de tres años adicionales garantiza un mayor margen a entidades financieras y a promotores para poder eludir la pérdida de valor a la que tendrían que enfrentarse el próximo año.

Sin la modificación prevista en la Ley de Economía Sostenible, se verían obligados a revisar en junio de 2010 el valor de esos solares, teniendo que efectuar las provisiones correspondientes y con el consiguiente impacto en sus cuentas.

De prosperar esta disposición, una vez superados todos los trámites parlamentarios pertinentes, las entidades financieras y las promotoras que aún mantengan en cartera suelo tendrán hasta junio de 2013 para revisar el valor de estos activos si es que aún no les han dado salida en el mercado.

En los principales núcleos urbanos, según los expertos consultados por este periódico, la diferencia de valoración podría ascender hasta un 90%.

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60.000 JÓVENES PENDIENTES DE 210 EUROS
Publico.es - 01 de diciembre de 2009
 
El 30% de los beneficiarios de las ayudas al alquiler que lanzó el Gobierno hace casi dos años aún no las ha cobrado

"Soy un joven de 26 años que actualmente tiene la desgracia de vivir solo. Suena irónico, pero en esto se ha convertido el sueño de mi vida, en una absoluta desgracia. Llevo esperando 20 meses a que el Ministerio de Vivienda me pague la maldita renta de emancipación". La queja que un lector envío a este diario refleja la difícil situación que comparten cerca de 60.000 españoles menores de 30 años.

El Gobierno les concedió una ayuda de 210 euros mensuales para pagar el alquiler de su piso, muchos se animaron a dejar la casa paterna e iniciar un proyecto de vida en solitario contando con esa ayuda, pero el dinero no llega. Esta situación afecta a 59.147 jóvenes, el 28,42% de los solicitantes cuya petición ha sido aprobada. La ayuda sí ha llegado a otros 148.994, según datos del Ministerio hasta septiembre.

Catalunya es la autonomía más afectada por el impago. El 39,08% de las peticiones resueltas de forma positiva sigue sin abonarse, por lo que 16.414 jóvenes no han recibido ni un euro. Le siguen Canarias, con un 34,44% de retrasos (2.668 personas); Madrid, 33,61% (11.566 ); Andalucía, 29,77% (7.729), y Galicia, 28,52% (4.607). Todo ello cuando la crisis ha duplicado en nueve comunidades autónomas el número de jóvenes en paro.

Requisitos para la solicitud

La Renta Básica de Emancipación, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, es un conjunto de ayudas económicas directas lanzadas por el Gobierno para subvencionar el alquiler de su vivienda a los jóvenes con recursos escasos. Para conseguir el dinero, es necesario tener entre 22 y 30 años, cobrar menos de 22.000 euros brutos al año y estar al día con Hacienda.

Vivienda explica que el principal problema es que muchos jóvenes pagan a su casero mediante domiciliación bancaria en vez de transferencia, "una opción que no estaba contemplada y obliga a los solicitantes a enviar cada mes sus recibos, con el consiguiente retraso". No obstante, el problema real no es tanto el retraso, como el impago. Donia Guarin, una catalana de 28 años con dos trabajos por los que ingresa 700 euros al mes, espera cobrar lo que le deben desde mayo de 2008: 3.990 euros.

Fuentes del departamento de Beatriz Corredor aseguran que desde la modificación aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de marzo de 2009, "se han tomado medidas, como contratar a más personal y crear un sistema informático" que incluya la opción de la domiciliación. No obstante, este sistema aún no está en marcha y cada mes se registran más de 3.000 nuevas instancias.

El Defensor del Pueblo ha recibido más de 500 quejas formales este año denunciando las "deficiencias, disfunciones y otras irregularidades en la tramitación de las solicitudes" que, en la mayoría de los casos, se deben a "omisiones de la Administración", según un documento que se incluirá en el Informe Anual 2009 que enviará al Congreso.

El texto recoge numerosos fallos en el intercambio de datos entre las comunidades autónomas y el Ministerio en los documentos de identificación, las referencias catastrales de las viviendas alquiladas, en las cuentas corrientes del arrendador y del arrendatario, lo que aumenta los retrasos.

David Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 27 años) entregó su solicitud en abril de 2008 y no fue aprobada hasta enero de 2009, porque el número de catastro de la casa estaba equivocado. Una vez que recibió la carta de aceptación, decidió cambiar de piso. Ahora recibe la ayuda correspondiente a su piso actual, pero aún no ha cobrado los 2.100 euros que se le deben por el alquiler de su anterior vivienda.

Virginia Acedo (29 años) se trasladó de Pamplona a Madrid y pasó de vivir sola a compartir piso. Cuando notificó que ya no tenían que pagarle 210 euros, sino 105, dejó de recibir la ayuda. "Lo único que consigo es que me envíen de un lado para otro. La Comunidad de Madrid me dice que tengo el pago retenido por haber percibido durante tres meses una cantidad indebida y el Ministerio culpa a la CAM por no haberles notificado el cambio de situación", explica.

Jaime afirma que le comunicaron que su solicitud estaba denegada por un problema con la Agencia Tributaria. "Conseguí un certificado demostrando que era un fallo y en abril de 2009 la resolución cambió a positiva", explica. Luego vino el error informático: "Habían puesto que el pago se hacía por transferencia, cuando era domiciliado, y tardaron tres meses en arreglarlo". Asegura que espera el dinero "como agua caída del cielo".

De la solicitud al cobro

¿Qué es la renta de emancipación?

Es una subvención del Estado para apoyar económicamente a los jóvenes en el pago del alquiler de la vivienda. La ayuda consiste en 210 euros al mes, un préstamo sin intereses por importe de 600 euros –reintegrable cuando se extinga la fianza prestada en garantía del arrendamiento– o 120 euros para el caso de que se constituya un aval con un avalista privado.

¿Cuáles son los requisitos?

El primero de todos es tener una edad comprendida entre los 22 y los 30 años. Además, el aspirante debe ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan con carácter permanente, disponer de una fuente regular de ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros –incluidos los trabajadores por cuenta propia o ajena, becarios de investigación, los desempleados y los beneficiarios de una pensión por incapacidad– y poseer la nacionalidad española o la de alguno de los países de la Unión Europea.

¿Cómo se recibe la ayuda?

El beneficiario debe domiciliar la ayuda en alguna de las entidades de crédito colaboradoras del Ministerio de Vivienda. Además, debe estar al corriente de pago del alquiler de la vivienda, de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

¿Qué pasos hay que seguir?

El beneficiario rellena el cuestionario para pedir la ayuda en la Oficina de Vivienda de la CCAA en la que reside. Esta tendrá un plazo máximo de dos meses para responder. En caso de que sea en sentido positivo, el joven deberá acudir a su entidad de crédito y firmar una orden periódica de transferencia. Después, el banco ha de registrar el primer pago del alquiler e informar al Ministerio. Este se encarga de comprobar si el joven está al corriente de sus obligaciones tributarias. Por último, el Ministerio tramita el pago, para lo que emplea tres semanas. Se paga en la segunda quincena de cada mes.

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LA VIÑETA: LA ESPAÑA DESBOCADA (II)
Redacción PVD (mckinseyquarterly.com) - 16 de octubre de 2009
 
Hace tiempo, en esta sección nos hicimos eco de un gráfico aparecido en The Economist, en el que se mostraba la virulencia de la burbuja inmobiliaria en España.

Ahora completamos esa información con datos más actualizados y una comparativa que incluye a más países, en un gráfico que hemos encontrado en el sitio mckinseyquarterly.com.

Juzguen por vds. mismos la magnitud del problema que tenemos en España:



Enlace al gráfico original

 
UN DESASTRE URBANÍSTICO SIN PRECEDENTES
El Mundo - 02 de noviembre de 2009
 
 
EN LOS ÚLTIMOS 15 años se ha producido en España un proceso de urbanización sin precedentes. Han desaparecido bajo el asfalto 250.000 hectáreas de territorios naturales o rurales y se ha incrementando la superficie artificial en un 30%. La primera causa de la urbanización ha sido el explosivo crecimiento del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%. Lo ocurrido en España no tiene parangón en Europa; era algo que todos percibíamos al cruzar los Pirineos y que los datos se han encargado de confirmar con contundencia: las viviendas construidas en España en ese periodo superan holgadamente la suma de las realizadas en Francia y Alemania, países cuya población conjunta triplica la española. Los cálculos más optimistas sitúan en 250.000 las viviendas sobreconstruidas anualmente desde 2003.

El proceso de urbanización ha supuesto la pérdida de un importantísimo patrimonio natural y paisajístico y la merma de la calidad de vida de futuras generaciones. Ha cambiado radicalmente la fisonomía de gran parte de nuestros paisajes, como resultado de un modelo turístico basado en el corto plazo y en la edificación residencial, que genera un alto beneficio económico en el momento de la promoción y la construcción, pero cuyos efectos positivos se reducen drásticamente una vez entregadas las viviendas. Por su parte, las áreas metropolitanas se han extendido de forma imparable, obligando a miles de ciudadanos a recorrer distancias irracionales para llegar a sus lugares de trabajo.

¿Cómo ha sido posible un proceso de urbanización tan devastador? Lo primero que cabe decir es que han sido los planes urbanísticos de cada ayuntamiento los que han ordenado o desordenado el territorio de cada municipio. Pese a que la multiplicación de casos de corrupción urbanística puede hacer pensar lo contrario, el desarrollo territorial ha sido resultado, en general, de planes redactados y tramitados cumpliendo la legislación. Además, todo este proceso ha tenido lugar una vez completadas las transferencias de las competencias en planificación territorial, urbanismo y medio ambiente a las autonomías, y después de que éstas hayan aprobado leyes avanzadas sobre estas materias, algunas de cuyas premisas suscribiría el más radical de los ecologistas. Nunca antes la construcción de una vivienda había requerido una tramitación tan compleja, cuajada de informes destinados, en teoría, a racionalizar las dinámicas urbanizadoras y controlar sus efectos ambientales.

Sin embargo, el proceso constructivo ha avanzado sin contar con instrumentos de ordenación del territorio capaces de orientar estratégicamente las formas de ocupación del suelo y de canalizar de manera inteligente las presiones urbanizadoras locales. Tampoco las herramientas de control ambiental han sido eficaces a la hora de evitar la destrucción de parajes con valores ecológicos demostrados, ni siquiera en los casos más evidentes, como bien demuestran los ejemplos del Algarrobico, el Alto del Cuco en Cantabria y otros muchos repartidos por España. Como tantas veces en nuestro país, los discursos y los ambiciosos objetivos en materia ambiental, urbanística o de sostenibilidad, concretados incluso en leyes, no se han visto acompañados por un avance paralelo de los instrumentos de aplicación, y de la voluntad política para alcanzarlos.

Otra de las grandes paradojas del reciente proceso de ocupación del territorio es que, pese a las notables diferencias existentes en los discursos de los dos principales partidos políticos, la urbanización se ha producido de forma similar en comunidades autónomas gobernadas desde hace lustros por el PP o el PSOE (véase, por ejemplo, el litoral meridional murciano y la costa almeriense o gaditana). No hay que olvidar que los planes municipales deben ser aprobados por las administraciones autonómicas. Los ayuntamientos, con independencia de su color político, se han convertido en promotores entusiastas de expansiones urbanísticas en muchos casos excesivas, bajo la premisa de que la construcción residencial es la única forma de progreso de sus municipios y ciudadanos. Para ello han puesto en marcha planes que comparten una característica: la ausencia de transparencia en su tramitación y de participación ciudadana en la toma de decisiones, pese a que en muchos casos implican una transformación profunda del territorio y del marco de vida de los vecinos.

Por otra parte, las disposiciones urbanísticas, sobre todo las que afectan a la determinación de los suelos que pueden ser urbanizados, han estado sujetas a un alto grado de discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, ante la falta de documentos de planificación regional que fijen los límites u orienten al menos las propuestas de cada municipio. En este proceso pocas veces queda claro el papel de los agentes y grupos de interés vinculados a la propiedad del suelo, los grandes ganadores del reciente boom inmobiliario, con beneficios muy superiores a los promotores residenciales. Con frecuencia, estos agentes han comprado a pequeños propietarios locales suelos en los que no era posible construir y en pocos meses han multiplicado su valor por 500 o por 1.000, tras la aprobación del correspondiente plan urbanístico.

Las dinámicas descritas han pervertido el urbanismo, que ha pasado a convertirse en un instrumento cuyo objetivo fundamental es la obtención de beneficios económicos. Nos hemos acostumbrado a que casi cualquier asunto de envergadura, desde fichajes futbolísticos hasta planes para enjugar el déficit de RTVE, RENFE o el Ministerio de Defensa, se financien con las plusvalías generadas por los procesos de recalificación. Incluso gran parte del gasto corriente de muchos ayuntamientos, con el que se abonan por ejemplo las nóminas de los funcionarios, depende de los procesos de urbanización, de forma que para su propia supervivencia se deberían mantener crecimientos urbanísticos permanentes. La ausencia de una financiación local adecuada y suficiente se convierte en la causa, pero también en la excusa perfecta para justificar la necesidad de seguir edificando.

El gran problema es que, el desbocado incremento de los precios del suelo, ha sido uno de los ingredientes clave de un aumento del coste de la vivienda que pagaremos durante décadas en nuestras hipotecas. Además, la planificación urbanística ha perdido su carácter estratégico para la definición del futuro de territorios y ciudades, y se convierte en una más de las herramientas financieras. Si bien es cierto que las administraciones públicas no sólo tienen el derecho, sino la obligación de participar en las plusvalías del proceso urbanístico, no lo es menos que deberían tratar de evitar el incremento excesivo de los precios de la vivienda libre.

LO OCURRIDO en los últimos años apunta a que el problema no ha sido, como durante el franquismo, la ausencia de mecanismos democráticos o marcos legislativos adecuados sino la insuficiente voluntad o capacidad política de unos partidos que no han logrado evitar que los intereses de determinados grupos locales hayan pasado por encima de los intereses generales.

Muchos son los cambios a introducir si queremos que el futuro de nuestro territorio sea diferente al perpetrado en estos últimos quince años. Entre ellos debiera contemplarse la consolidación de una nueva cultura del territorio, la formulación de planes de ordenación del territorio de carácter estratégico, la definición de un sistema de financiación local suficiente e independiente de los procesos constructivos, la incorporación de participación pública y transparencia a la formulación de los planes urbanísticos, la identificación de los propietarios de los suelos recalificados, la simplificación de los instrumentos de control ambiental de los planes y un largo etcétera. Pero quizás la única medida efectiva sería regenerar, reforzar y controlar las organizaciones políticas locales con el objetivo de que, una vez alcanzado el poder, no asuman como propios los objetivos de los propietarios de suelo.

Santiago Fernández Muñoz es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y concejal de Torrelodones (Madrid).

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EL 'TSUNAMI' DE LA CORRUPCIÓN
diariodesevilla.es - 02 de noviembre de 2009
 
Transparencia Internacional sitúa el origen de los recientes escándalos urbanísticos a partir de 2002 en la fiebre inmobiliaria, principal fuente de ingresos de los municipios

Desde hace dos años, raro es el día en que España no desayuna con nuevos escándalos de corrupción urbanística en las portadas, con noticias sobre las oscuras relaciones entre políticos y empresarios circunscritas al ámbito municipal, tramas fraudulentas con decenas de implicados para hacer fortuna con el negocio del urbanismo.

Desde la célebre operación Malaya de 2006, que acabó por primera vez con la disolución de un ayuntamiento por decisión gubernamental, la historia se repite con frecuencia. No sabe de ideologías ni de territorios, atacando a todos por doquier. Desde la trama destapada en Marbella, han aflorado 17 nuevos escándalos con un denominador común: la implicación de los alcaldes. La corrupción parece extenderse como la pólvora, alcanzando incluso a las más altas instancias municipales.

Conviene remontarse siete años atrás para comprender las causas de las corruptelas de hoy, ninguna de ellas reciente. Así ocurre con la última operación policial en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramenet, producto de una investigación iniciada hace ya dos años, o con la archiconocida Gürtel, orquestada a partir de 2004.

Según el experto de Transparencia Internacional (TI), Jesús Sánchez Lambás, el tsunami de la corrupción que recorre con furia el territorio nacional nace con la liberalización del suelo en 2002, en pleno boom inmobiliario, y concluye en el tercer trimestre de 2007, con el desastre financiero de EEUU que devino en una crisis económica global. "Ese es el momento en el que se produce el verdadero boom de la corrupción, pero aflora ahora porque el Estado ha encontrado mecanismos para descubrirlo debido a que se han creado los medios suficientes", cuenta a este diario el especialista de la prestigiosa organización dedicada a combatir la corrupción a escala mundial.

La mayoría de los casos descubiertos recientemente están asociados con ese periodo. La economía baila al son del negocio inmobiliario, son tiempos de construcción desenfrenada, de intereses más baratos e hipotecas fáciles de conseguir, donde el dinero circula a raudales. La bonanza económica y de la industria de la construcción, que parece no tener fin, coincide con el eterno problema de los ayuntamientos: la escasa financiación. El urbanismo se convierte así en la principal fuente de ingresos. "Los ayuntamientos sólo pueden financiarse por el famoso 10% que reciben en las actuaciones urbanísticas más lo que cobran por las licencias de obras", explica Lambás.

El "ineficaz" sistema de financiación local se une a la falta de competencias claras y de controles municipales más estrictos. "Los ayuntamientos están infradotados de personal cualificado, no tienen mecanismos eficaces de control, los tradicionales servidores públicos que realizaban esa tarea -secretarios técnicos e interventores- han visto reducidas sus competencias, y se ha contratado a personal no siempre por los procedimientos de igualdad y capacidad profesional". La mezcla de estos factores abona el terreno para la práctica de conductas corruptas.

"Los consistorios se gastaron lo que tenían y calificaron todo el suelo posible en un momento en el que había muchísimo dinero, y todo eso se acabó situando en el ángulo más opaco de la gestión pública: ahí están los convenios urbanísticos, las recalificaciones...". En este escenario, brotan las empresas que sobornan a cargos públicos con comisiones ilegales millonarias a cambio de recalificaciones y de proyectos urbanísticos, es el germen de las tramas corruptas de hoy. El dinero fácil tienta a los políticos: "Fuera de nuestras fronteras los planes urbanísticos se modifican a los 10, 15 o 20 años mientras que en España se aprueba un plan y a los dos años se está cambiando. En EEUU, si un campo de maíz va a ser urbano se sabe 10 años antes".

A esta preocupante situación se suma la "pavorosa lentitud" de la Justicia. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fechado en 2008, denunciaba la existencia de 270.000 sentencias pendientes de ejecutar, cifras que hablan por sí solas del grave retraso que colapsa los juzgados. "Desde que se descubre el delito hasta que llega la sentencia pasan diez años, toda una eternidad", explica.

Las soluciones que apunta el especialista de TI para atajar la lacra de la corrupción pasan inevitablemente por una cuestión: la transparencia. "Los convenios urbanísticos se tienen que hacer públicos, hay que cerrar de una vez la financiación municipal, las autonomías deben cuidar más a los consistorios, funcionarios como interventores y secretarios técnicos deben formar un cuerpo nacional sólido con una inspección de servicios y mecanismos de regulación y depuración como otros grandes cuerpos del Estado y, sobre todo, más información; luz y taquígrafos".

Pero las consecuencias de esta serie de escándalos no acaban con los culpables en la cárcel. La implicación de cargos públicos tiene efectos nocivos sobre la política. El sociólogo de la Universidad Complutense, Fermín Bouza, advierte: "A la pregunta del CIS sobre los problemas más importantes de los ciudadanos, la clase política ha crecido a peor en las respuestas, hasta el 12%, y eso es pésimo". El factor crisis estimula las percepciones negativas: "No hace más que agravarlo, por eso la desafección hacia la política va a tanta velocidad".

"Estos últimos casos que están aflorando son corrupciones individuales, de grupos y de personas, que entran dentro de la cultura del pelotazo, que sigue muy viva desde la Transición", explica el catedrático de Sociología. En este contexto, la percepción de que España es más permisiva con estas conductas que otros países gana terreno: "Es realmente así. El castigo a los corruptos está muy limitado porque tenemos un sistema jurídico muy garantista, y la impresión que queda es la de que todos van a la calle y, luego, ya veremos".

Pero hay margen para la esperanza: "Hace falta consenso, que los políticos lleguen a acciones comunes frente a estos casos y a medidas preventivas, porque a lo más que se llega son a las expulsiones a toro pasado". Como tantas otras, la solución pasa por una respuesta política.

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ENTREVISTA A M.A. TRUJILLO, EX- MINISTRA DE VIVIENDA
El Mundo - 06 de noviembre de 2009
 
'La mayoría de mis compañeros diputados, incluso del PP, tiene minipisos de 30 metros'

-'El Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 de nuevo no tiene nada. Es más de lo mismo'

- 'Para que se acabe con el 'stock', la vivienda todavía debería bajar de un 30% a un 50%'

- Prefiere 'no opinar' de la gestión que está realizando la actual ministra Beatriz Corredor

- Si la volviera a llamar Zapatero para formar parte de un futuro Gobierno, 'le diría que no'


María Antonia Trujillo, actual diputada por Cáceres y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso, ostenta el privilegio de haber sido la primera ministra de Vivienda de la democracia, encargada de la resurrección de un Ministerio desahuciado desde 1977. Es ideóloga de la mayoría de iniciativas hoy vigentes en la materia: Ley de Suelo, Código Técnico de la Edificación (CTE), Sociedad Pública de Alquiler (SPA)..., de las que habla sin tapujos.

A Trujillo le tocó fraguar una de las promesas electorales 'estrella' de José Luis Rodríguez Zapatero hechas en su camino hacia La Moncloa: el Ministerio de Vivienda. Actualmente, su vida sigue muy ligada a la vivienda. Coordina un grupo nacional de expertos que prepara el documento 'La Política de Vivienda para el XXI' para la Fundación Ortega y Gasset.

Muchos la conocerán como 'la ministra de los minipisos' y otros como 'la de las zapatillas Kelyfinder'. Su propuesta de VPO de 30 metros cuadrados -superficie similar a la de su actual despacho- le hizo ganarse más portadas de periódicos de las que hubiera deseado. Dos años después de que el presidente del Gobierno prescindiera de ella, se muestra muy orgullosa de todas y cada una de las decisiones que tomó al frente de esta cartera y presume de ser la artífice de que gran parte de la política actual de Vivienda en marcha lleve su sello.

Pregunta.- Del 'boom', en su etapa, a la crisis del ladrillo, ¿por qué?

Respuesta.- El gran problema de este país ha sido la demanda especulativa. Había una etapa expansiva que tenía que explotar. Se arañó hasta la última peseta con decisiones erráticas que en su día yo ya denuncié. ¿Culpables?, todos; ¿inocentes?, ninguno. Para que se acabe con el 'stock', la vivienda debería bajar entre un 30% y un 50%.

P.- ¿Se pudo hacer algo más por evitar la actual situación?

R.- El Gobierno podría haber hecho muchas más cosas. La decisión política en vivienda mueve el mercado. Durante mi etapa, se aprobaron medidas muy significativas como el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Ley de Suelo. Pero la repercusión de estas normas ha sido menor por la crisis financiera y porque en España ya tenemos suelo transformado para 20 años y viviendas para los próximos 10. Cuando yo planteo que se equilibre la deducción por alquiler y compra se rechaza en 2004 y ahora parece buena. Ya es muy tarde.

P.- ¿Quizá no supo hacer llegar su mensaje y el de su Ministerio?

R.- Lo que pasó es que yo resultaba peligrosa porque se pensó que iba a poner en riesgo la economía española cuando realmente ésta ya estaba en peligro. Con la creación del Ministerio de Vivienda, algunos creyeron que se iba a poner el país patas arriba. Se miraba todo con tanto temor que nadie quiso ver lo que iba a pasar en el futuro. La racionalidad no imperó.

P.- Pero su política tampoco caló demasiado bien en la sociedad.

R.- Cuando la gente piensa que tiene derecho a una vivienda y que se la tienen que pagar el resto de los contribuyentes esto jamás puede funcionar. Las casas no se dan: se compran o se alquilan. ¿Por qué los padres en lugar de pagar un Máster a sus hijos les facilitan la entrada para un piso? ¿Por qué los bancos en lugar de financiar la inteligencia financian el ladrillo? Y de aquellos barros, hoy tenemos estos lodos.

P.- ¿Se arrepiente de algo, por ejemplo, de los minipisos?

R.- No. Al contrario, me da pena que no se hayan podido ejecutar como me hubiera gustado. El debate de los minipisos fue necesario. ¿Quién no ha pasado por una vivienda de 30 metros? A mí, ahora mismo, me encantaría vivir en una en Madrid. De hecho, muchos compañeros diputados, incluso del PP, tienen minipisos. Me tomo muy bien que se me conozca como la ministra de los minipisos. Logré sacar la vivienda a la calle.

P.- ¿Conoce a algún joven que siga teniendo las zapatillas Kelyfinder que les regaló su Ministerio y que tantas críticas suscitó?

R.- Sin duda, aquella fue la mejor campaña mediática que se ha hecho en este país. Detrás de las Kelyfinder había un proyecto, una plataforma tecnológica del Consejo de la Juventud donde se aunaban todas las políticas de vivienda de Ayuntamientos, CCAA, empresas privadas, etc. que el Ministerio de Vivienda financió. Queríamos enganchar a los jóvenes con un producto y éste fue unas zapatillas que, por cierto, se hicieron en La Rioja y no se las llevaron a China.

P.- ¿Qué opinión le merece el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012?

R.- De nuevo no tiene nada. No hay más que comparar el decreto anterior con el actual. Nuestro país no necesita un plan continuista como es éste. Habría que haber hecho uno excepcional para una situación económica excepcional. Hablar de rehabilitación, renovación urbana, eficiencia energética, ayudas al alquiler, viviendas universitarias,... pero si todo esto ya lo hice yo en el Plan 2005-2008.

P.- Habla de ayudas al alquiler y se abordaron tras su marcha con la Renta Básica de Emancipación.

R.- Eso no es cierto. Las subvenciones al arrendamiento se introdujeron en el mes de julio de 2004 en un Plan de Choque que aprobamos nada más llegar al Gobierno. Cuando llega mi sucesora, Carme Chacón, y habla de la RBE me causa sorpresa. Era una medida que ya existía y la abonaban y abonan las comunidades. Si queremos llamar a los platos como en los restaurantes de cinco estrellas, se lo podemos llamar, pero son ayudas al alquiler y ya estaban en julio de 2004.

P.- ¿Por qué la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), otra herencia suya, sigue sin funcionar?

R.- Nuestro objetivo era que fuera un referente, pero eso no gustó nada desde el principio porque el alquiler en nuestro país no da dinero. Ahora la cosa ha cambiado, hay mucha más oferta de alquiler que antes y debería comenzar a dar buenos resultados. La verdad, da un poco de pena ver medidas que pusiste en marcha y que no se cumplan los objetivos.

P.-¿Cuál fue su mayor acierto?

R.- Las estadísticas. Que por primera vez en este país existiera información sobre qué pasaba en el mercado inmobiliario. Información y transparencia. Hasta ese momento, todos los días aparecía una empresa privada con cifras de todo tipo y yo puse coto. Firmé el convenio para que la estadística fuera única y estuviera centralizada. Ése es uno de los mejores aciertos de mi gestión. Ni la Ley de Suelo, ni el CTE, ni las políticas de alquiler en el Plan Estatal.

P.- ¿Qué recuerdo tiene de Solbes?

R.- Solbes tenía siempre la última palabra. Por ejemplo, para decir "no" a la deducción al alquiler. Desde el punto de vista presupuestario, muy bien: pasamos de 600 millones de euros a más de 1.000. Ahora bien, otras medidas fiscales que en mi opinión se tenían que haber adoptado no se adoptaron. Por ejemplo, ahora todos los medios hablan del IVA del 4% para la VPO que yo ya planteé en 2004. La respuesta entonces fue que eso no se podía hacer.

P.- Califique el trabajo de la actual ministra del ramo, Beatriz Corredor.

R.- No opino.

P.- Un consejo que le daría.

R.- Ninguno. Ahora es más fácil y mejor momento para ser ministra.

P.- Si Zapatero le volviera a llamar para dirigir el Ministerio de Vivienda, ¿cuál sería su respuesta?

R.- Esto es imposible desde el punto de vista político. Es inviable. Pero si eso ocurriera, no me veo en una cosa en la que ya he estado. Ni por supuesto dirigiendo la misma política. No me veo ni en el mismo Ministerio en el que estaba ni en el Gobierno. Ahora tengo otras satisfacciones y otras apetencias. Todos somos prescindibles.

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El BdE castiga a las entidades que se quedan inmuebles
El País - 26 de octubre de 2009
 
 
El regulador obliga a doblar la provisión si se aceptan propiedades como pago

La situación financiera se complica trimestre a trimestre. El Banco de España ha decidido incrementar la presión sobre las entidades al elevar del 10% al 20% del valor de tasación las provisiones (el colchón con el que se hace frente a la morosidad) con que deben contar cuando haya transcurrido un año desde que aceptaron un inmueble como pago de una deuda, según fuentes del mercado. Hasta ahora, sólo cargaban contra la cuenta de resultados el 10% de la tasación de pisos, promociones, naves industriales o suelo.

Con esta medida, que entrará en vigor en unas semanas, se obliga a tasar de nuevo parte de la cartera, lo que depreciará su valor y evitará que bancos y cajas tengan activos dentro de los balances a un precio superior al de mercado. Ejecutivos del sector entienden que la medida es un toque de atención para que no se abuse de la aceptación de inmuebles como pago de créditos y creen que podría frenar las ya escasas compraventas en el sector del ladrillo.

Algunos banqueros se han acordado del reciente informe de la agencia de calificación Moody's, que acusó al sector de retrasar el reconocimiento de la depreciación de activos inmobiliarios morosos, aunque siguen considerándolo injusto e impreciso. La medida afectará sobre todo a las compras de suelo, los activos más depreciados.

Menor valor contable

En la práctica, este sistema supone que si, por ejemplo, un edificio está valorado en los libros de la empresa que tiene la deuda en 100 millones, normalmente una entidad financiera lo comprará por 80. Al adquirirlo, debe cargar ocho millones como provisión (por deterioro del valor de los activos) y al cabo de un año, otros ocho (como deterioro de activos no financieros). Automáticamente el valor contable del edificio en el balance de la entidad será de 64 millones. Si al venderlo recibe más, recuperará lo provisionado.

¿Cuánto puede suponer esta obligación? Es difícil concretarlo porque algunas entidades ya provisionan el 20% como medida preventiva. Según cálculos de los expertos, entre diciembre de 2007 y junio de 2009, las cajas han adquirido activos por 26.000 millones y los bancos cotizados, por unos 10.000 millones. Un 10% adicional supondría que esta medida eleva las provisiones en unos 3.600 millones, sobre todo para las cajas, que son las que menos capacidad tienen de generar recursos.

Esta nueva obligación no llegará con un cambio de la normativa, sino como una nueva directriz de la división de Supervisión del Banco de España, que lo comunicará a las entidades. La primera consecuencia de este movimiento será el incremento de las provisiones de las entidades en este ejercicio para que estén preparadas para 2010, calificado como "el ejercicio más difícil de las crisis para el sector", según fuentes de Caja Madrid.

Elevar las provisiones supone reforzar una entidad financiera a costa de reducir el beneficio. La medida, cuyo efecto se irá notando mes a mes, pondrá en evidencia a entidades que se resisten a fusionarse, al dejar claro que no tienen fortaleza suficiente para seguir en solitario en una crisis como la actual.

El supervisor ha transmitido al sector que todas las provisiones que se hagan ahora pueden ser pocas si se confirman sus propios augurios: caída del margen y del volumen negocio mientras sube la morosidad por efecto del paro y de la caída del mercado inmobiliario. Algunos expertos vaticinan un descenso del 50% de los beneficios en las entidades medianas y pequeñas, sobre todo cajas, al cierre de 2009.

Por otro lado, con esta operación el Banco de España está compensando un giro que dio en julio pasado. Entonces redujo las exigencias de las provisiones en un 50% aproximadamente. El supervisor, que se resistió a tomar esta medida, no tenía más remedio que hacerlo, ya que equiparó la normativa española con criterios más comunes en el resto de Europa. A través de la conocida como carta Roldán (en alusión al director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán), consideraba que las viviendas terminadas y los locales polivalentes (oficinas o comercios) tenían un valor residual del 70% sobre el valor de tasación.

Hasta ese momento, el valor residual era cero, por lo que las entidades tenían que cargar contra beneficios el 100% del valor de un piso utilizado como garantía de un crédito hipotecario.

Esta medida tuvo efecto en los préstamos que superaron el 80% del valor de tasación, los que más morosidad están generando y, por tanto, también los que necesitan más provisiones. El Banco de España aprovechó este movimiento para endurecer las condiciones de los préstamos al consumo, muy castigados por los impagados, a los que exigió más cargas para prepararse ante la futura morosidad.

El último informe de la agencia norteamericana Moody's decía que bancos y cajas están "retrasando el reconocimiento de activos morosos, a través de acuerdos de reestructuración de deuda" potencialmente dudosa, incluso frenando la morosidad con compras de viviendas impagadas o de promociones enteras, una práctica "cada vez más frecuente". "Numerosas entidades parecen evitar la magnitud real del deterioro de los activos en sus cuentas, lo que podría provocar que persista la debilidad del sector bancario, a menos que se haga frente a ese asunto con mayor decisión", destacó la agencia.

El impacto de la recesión y el pinchazo inmobiliario, en especial del crédito a promotores, obligan a la banca a hacer provisiones de 57.000 millones de euros adicionales, para hacer frente a un deterioro de activos de 108.000 millones. El agujero irá saliendo a lo largo de una crisis que podría alargarse cinco años, según Moody's. En el peor escenario, las pérdidas estimadas se disparan a 225.000 millones.

"En el último año, la presión sobre los bancos españoles se ha ampliado", aseguró Maria Cabanyes, analista de Moody's. Eso supone un deterioro de la calidad crediticia, el debilitamiento de los colchones existentes para evitar nuevas pérdidas y una situación complicada en los mercados de financiación. Moody's aventura incluso que "un número significativo" de entidades entrará en pérdidas en los próximos trimestres.

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Un juez aplica la Ley de Usura de 1908 para anular hipoteca
lasprovincias.es - 26 de octubre de 2009
 
una hipoteca con un 511% de interés. La Audiencia de Alicante falla a favor de una pareja sueca de Torrevieja al invalidar la operación suscrita con la empresa de refinanciación de deuda

La Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado una sentencia que anula la hipoteca, la escritura de reconocimiento de deuda y las letras de cambio suscritas por los propietarios de una vivienda con una empresa de refinanciación de deuda. La novedad del caso es que el juez ha recurrido a la Ley de Represión de la Usura, vigente desde el año 1908, al considerar abusivo el interés nominal que debían pagar los afectados, cifrado en un 511%.

El fallo judicial ratifica la primera sentencia condenatoria, dictada por el juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante el 14 de noviembre de 2008, contra la empresa refinanciadora de deuda VG Productos Crediticios S.L. y contra el inversor privado que compró el crédito, Eugenio Mongé Canal. Ambos demandados recurrieron la sentencia, que fue ratificada el pasado 19 de junio por la Audiencia de Alicante y ante la que ya no cabe recurso, según la información facilitada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (Adicae). Los afectados son una pareja de trabajadores suecos y su hijo mayor, que vivían en un pequeño bungalow de Torrevieja. Los demandantes responden a las iniciales T.C.E.V. y F.A.R.E. La pareja tenía dos hipotecas con una entidad bancaria a las que no podían hacer frente, varios pagos atrasados del crédito del coche, además de las deudas acumuladas por el hijo mayor. En total, 16.675 euros.

Agobiados por las deudas, contactan con VG Productos Crediticios. La empresa les ofrece cancelar el crédito hipotecario suscrito y sustituirlo por otro con cuotas inferiores, así como darles un préstamo por valor de 16.675 euros para evitar que aparezcan en los registros de morosos. Según Adicae, la empresa refinanciadora de deuda se compromete a sustituir, en un plazo máximo de dos meses, las dos hipotecas antiguas a 15 años por una única a 30 ó 40 años. Entretanto, asumen los pagos pendientes con el banco, con la financiera del coche e, incluso, las deudas acumuladas en la tarjeta de crédito.

Los propietarios y VG Productos Crediticios acuden a una notaría en Alicante para autorizar la cancelación de la deuda por valor de 16.675 euros. Sin embargo, según explica Carlos Javier Zarco, delegado de Adicae en Alicante, «lo que realmente firmaron fue una escritura de reconocimiento de deuda como que debían 60.000 euros a VG Productos Crediticios, además de dos letras de cambio por otros 60.000 euros. Asimismo, firman en una cafetería una cesión de crédito por la que cedían todo a un inversor privado, con el argumento de que ello facilitaría la gestión de la nueva hipoteca».

Transcurren dos meses, comienzan a desaparecer las deudas pero la refinanciadora no tramita la nueva hipoteca. Ante la falta de respuestas, la pareja sueca consigue una copia de la escritura que firmaron y descubren que lo que realmente han suscrito es un reconocimiento de deuda por valor de 60.000 euros. Además, pocos días después reciben una demanda de ejecución hipotecaria en la que se les exige el pago de esa cantidad adeudada o su vivienda saldrá a subasta.

Ley en vigor

Es entonces cuando los afectados deciden buscar el asesoramiento de Adicae. La asociación interpone una demanda en el juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante contra la empresa de refinanciación de deuda y contra el inversor privado que adquirió el crédito. La sentencia, con fecha de 14 de noviembre del año 2008, condena a la empresa aplicando la Ley de Represión de la Usura, una norma legislativa aprobada en el año 1908 y que, según Carlos Javier Zarco, «no ha sido derogada ni completada por otros normas posteriores, aunque sí se cita en la ley de defensa del consumidor».

Según el delegado de Adicae, el fallo judicial entiende que existe usura dado que «la empresa pide 16.000 euros y seis meses después reclama 60.000 euros, lo que supone un interés nominal del 511% cuando ahora está en el 1% y en aquel momento rondaba el 4%». El juez entiende que el préstamo se firmó sin que la empresa refinanciadora informase a los interesados de cuál era su finalidad, aprovechándose del desconocimiento de la legislación española por parte de los afectados suecos y de su complicada situación económica.

La sentencia fue recurrida por los demandados, pero la Audiencia Provincial de Alicante la ratificó el pasado 19 de junio. El fallo considera nulo de pleno derecho la escritura de reconocimiento de deuda, las letras de cambio y la tercera hipoteca.

El delegado de Adicae en la provincia de Alicante explica que «la sentencia judicial entiende que se ha producido usura debido a que el interés que se pretendía cobrar sobrepasa manifiestamente el interés nominal normal. La intención de la empresa refinanciadora era, al parecer, aprovecharse de la angustia, de la desesperación y de la ignorancia de sus clientes».

Carlos Javier Zarco considera que esta sentencia es firme, ya que contra ella ya no cabe recurso alguno, salvo uno de carácter extraordinario por infracción procesal, «algo que en este caso no se ha producido».

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Jueces empiezan a limitar uso de vivienda en los divorcios
El País - 02 de noviembre de 2009
 
 
Varias sentencias advierten de que la mujer no podrá seguir habitándola siempre

Las sentencias de separación y divorcio que se dictan en España empiezan a dejar de ser monolíticas al atribuir el uso del domicilio familiar. En los últimos dos años diversas resoluciones limitan el tiempo que la madre podrá habitar la casa y ya se advierte de que, acabado ese plazo, habrá de venderse.

De esa manera, se evita el desequilibrio económico en perjuicio del hombre que ocurre ahora en casi todas las rupturas, en que el uso de la vivienda se atribuye prácticamente siempre a la mujer porque también se le concede a ella la custodia de los hijos. Y él ha de seguir pagando la mitad de la hipoteca de una vivienda que no se sabe cuándo ni cómo recuperará. Hasta hace poco más de un año, además, el hombre no podía desgravar por esa hipoteca y ella sí. Y a la hora de la declaración de la renta Hacienda no permitía aplicar la exención por reinversión si la casa se vendía y él gastaba ese dinero en otra.

Con la liquidación del patrimonio, sean bienes gananciales o separación de bienes, un cónyuge puede adquirir su mitad de la vivienda al otro -si la compraron a medias- o puede venderse a un tercero y repartirse entre ambos su precio.

La liquidación de los bienes tras el divorcio se aplica en la mayoría de países de nuestro entorno, pero la sentencia al uso que se dicta en España establece casi siempre un pack en la atribución del uso de la vivienda para la mujer, la custodia de los hijos y la pensión de alimentos. Como en la mayoría de los casos el hombre ha de seguir pagando la mitad de aquella hipoteca, acaba viviendo de alquiler, o incluso vuelve con sus padres por falta de medios.

"Muchas veces se mezcla a los niños con los ladrillos y eso no es bueno", explica Isidro Niñerola, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, quien se felicita por esas sentencias novedosas que están empezando a dictar los jueces.

Una de ellas la acordó la magistrada Margarita Pérez-Salazar, titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Pamplona, especializada en derecho de familia. Se trataba de una pareja de hecho que residía en una vivienda de protección oficial que compró el hombre. Tenían un niño pequeño y la juez le atribuyó a la mujer el uso del piso durante cuatro años, tiempo que se estimó suficiente para que ella volviera a trabajar a jornada completa y él recuperase la casa. La mujer recurrió y la Audiencia Provincial de Navarra revocó la sentencia.

"Mi audiencia es muy reacia a limitar el uso de la vivienda, pero yo creo que la tendencia irá cambiando con el tiempo porque la realidad social es distinta a la de hace 20 años y si muchas mujeres tienen la misma independencia económica que el hombre eso se ha de reflejar en la sentencia", dice la juez.

"Los hijos justifican la atribución del uso de la vivienda a la madre, pero hasta cierto punto. La tranquilidad del conjunto de la familia también es importante y la vivienda juega un papel fundamental para lograrla", añade Pérez-Salazar.

Otra de esas sentencias novedosas la dictó el pasado mes de abril la Audiencia Provincial de Valencia al resolver un caso singular. Se trata de un divorcio en el que el hombre tiene la custodia de la hija, pero al que no se le atribuyó el uso de la vivienda ni él lo pidió, por lo que la madre siguió viviendo en la casa. Ahora el tribunal prolonga esa situación durante un plazo máximo de dos años e insta a la pareja a liquidar la sociedad de bienes gananciales que tuvieron. "No es automática la atribución del domicilio al progenitor custodio, aunque es regla general y cabe el acuerdo en contra de otorgarlo al progenitor no custodio", explica el tribunal.

"Usted vivía en una casa que no era suya"

La atribución del uso de la casa beneficia a la mujer tras la ruptura, pero con el tiempo se le acaba volviendo en contra. Y es que cuando se independizan los hijos, la ley permite al hombre reclamar la división de la cosa común. O sea, que le pague su parte de lo que valga si quiere seguir habitándola y si no, que la casa salga a subasta.

A las asociaciones de divorciados llegan decenas de casos de mujeres que a los 55 o a los 60 años acaban en la calle, igual que en su día les ocurrió a ellos. "Al liquidar los bienes se producen situaciones muy penosas", explica la juez Margarita Pérez-Salazar. "Usted vivía en esa casa, pero no era suya, señora", ha tenido que recordar en más de una ocasión a las afectadas.

Cada vez son más los juristas que exigen una reforma del artículo 96 del Código Civil, el que permite a las mujeres quedarse con el uso de la vivienda. El tercer encuentro de magistrados y de asociaciones de abogados de familia celebrado en Madrid en 2008 reclamó una reforma legal que permitiera el uso de la casa familiar con unos plazos máximos y una alternancia entre los ex cónyuges a la espera de la liquidación de los bienes. Nadie les escuchó.

Con todo, de vez en cuando hay jueces que interpretan la ley de otra manera. En marzo de 2007 el Juzgado de Primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria atribuyó el uso de la vivienda a una mujer durante dos años, dejando claro que después saldría a la venta. La afectada recurrió, pero la Audiencia Provincial, en otra sentencia de junio de 2008, insistió en la limitación del uso de la vivienda, aunque lo aumentó a tres años. "No es cierto que el artículo 96 cree un derecho ilimitado a favor del progenitor custodio y los hijos menores", dijo la Audiencia de Las Palmas, antes de recordar una obviedad: "La realidad social, con la elevada carestía de las viviendas en la sociedad urbana moderna, obliga cada vez más a resoluciones judiciales para limitar ese derecho de uso".

El artículo 96 del Código Civil

- "En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden".

- "Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el juez resolverá lo procedente".

- "No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección".

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Llegan las primeras indemnizaciones por retrasos obras
expansion.com - 26 de octubre de 2009
 
 
Los afectados por el retraso en el inicio de las obras de su vivienda pueden reclamar que les devuelvan las cantidades entregadas más los intereses legales.

Así lo entiende el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona, que ha condenado a la aseguradora Vitalicio Seguros a devolver dinero e intereses a los compradores de varios inmuebles en Estepona (Málaga). Este auto es pionero ya que, si bien las demandas por la demora en la entrega de las viviendas son habituales, en esta ocasión, el fallo se produce por retrasos en el inicio.

Las cantidades obtenidas por los demandantes son bastante cuantiosas y oscilan entre los 70.000 y 276.000 euros. Este caso puede sentar precedente, de manera que aquellas personas perjudicadas por el retraso en el inicio de sus obras puedan recuperar su dinero. Según Dimas Cuesta, socio de Lexland Abogados en Marbella, “para reclamar únicamente deben aportar la póliza de seguro y un documento fehaciente que acredite el no inicio de la obra dentro del plazo convenido”.

Los hechos a los que se refiere el auto atañen a unos ciudadanos británicos que compraron una vivienda en la Promoción Valle Romano de Estepona que promovía Comercio del Estrecho. Los inmuebles, que se ofrecían a través de un intermediario a socios y empleados de clubes de la liga de fútbol británica, sufrieron un retraso de 12 meses en el inicio de sus obras, aunque, según Lexland, “no es necesario que la demora sea tan extensa para poder iniciar el proceso”.

Los compradores firmaron un contrato en el que se especificaba una fecha de inicio de las obras en la primavera de 2007. Sin embargo, la parte demandante ha aportado documentos en los que se demuestra que el desbroce y limpieza de la parcela no se produjo hasta junio de 2008, esto es, doce meses más tarde. La aseguradora interpuso varias cuestiones prejudiciales y se opuso al auto de ejecución.

La resolución judicial da respuesta así a una situación que empieza a ser habitual en el sector, como es el retraso en el inicio de la construcción de pisos, origen también de muchas de las reclamaciones en materia de vivienda que llegan a las asociaciones de consumidores.

Durante el boom inmobiliario eran habituales las demandas por el retraso de finalización de las obras, pero la crisis ha recuperado la posibilidad, prevista en la ley, pero no explorada, de reclamar por la demora en el inicio. Todo ello, en el caso de ciudadanos que compraron pisos por un valor un 25% superior al que pagarían hoy.

Los afectados se dirigieron primero a la promotora para que les devolviera lo que pagaron –en torno al 20% del precio total– más intereses y, al no obtener respuesta, demandaron a la aseguradora. Sin embargo, no han pedido daños y perjuicios ya que, a diferencia de cuando se produce el retraso en la entrega, no podían alegar lucro cesante por demora en el disfrute del inmueble.

Las pólizas de afianzamiento se rigen por la Ley 57/1968 de 27 de julio reguladora de las percepciones de cantidades entregadas a cuenta por los compradores. A su vez, las pólizas ejecutadas son un contrato de caución definido por el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro de 1980 que establece que el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad, los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites establecidos por la ley o contrato.

Para hacer efectiva esta garantía, se impone al promotor la obligación de constituir el seguro de caución y, para aquellos casos en los que no se haga efectiva la garantía de forma voluntaria, el artículo 3 de la Ley 57/68 prevé que sirva como título ejecutivo, la póliza junto al documento que acredite la no iniciación de las obras: “Expirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que uno u otra hayan tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas con el 6% del interés anual, o conceder al cedente prórroga...”.

De esta forma, concluye el auto: “El contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo [...] para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que el cesionario tuviera derecho”.

Efectos de la crisis en las estrategias de defensa La crisis agudiza las estrategias de defensa. El que un gran número de personas dejen de pagar las cuotas de sus hipotecas conduce a un incremento de los procedimientos judiciales instados principalmente por entidades financieras para la ejecución de la garantía hipotecaria.

Pero también es posible iniciar un procedimiento de ejecución ordinario, no tan rápido y ágil, dirigido contra todos los bienes del deudor con el fin de embargarlos y subastarlos. Dos autos han admitido que un acreedor se dirija en un mismo procedimiento judicial contra la finca hipotecada, siguiendo los trámites del juicio hipotecario y, a la vez, que se embarguen otros bienes del deudor hipotecario y, si los hay, de otros deudores como los fiadores.

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PSOE y ERC acuerdan endurecer penas para delitos corrupción
lavanguardia.es - 28 de octubre de 2009
 
La moción planteada en el Congreso contempla además incrementar los controles en el sistema de financiación de los partidos políticos

Los grupos parlamentarios del PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya han alcanzado este martes un acuerdo para endurecer las penas para delitos de corrupción pública y privada, así como incrementar los controles y la transparencia en el sistema de financiación de los partidos políticos.

Este acuerdo se ha reflejado en una moción planteada en el Congreso de los Diputados, consecuencia de una interpelación inicial de Esquerra Republicana de Catalunya, que tras el acuerdo alcanzado con los socialistas se ha transformado en una propuesta conjunta para instar al Gobierno a que en la próxima reforma del Código Penal aumente las penas y los delitos relacionados con la corrupción.

Ya el pasado 14 de octubre, durante el debate de la interpelación de ERC, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó en el Congreso que la reforma del Código Penal, que será remitida a las Cortes en las próximas semanas, ya incluye una serie de medidas para endurecer las penas para delitos de corrupción política.

La moción hace "un llamamiento" a los partidos políticos para que cumplan escrupulosamente los pactos suscritos con el fin de fomentar la transparencia y el control de los representantes políticos e institucionales y perseguir una "actuación ética y de buen gobierno".

Abordar la modificación de la Ley de Financiación de los Partidos

En este sentido, PSOE y ERC instan al Ejecutivo a abordar la modificación de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para impedir que puedan aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones de empresas privadas, subcontratadas o fundaciones que presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas.

Igualmente, el texto aboga por evitar que las formaciones políticas puedan suscribir convenios de colaboración que impliquen aportaciones económicas de fundaciones privadas, asociaciones u otras entidades que reciben subvenciones públicas o en cuyo presupuesto haya aportaciones públicas.

En materia de financiación, el texto pactado por PSOE y ERC pide al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que el pasado mes de mayo publicó un informe en el que se pidió a España "sancionar más duramente" las infracciones relativas a la corrupción y al tráfico de influencias.

Entre esas recomendaciones se pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilizan para eludir las normas de financiación, aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de partidos y entidades relacionadas con ellos, establecer un formato común para las cuentas de las formaciones políticas y mejorar los sistemas de auditoría interna.

Además, la propuesta pide que se impulse un Pacto de Estado para la contención y disminución del gasto electoral y se incremente más de lo previsto en los Presupuestos Generales para 2010 los recursos financieros y humanos del Tribunal de Cuentas.

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IU pide inhabilitar 30 años a los cargos corruptos
Publico.es - 05 de noviembre de 2009
 
La federación exige que se persiga a bancos y cajas que sean cómplices de los delitos

Con la corrupción, ocurre que el PSOE dispara al PP y el PP dispara al PSOE. IU dispara a los dos. Ayer, el coordinador federal, Cayo Lara, combinó el látigo –acusó a los dos partidos de fomentar un modelo de desarrollo basado en la especulación– y la propuesta. Presentó un plan con 20 medidas para atajar la corrupción. Entre ellas, ampliar hasta 30 años el castigo de inhabilitación para los cargos políticos condenados por corrupción o perseguir a bancos y cajas cómplices de este delito.

Como solemnizó Lara, “no se debe dejar pasar de largo la corrupción”, porque esta “amenaza a la democracia” y ha despertado la “ira de los ciudadanos”. Hay que impedir que cale la “desafección” hacia la política, dijo, y empujar hacia un pacto de todos los partidos contra la corrupción. Por eso, el borrador presentado ayer se llevará al Congreso.

La federación exige penas de cárcel más altas y que crezcan las de inhabilitación, hasta llegar a 30 años. Hoy día, una autoridad puede ser apartada de la función pública hasta 15 años en el caso más grave de cohecho. IU plantea limitar los regalos a políticos y dotar de más medios a la Justicia, para que sea más ágil. Defiende que se recoja la responsabilidad subsidiaria, civil o penal, de las entidades financieras “que colaboren con la ocultación de bienes, evasión de capitales y operaciones en paraísos fiscales” de los culpables de corrupción.

Para IU, es fundamental potenciar la transparencia de las administraciones. Así, reclama que los sindicatos o, en su caso, las asociaciones de vecinos, puedan vigilar las adjudicaciones públicas.

Apoyo al alcalde de Seseña

El plan propone reformar varias leyes (la de financiación de partidos, la de contratos públicos, la de haciendas locales, la del suelo, la electoral), regular “con criterios de austeridad” los sueldos de cargos públicos y restringir a éstos su régimen de compatibilidad de actividades.

Lara aludió a la condena al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de IU, por calumniar al constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero, hecha pública anteayer. “Es la sentencia del silencio, pero no nos vamos a callar”, avisó.

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La generación 'peter pan' está hipotecada
El País - 26 de octubre de 2009
 
 
España tiene casi 8 millones de treintañeros, nacidos al final del 'baby boom' - Están desencantados y altamente endeudados - Son consumistas y buscan en el ocio la nostalgia de su infancia

En Estados Unidos se les bautizó como kidults -del inglés kid (niño) y adult (adulto)-. En Latinoamérica optaron por un juego de palabras en español, adultescentes, por la unión de adulto y adolescente. Y en España los sociólogos prefieren definirles como treintañeros bajo el síndrome de Peter Pan, mientras que los expertos en mercadotecnia les llaman Generación X. Constituyen, según los últimos datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística, el segmento de población mayoritario en España, con casi ocho millones de personas y, en consecuencia, representan una bolsa ingente de consumidores.

Son los últimos hijos del baby boom de los setenta y, en general, todos responden a los mismos patrones. Constituían la generación mejor preparada pero que se ha dado de bruces con un mundo que ha cambiado repentinamente ante sus narices. Ahora deben construirse una nueva realidad y piensan, quizá con razón, que ya están llegando tarde. Son unos jóvenes que rompieron esquemas, abrieron nuevos caminos a base de luchas sociales y, de golpe, se ven amarrados a una hipoteca o, por el contrario, tienen que regresar al nido familiar, a esa casa de la que ansiaban emanciparse. En definitiva, un final de trayecto infernal. Y se dicen: "Yo no entiendo nada".

El único refugio que les queda ahora es su retorno a la etapa juvenil. Pero como retroceder en el tiempo se antoja imposible, mantienen las mismas actitudes y formas de ocio que entonces. Por eso se les llama kidults, adultescentes o Peter Pan.

El problema de los treintañeros arranca -y nunca mejor dicho- de su pecado original: su propio tamaño generacional. No es que nacieran muchos: nacieron demasiados. La tasa de fecundidad alcanzó los 2,8 hijos por mujer fértil. Este estigma les ha marcado desde entonces: masificaron las aulas de las escuelas, después las del instituto, las de la Universidad y, una vez con el título debajo del brazo, las colas de demanda de empleo y las oficinas del paro.

El sociólogo Enrique Gil Calvo apunta que, además de su peso demográfico, los treintañeros heredaron el objetivo de emanciparse con un piso de propiedad, una cultura enraizada en España e Italia, pero no en el norte de Europa, donde el propio Estado promueve y subvenciona el alquiler. "Aquí el Estado del bienestar sólo se entiende para la gente mayor, en ningún caso para los jóvenes", abunda Pau Miret, sociólogo del Centro de Estudios Demográficos. "Y en España las presiones para comprar una vivienda eran muy fuertes y constantes", agrega. El porcentaje de vivienda en propiedad en España se sitúa en el 92% frente al 6% de alquiler.

Pero ¿cómo comprar una vivienda con un contrato temporal y sin estabilidad laboral? La Generación X fue la primera que firmó hipotecas a 35 y 40 años vista. "Se hipotecaban no sólo por el hecho de comprar un piso, sino porque significaba comprarse la emancipación que ansía todo joven. Y los bancos se aprovecharon de este efecto llamada", resume Lorenzo Navarrete, decano del Colegio de Sociólogos de Madrid. A esta presión familiar y social -"con un alquiler estás tirando el dinero", les recriminaban- se sumó la bajada de los tipos de interés y unas entidades financieras que les recibieron con los brazos abiertos.

Sin embargo, su situación se asemeja a la del pez que se muerde la cola. El primer pilar para la transición al mundo adulto es el mercado laboral, porque supone la base para el resto de transiciones. Es decir, la compra de la vivienda, la creación de una familia y los hijos. Pero si el primer pilar no es lo suficientemente sólido o se resquebraja, se hunde el resto y con ello, incluso, la trayectoria vital. De ahí que la edad de emancipación en España se sitúe entre las menores de Europa, en el 45,6% del total de jóvenes. "Poco a poco se multiplica el efecto porque hasta que no consiguen el capital para dar la entrada del piso o un contrato estable van aplazando su salida de casa. Pero continúan pensando que la compra de una vivienda es la mejor inversión, incluso como apuesta biográfica, porque el título universitario no basta", insiste Gil Calvo, que denomina a este grupo Generación H, por la hipoteca. Un informe de Estados Unidos evidencia que los treintañeros representan la primera generación que, en términos relativos, gana menos que la de sus propios padres.

"Es la primera generación en la historia de la humanidad que no ha tenido que hacer lo que hacían sus padres. Y esto crea incertidumbre. Además, les ha fallado el tótem de la vivienda", comenta Gerard Costa, profesor de Marketing Social de la escuela de negocios Esade. Y Navarrete, de acuerdo con este análisis, apunta otra frustración: "Se pelearon por todos y con todo el mundo y, en muchas ocasiones, tiraron la toalla para poder irse. Y ahora casi no disfrutan de esas conquistas sociales que ellos consiguieron. Es una generación a la que debemos mucho y ellos, a su vez, también deben mucho, pero a los bancos".

Este turbulento contexto ha creado, según la mayoría de sociólogos, una generación desencantada, desorientada, perpleja, aplastada, con sensación de pesadez, con enormes y constantes dudas porque el mapa de rutas que trazaron sus padres ya no les sirve y han de orientarse con uno nuevo en blanco y con unos valores diferentes. "Es una generación desencantada, que no se ha adaptado, que podría romper pero no lo han hecho y esto comporta un desgaste. Pero yo el eje lo veo por las dudas ya que se han encontrado sin red de protección y tienen una sensación de oportunidad perdida", resume Gerard Costa.

Los treintañeros casados que buscan descendencia calcan, en su mayoría, esos parámetros de constantes dudas, considera Gil Calvo. ¿Sabré hacer bien de padre?, se preguntan. "Están atemorizados por hacerlo mal. Pero incapaces de imponer autoridad a los hijos optan por mimarles y por sobreprotegerles. Los protocolos de sus padres no les sirven y ahora carecen de manual de uso", comenta. Pero incluso en ellos -la pareja- se da una contradicción: culturalmente son transgresores y modernos pero sociopolíticamente conservadores. "Es una mezcla contradictoria y ambivalente", añade este sociólogo.

Ese conservadurismo se aprecia también en su inmovilismo laboral y en su visión del mundo del trabajo. Para sus padres el éxito y progreso profesional representaban una meta; en cambio, los treintañeros tienen otra escala de valores y dan mayor importancia a otra serie de elementos como el ocio y a colmar sus emociones. De ahí que, como subraya Costa "las empresas hayan entrado a degüello en este segmento de edad".

La eslóganes publicitarios de la tienda de muebles Ikea reflejan, con exactitud, la situación personal y el estado de ánimo de los treintañeros. "Donde caben dos, caben tres" no iba destinado a las parejas que querían ser padres sino a los treintañeros llamados boomerang, los que regresan a casa de sus padres después de una etapa frustrada y frustrante de emancipación. Y los hay en número. "Redecora tu vida", era un anzuelo para esta generación que no entiende nada perpetuo y desencantada, señala Pilar Alcázar, periodista y autora del libro Entre singles, dinkis, bobos y otras tribus, sobre las oportunidades de negocio destinadas a estos grupos de treintañeros. Y por fin, "La República independiente de tu casa", es sinómino de búsqueda de emancipación, incluso en el seno del hogar. También va dirigido a quienes viven solos. Y la Generación X es la más abundante. Según la última EPA, del tercer trimestre de 2009, en España hay 539.300 viviendas unifamiliares de personas activas en este segmento de edad.

El consumo de los treintañeros va ligado sobre todo al ocio entendido como retorno y nostalgia de la etapa juvenil, porque implica también un cambio de valores. "Antes estaba mal visto que una persona tuviese un punto infantil, le llamaban niñato, pero ahora es diferente", añade Alcázar. "Es un segmento más consumidor. Cuando era joven entrevió estas cosas, pero lo disfrutó con limitaciones. Ahora lo puede hacer con amplitud", incide Costa. Y Navarrete apunta su explicación sociológica: "El síndrome de Peter Pan es la garantía de mantener la equidistancia entre sentirse integrado y, al tiempo, también libre. Aun pensando ya como adultos conservan más actitudes y atributos juveniles. Una lucha contracultural". También es cierto que los términos juventud y juvenil se han estirado e incluyen a personas de 34 años que son y se sienten jóvenes.

Los estudios de mercado y, en definitiva, los hábitos consumistas de estos treintañeros no fallan. En Barcelona, por ejemplo, se han agotado las famosas muñecas Baby mocosete. No las han comprado los padres para sus hijos, sino la mamá para su disfrute. El pasado fin de semana, la película de dibujos animados Vicky el Vikingo batió record de taquilla. La mayoría de espectadores eran treintañeros con su prole. Lo mismo sucedió en 2005 con Mortadelo y Filemón. Los ejemplos se extienden a los musicales de Mecano, Abba o Queen. O a la reedición de filmes como Star Wars. O a los anuncios: la recuperación del espot en blanco y negro del gel Legrain-París y el "Anda, los donuts". Y cómo no, a la play station o el Scalextric.

"En cuanto al ocio son unos jóvenes que gastan mucho. Pero ahorran en cosas prácticas, porque no dejan que les tomen el pelo. Utilizan las compañías aéreas low cost o los outlet de ropa. Pero, en cambio, gastan mucho en satisfacer sus emociones y en caprichos", afirma Alcázar. Y Gerard Costa lo ejemplifica: "La figura de Jockey de Batman cuesta más de 200 euros y ha sido todo un éxito. Y los de Tim Burton se agotaron". El Baby mocosete supera también los 200 euros.

¿Y la jubilación?

España tiene una pirámide de edad embarazada, porque predominan los treintañeros que suman 7,9 millones de personas. De ellos, el 18% procede de la inmigración. La estadística del INE arroja un dato preocupante: el envejecimiento paulatino de la población y las repercusiones para los cuatro pilares del Estado del bienestar: las pensiones, el sistema nacional de salud, la educación y las ayudas sociales. De no aumentar el ritmo de nacimientos, España puede convertirse en un país de viejos y sin jóvenes que coticen a la Seguridad Social. Y además, la gente vive mucho más día a día.

Sin embargo, parece que este problema no inquieta sobremanera a los actuales treintañeros. Según una encuesta del grupo asegurador Caser, sólo el 46% de los entrevistados cree que la Seguridad Social -sanidad y pensiones- tendrá dificultades en el futuro, frente a una media total del 69%. El 11% cree que desaparecerá y el 35% que el Estado reducirá las prestaciones.

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Objetivo, impulsar la vivienda de alquiler
El País - 16 de noviembre de 2009
 
Un grupo de expertos plantea subsidiar las rentas libres y dejar de construir pisos públicos - La propiedad de las casas protegidas impide la movilidad laboral, pero el alquiler social apenas existe

La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo. Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?

Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.

El informe de Fedea hace hincapié en todos los males que acarrea un mercado inmobiliario arraigado en la propiedad: un excesivo endeudamiento de las familias, una baja movilidad laboral que impide que los trabajadores del sur se desplacen al norte, donde hay menos paro, o una tasa de emancipación muy baja en comparación con otros países. Según Fedea, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, cuando en Francia, Holanda y Reino Unido está proporción se mueve entre el 20% y el 22%.

Ahora bien, ¿por qué debe dejarse de construir VPP? El profesor de la London School of Economics y firmante del documento Luis Garicano sostiene que una primera razón es coyuntural. Con un stock de pisos que las estimaciones más conservadoras sitúan en un millón, levantar más pisos sociales supondrá "agravar" la crisis del sector. Pero hay más. "El principal motivo es el componente de lotería que tiene una vivienda pública, además del fraude que hay en las adjudicaciones. A quien le toca uno de estos pisos recibe una subvención enorme, mientras que otros se quedan sin nada", afirma Garicano.

A su juicio, el Gobierno debe eliminar, primero, las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. A la vez, prosigue, el Ejecutivo debe poner las bases para fomentar el alquiler de precio de mercado, dejar de construir VPP y crear un sistema de ayudas para subvencionar parte de la renta a las familias que no puedan acceder a una vivienda. Son palabras mayores para un país de propietarios y donde la construcción de pisos públicos es una de las principales políticas sociales de la agenda de cualquier partido.

Desde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la respuesta es clara: se coincide en el fin, el fomento del alquiler, pero no en el método. El subsecretario de Vivienda, Marcos Vaquer, explica que, a raíz de la crisis inmobiliaria y de las nuevas medidas del Gobierno, los contratos de alquiler subieron un 18%, lo cual ha permitido que el arrendamiento haya pasado del 11% del parque de viviendas español al 13,2%. Y este incremento se da incluso en ciudades donde el mercado de alquiler era más amplio y en el que se temía que hubiera tocado techo, como Barcelona, donde uno de cada cuatro ciudadanos arrienda.

Vaquer asegura que el Ministerio apuesta por el alquiler. Ahora bien, también "por un parque amplio y estable de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. No hay país que carezca de él". En estados como Dinamarca, Francia, Austria o Suecia el alquiler social representa más del 15% de todas las casas, y eso que en algunos países las políticas de signo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 liquidaron parte de ese parque. En Holanda, los pisos protegidos que se arriendan suponen incluso el 35% del total.

En cualquier caso, Vaquer rechaza que la política de vivienda se base "al 100% en cheques". Una fórmula que también rechazan los sindicatos. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que "la vivienda es un derecho constitucional" que requiere "políticas activas y no simplemente regulaciones del mercado". Por ello, López defiende "patrimonios públicos de suelo" y más VPP. Fuentes de CC OO aseguran, por su parte, que basarse en el alquiler libre es inviable, puesto que la oferta es reducida y los precios todavía son muy altos.

Tampoco las inmobiliarias lo aceptan, puesto que temen que el efecto acabe siendo nulo, como ocurre con las desgravaciones por la compra de vivienda. Pedro Pérez, presidente del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, opina que hay que ir "con mucha cautela" con las ayudas permanentes. "Hay fórmulas alternativas mejores y más limpias que estas subvenciones", sostiene.

Sin embargo, Pérez admite que la obtención de un piso protegido en propiedad sí es una lotería. "Resulta una política poco ponderada: o accedes a una vivienda en propiedad o bien te quedas sin tus necesidades resueltas", añade. La propiedad de la VPP plantea, además, otro debate: el de la inequidad.

Los detractores de la vivienda protegida de compra ponen siempre el mismo ejemplo: un joven de 24 años, por ejemplo, puede ser beneficiario de una VPP. Y este joven, al cabo de tres años, puede conseguir un buen empleo. Incluso puede ser directivo de una empresa al cabo de otros tres. Y no tendrá la obligación de devolver su piso a pesar de que ya puede acceder al mercado libre. En cambio, en el mismo concurso se habrá presentado alguien sin recursos que transcurridos seis años se hallará en la misma situación. Y además, al cabo de unos años -por regla general, 30- el piso pondrá venderse a precio de mercado libre.

Para evitar que la subvención acabe siendo un negocio y tener un parque de VPP estable, la Generalitat decidió que los pisos en suelo público sean protegidos durante 90 años. La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, rebate, además, el argumento de la inequidad. "Los veinteañeros no son el perfil de los que buscan un piso protegido de propiedad, entre otras cosas porque la mayoría no tiene los ingresos necesarios para comprarlo. Estamos viendo que la mayoría de los que tienen entre 22 y 30 años nos está pidiendo alquiler", asegura Trilla, que opina que la política de vivienda debe ser el resultado de usar "todos los instrumentos disponibles".

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que también firma el documento de Fedea, rechaza la VPP de compra, pero no se opone a un parque público de vivienda de alquiler. "Lo ideal sería que los subsidios al alquiler funcionaran bien, pero el problema es que pueden ser inflacionistas", indica.

Ahí está el ejemplo de las ayudas al alquiler para jóvenes, de 210 euros, que en algunos casos supusieron que los alquileres se encarecieran porque el propietario sabía que el inquilino iba a disponer de más recursos. Luis Garicano, no obstante, no cree que ese sea ahora el problema más acuciante. "Puede ser un revulsivo. Imaginemos que una ayuda de 120 euros se reparte a partes iguales entre arrendador y arrendatario. Es una forma de ayudar a la oferta y a la demanda", asegura.

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La transición inmobiliaria en España
El País - 26 de octubre de 2009
 
Si las cosas se hacen bien, dentro de una década el sector inmobiliario español será muy diferente de como ha sido en la precedente. Si se hacen mal o no se hace lo que hay que hacer, será similar a lo que es hoy, y mantendrá los mismos defectos que se han vivido en el último ciclo. En estos momentos, pocos reconocerán en el panorama inmobiliario de nuestro país al boyante sector que existía hace tan sólo dos años, que ya convivía con las numerosas señales (no tan prematuras) de entonces.

El desplome de la actividad, el exceso de viviendas terminadas en venta, la saturación inmobiliaria en zonas inverosímiles, la escasez de vivienda en alquiler y los titubeos y contradicciones de la vivienda protegida marcan fuertemente una situación en la que coexisten varios tipos de agentes de la máxima relevancia para el dinamismo económico español y la satisfacción de las aspiraciones a una vivienda de los nuevos hogares que no dejan de formarse: los promotores, las entidades crediticias y los gobiernos, central, autonómicos y locales.

El delirante desarrollo inmobiliario español de los últimos años no debe llevarnos, sin embargo, a dejar de ver algunos elementos de primera magnitud que, sin duda, estarán en la base del nuevo modelo inmobiliario que se forje en los próximos años. Las compañías constructoras españolas han proporcionado viviendas de calidad a millones de hogares que no han dudado en adquirirlas a pares dadas las cómodas condiciones financieras que han prevalecido desde la creación del euro hasta 2006. Por otra parte, la actividad residencial y la obra pública han hecho surgir verdaderas empresas globales en el sector. Una buena media docena de las más importantes del mundo son españolas. Muchos profesionales, pequeñas, medianas y grandes compañías de la construcción y la promoción de viviendas han hecho bien y muy bien su trabajo durante estos años, aunque no todos, obviamente.

Pero una especulación desaforada, un uso más que indebido de la potestad para calificar suelos por parte de las autoridades locales (mal capacitadas para comprender el problema inmobiliario y peor servidas por un pésimo sistema de financiación) y la falta de una inteligencia estratégica adecuada sobre la evolución del sector se han combinado con otras causas (baratura de la financiación y presión de la demanda) para producir un descomunal problema de asignación de recursos que ha acabado reproduciendo en España los síntomas de las hipotecas basura, cuando no las habíamos adquirido, adelantando el hundimiento del mercado de trabajo y profundizando el ciclo de la actividad.

Durante los próximos años no podremos crecer sobre la base de un sector de la construcción (e industrias y servicios asociados, que son muchos) que tendrá que reinventarse. De la misma forma, habrá que reinventar los circuitos de asignación de recursos financieros y productivos hacia nuevas actividades. El capital, especialmente, deberá abandonar proyectos arriesgados como los inmobiliarios para aliarse con los de alta tecnología, fabricación avanzada o servicios de tercera generación. ¡Vaya paradoja para lo que hasta hace poco denominábamos "capital riesgo"!

Con todo, el sector inmobiliario y de la construcción residencial tendrá que hacer una transición dolorosa hacia un nuevo modelo, al igual que las entidades financieras, demasiado implicadas todavía en una digestión lenta y pesada. Es obvio que las nuevas condiciones del mercado de la vivienda obligan a una política de vivienda diferente tanto a escala nacional como regional y local.

Con más de un 85% de los hogares residiendo en viviendas de propiedad y el mayor parque de viviendas por habitante de Europa, España es una isla en el mercado inmobiliario continental. Pueden achacarse algunas de estas peculiaridades a una cultura intrínseca española, como si los españoles fuéramos distintos, solamente en esto, del resto de los europeos. Pero parece más razonable intentar explicar el distinto comportamiento por aquellos factores que han forzado ese cambio, entre los que indudablemente se encuentra el muy distinto tratamiento fiscal de la vivienda según el método de acceso. Cuando una deducción permite ahorrarse prácticamente el 15% del coste de la vivienda, y solamente se puede acceder a dicha deducción comprando la vivienda habitual, lo lógico es demandar compra y no alquiler.

Parte de este enfoque comenzó a cambiar en 2004, con el anterior Plan de Vivienda, que abría la puerta a la promoción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler o en régimen de alquiler con opción a compra. Además, introducía deducciones por el alquiler, aunque sólo para una parte de la demanda, olvidando que el alquiler puede ser un régimen de acceso general a la vivienda, y no solamente un enfoque de política para satisfacer a aquellos que no pueden acceder de otro modo. En un contexto de mercado muy atomizado, las medidas se dirigían a la puesta en circulación de viviendas en manos de particulares y a mejorar la accesibilidad y la estabilidad de los inquilinos en el mercado de alquiler. Nacen, al albur de esta línea de actuación política, herramientas como la Sociedad Pública de Alquiler, una multiplicidad de agencias municipales de alquiler y bolsas jóvenes de alquiler, e incluso medidas de apoyo a inquilino y propietario a través del IRPF. Y en conjunto, las medidas parecen haber tenido éxito. Poco a poco, la tendencia al acceso a la vivienda a través de la propiedad muestra un ligero cambio, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

El contexto actual, no obstante, abre una oportunidad relevante para acelerar este proceso. Frente a lo que ocurría en 2004, cuando no existían grandes propietarios con viviendas y por tanto la política debía enfocarse hacia el oferente minorista, ahora existen grandes bolsas de viviendas en manos de unas pocas entidades. Sean éstas promotores o entidades financieras, podemos encontrar stocks de tamaño relevante sobre los que existen, solamente, dos opciones. La primera, ponerlos en el mercado a precio de saldo, corrigiendo el problema de accesibilidad a la vivienda, eso sí, pero generando otros dos problemas: pérdidas para las entidades financieras y las promotoras, que arrastran una caída adicional de precios y de empleo. La segunda consiste en intentar retirar estas viviendas del mercado de compra, trasladándolas hacia el alquiler.

Ciertamente, si la medida funcionase, supondría un cierto recorte adicional en la demanda de vivienda orientada hacia la compra, pero, a cambio, las ventas no serían forzadas y se mejoraría la accesibilidad a la vivienda en un contexto de confianza insuficiente para la compra por parte de las familias. Además, se posibilitaría la creación de grandes parques de alquiler que son la base para que pueda existir un mercado profesionalizado.

A partir de estos parques, que no tienen por qué ser públicos, se podrá generar una política de pago por uso por parte de las Administraciones, que recurrirían a ellos en función de la demanda de vivienda social. Por lo demás, la obtención de rentabilidades de mercado y la especial fiscalidad planteada para estos instrumentos facilitarían la creación de parques de alquiler utilizables a precios de un mercado en el que grandes entidades actuarían como compradores (frente a los promotores), como oferentes de alquiler (frente a los inquilinos) y como oferentes de vivienda en compra cuando consideren amortizada la inversión. Este modelo existe en todos los países de nuestro entorno. Son lo que aquí se llamarán SOCIMIS, pero en el mundo anglosajón se conoce como REIT (Real Estate Investment Trusts). Sólo es cuestión de copiarlo, y copiarlo bien.

Si entre los objetivos de la política de vivienda se encuentran el aumento del parque de vivienda en alquiler y el de reorientar la demanda de vivienda protegida hacia el alquiler, éstos habrían de lograrse contando con la enorme cantidad de viviendas ya existentes, pero a costa de una importante cesión por parte de todos los agentes implicados. Ello, sin embargo, aceleraría la transición hacia un nuevo modelo inmobiliario, en el que las empresas ofrezcan más servicios, con más opciones de acceso a la vivienda, con una mejor adaptación de ésta al ciclo vital de las familias, con nuevas oportunidades de inversión y con la posibilidad de promover una política de vivienda más adaptada a las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, un uso optimizado de los recursos públicos.

Necesitamos un nuevo modelo inmobiliario por la sencilla razón de que seguimos necesitando viviendas para que los nuevos hogares puedan desarrollar sus planes vitales y porque hay que desatascar la digestión de cientos de miles de viviendas destinadas a la compra por parte de unos hogares que no pueden comprarlas. Los promotores, las entidades crediticias y los gobiernos de todo nivel deben poner algo de esfuerzo, ceder un tanto en sus pretensiones y desarrollar más imaginación para crear los nuevos vehículos que facilitarán una transición inmobiliaria ineludible, pero no evidente.

Acelerar esta transición, finalmente, implica necesidades de financiación, en un contexto en el que es difícil conseguirla. Por ello, hay que preguntarse si dicha transición se realizará espontáneamente. Seguramente no, por lo que una actuación pública decidida para su impulso está más que indicada. Dejar pasar la oportunidad, en cambio, abocaría al sector inmobiliario a una nueva reencarnación que, a juzgar por los excesos de la presente, no será mejor.

José A. Herce es socio y director de Economía de Afi. Pep Ruiz es director de Análisis Inmobiliario de Afi.

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Un nuevo modelo exigiría un cambio histórico
El País - 28 de octubre de 2009
 
Se habla sin parar de la necesidad de cambiar el modelo productivo de nuestro país. Pero tengo la impresión de que se precisa poco. Porque, ¿qué quiere decir cambiar el modelo productivo? En realidad, se trataría no sólo de modificar la composición sectorial del PIB, es decir, el origen de la riqueza que generamos, sino también cómo la generamos, cómo la repartimos y cómo la consumimos. Si me permiten la licencia, es, en cierto sentido, modificar la dirección de la historia de España en términos económicos, lo mismo que en el 78 la modificamos en su orientación política. Y esta magna empresa no se hace con leyes, aunque bienvenidas sean aquellas que lo propicien. Se trata de un gran esfuerzo colectivo, sostenido en el tiempo, que exige un nuevo contrato y unas nuevas reglas. Un contrato donde se especifique lo que cada parte debe aportar -y no realidades frente a promesas- y nuevas reglas que impidan, en lo posible, que se repita dentro de un tiempo el mismo desastre, acrecentado.

Cuando la crisis ha golpeado con más virulencia en España en clave de empleo, la sorpresa ha sido relativa. Advertencias de lo que podía suceder, haberlas, las había. Era obvio que nuestro sector inmobiliario no podía crecer con aquella exuberancia y el estallido ha sido brutal. Se explican las actuales cifras de paro si tenemos en cuenta que el 20% del empleo creado desde 1996 a 2007 lo fue en ese sector, que concentraba más del 15% de toda la inversión y suponía alrededor del 11% del PIB. Si a ello unimos que los otros sectores que crearon más empleo fueron la hostelería, el servicio doméstico y el comercio al por menor (más de otro 20%), tenemos el cuadro completo. Como ven ustedes, sectores de "alto valor añadido".

Es verdad que estamos mejor preparados que en otras épocas para hacer frente a la sacudida, pero no es cierto que estemos pertrechados como los países avanzados de Europa. ¿Cómo vamos a estarlo con productividad más baja, menos inversión en I+D+i, peor formación profesional y un 30% de fracaso escolar? Y el doble de desempleo no obedece a las disfunciones de nuestro mercado laboral. El que más del 30% de la mano de obra tenga contratos temporales -cuando en Europa es una tercera parte- no tiene su causa en el mercado laboral, sino en que un exceso de mano de obra se concentra en sectores estructuralmente temporales de baja productividad y escasa cualificación. Esto es lo que hay que cambiar. Porque si el capital, en España, se ha cobijado en demasía en la vivienda residencial es porque ahí se hacía dinero rápido, fácil, y podía forrarse hasta el que no sabía hacer la o con un canuto. En ese desmadre han colaborado, por activa o por pasiva,bancos, administraciones y una parte de un empresariado de cartón piedra. Dejando aparte la corrupción, de la que se advirtió.

Darle la vuelta a esta situación -no sólo salir de la crisis- va a costar años. Construir un modelo moderno, inmerso en la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías, avanzado socialmente y sostenible supone abordar reformas muy serias. Empezando por el sistema financiero, que si bien parece sólido no distribuye con fluidez el crédito y está ahogando a las pymes. La banca no es sólo de los accionistas, sino también de los impositores, al controlar el dinero del país y, en este sentido, realizar un servicio público esencial que, como tal, debe estar eficazmente supervisado y regulado para que cumpla con su función. De lo contrario, ¿cómo se justifica que acuda a su rescate el dinero del contribuyente cuando tienen dificultades?

De otro lado, España necesita, también, una reforma de la empresa y, dentro de ella, la laboral, que es una parte de aquélla. Pero está de moda hablar sólo de esta última, sin concretar en qué consiste. Una economía de la innovación y el conocimiento exige la participación del personal, formas más avanzadas de organización del trabajo y una manera más equitativa de repartir la riqueza. No hay nuevo modelo con los salarios perdiendo posiciones, el gasto social por debajo de la media europea, un exceso de familias que no llegan a fin de mes y el 20% de la población por debajo del nivel de pobreza.

Todos decimos que hay que invertir mucho más en educación, I+D+i, en las universidades, en formación profesional. Se ha avanzado en los últimos años, pero estamos lejos de los países de cabeza. En el Índice Sintético de Innovación de la UE España ocupa el puesto 17, cuando somos la quinta economía de Europa. Si queremos converger en este campo, que es la clave del futuro, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor, las administraciones y, sobre todo, las empresas, que están retrasadas. Lo mismo que avanzar hacia una economía sostenible o verde supone un nuevo paradigma energético, otra forma de producir y consumir, ahorrando.

Todo ello, como es lógico, requiere copiosas inversiones y ahorro en gastos superfluos. Pero, sobre todo, un replanteamiento de la política fiscal. La moda de las rebajas fiscales debe concluir. De lo contrario, es ridículo hablar de cambio de modelo. De entrada, hay que exterminar los paraísos fiscales y combatir con energía el fraude fiscal. Dicho esto, a corto plazo y en el caso español, yo hubiera preferido sustituir el anunciado aumento de impuestos por algo más de déficit, teniendo en cuenta el bajo nivel de deuda. Subir impuestos a las mayorías cuando se está iniciando el despegue no me parece lo más acertado.

En fin, las grandes empresas colectivas necesitan, en general, ser pactadas. No se cambió de modelo político sin consenso; no se cambiará el modelo productivo sin acuerdo. En este sentido, se ha hablado mucho de los Pactos de la Moncloa. La situación de hoy no tiene nada que ver con aquélla, pero sí en una cosa: conviene acordar los grandes retos nacionales. Entonces se trató de un pacto, a iniciativa del Gobierno, de las fuerzas políticas, con un contenido también económico y apoyado por las fuerzas sociales. Hoy, quizá habría que haberlo hecho al revés: un gran acuerdo económico social, a iniciativa del Gobierno, con las fuerzas sociales, debatido y, en su caso, aprobado por el Parlamento.

Se tenía que haber aprovechado el momento de la explosión de la crisis, cuando los que siempre pugnan para que todo siga más o menos igual estaban acongojados y necesitaban, imperiosamente, el concurso del Estado. Ahora ya se han rehecho, en parte, y no están por la labor. Olfatean, quizá equivocadamente, tiempos mejores para su causa. Los grandes pactos son siempre el resultado del miedo o de la necesidad. Pretender que lo sean del patriotismo o de la solidaridad es demasiado pedir en los tiempos que corren. El Gobierno, en todo caso, es el llamado a realizar un crudo y certero diagnóstico y apretar las clavijas a las partes. De lo contrario, unos y otros seguirán a su bola. Temo que lo que no se hizo en su momento sea cada vez más difícil conseguirlo. Pero valdría la pena intentarlo, pues el país lo necesita y los españoles lo agradeceríamos.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

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Refundemos un porvenir
solidarios.org.es - 03 de noviembre de 2009
 
 
POR JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO*. De las cenizas del neoliberalismo se puede rehacer el mundo con un orden que revierta la insatisfacción de millones de personas por el enriquecimiento desvergonzado de unos pocos.

Una visión del mundo no es una manera de ver las cosas. Determina nuestros valores, dicta los criterios para nuestras acciones, impregna nuestra experiencia de lo que somos y hacemos. Otro mundo es posible si cambia nuestra visión del mundo, escribe Jordi Pigem. De ahí nuestro compromiso ante este desafío con el que nos interpelan los responsables de la crisis actual. Esta se produce en un momento en que ya existe una conjunción de crisis: energética, alimentaria, climática. Empieza por una inmobiliaria, bancaria, de las autoridades de regulación, industrial, social y, cuando todas estas condiciones se juntan, lo mismo que en meteorología se utiliza el término ‘tormenta perfecta’, tenemos esta ‘crisis perfecta’, dice Ignacio Ramonet.

La crisis climática ha sido originada por el productivismo industrial que se aceleró desde los años 50 y 60. En la larga historia del capitalismo moderno, hay una articulación constante entre el Estado y el mercado. Pero en estos últimos 30 años, el mercado ha querido hacer creer que podía funcionar sin ningún control por el Estado, e incluso contra el Estado. Esa idea de que el capitalismo puede autorregularse llegó a su apogeo en los el años 2005 y 2006. Se llegó a creer en el milagro de que se había suprimido la posibilidad de crisis sistémicas.

Esta irracional exuberancia, con la creación de nuevos instrumentos financieros, alejados de cualquier control, se había convertido en una desconexión de la economía financiera con la real. Y como cualquier burbuja acaba por estallar, lo ha hecho coincidiendo con una crisis sistémica. Ahora la dificultad es encontrar una vía de salida. El área financiera está empezando a reconstruirse, pero las otras dimensiones de la crisis aún no han alcanzado su cenit y, en cualquier momento, esta situación precaria puede volver a desbocarse.

Los responsable políticos no pueden abandonar la economía financiera a su propia autorregulación. Hay que regular los instrumentos financieros. Hay que crear una autoridad económica internacional, al estilo del Consejo de Seguridad de la ONU, porque el FMI y el BM también han sido vencidos por esta ideología perversa que rompe la relación de equilibrio con la naturaleza y con el mundo.

En estos momentos, cuando los grandes bancos de Wall Street anuncian beneficios extraordinarios, el paro sube y seguirá haciéndolo en los próximos meses. Algunos aventuran que lo peor desde el punto de vista social aún no ha llegado. Ante la necesidad de un rearme ideológico, no hay varias teorías compitiendo, sino sólo una funcionando, la capitalista de mercado. De una economía de mercado han llegado a una sociedad de mercado. Ya no se puede decir que si no funciona el capitalismo, lo hará el socialismo. Ya hemos visto sus desastrosos efectos con el socialismo de Estado. Hay que buscar soluciones en este nuevo marco. Ante nuestros ojos se derrumba el neoliberalismo, por lo que, según muchos analistas, cualquier solución debe pasar por un nuevo keynesianismo adoptado a nuestro tiempo, con el cambio climático y una concepción diferente sobre la sobreexplotación y el desaforado consumo. Hay que ir hacia una austeridad, una frugalidad, hay quienes hablan incluso del decrecimiento. Idea que, bien entendida, podría estar llena de sugerencias. Como lo fue aquel “desaprender” de la Institución Libre de Enseñanza. Deshacer el desarrollo para rehacer el mundo, en busca de una nueva experiencia. Nuestra principal tragedia y la raíz de nuestra sensación de soledad, escribió D.H. Lawrence, es que hemos perdido el rumbo.

Hay que calmar los mercados con mecanismos como la tasa Tobin, que acabaría con la especulación con las divisas. Hay una serie de soluciones que son reformas de la economía de mercado indispensables.

Hay una insatisfacción cada vez mayor en nuestras sociedades al ver cómo grupos más reducidos se enriquecen desvergonzadamente. Eso crea una desconfianza en el sistema democrático, que debe aplicarse no sólo a la esfera política, sino también a la económica. Las privatizaciones no pueden hacerse en contra de la sociedad. No se pueden retirar los servicios públicos a los pobres, porque es el único recurso que tienen: escuela, transporte, sanidad. Si se privatizara, como pretenden los “neoconservadores” más deshumanizados, les habremos quitado lo poco que tenían. Y contra esa tiranía de las oligarquías es obligado rebelarse. El mercado no puede arrinconar a la sociedad, que es lo que el sistema financiero ha hecho: esa inmoralidad, sostiene Ramonet y lo suscribimos, crea descontento social, que puede derivar en un momento dado en movilizaciones, protestas y quién sabe qué oleadas de frustración y desesperanza.

*Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS

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¿Nadie se cuestiona el sistema?
elplural.com - 03 de noviembre de 2009
 
 
Nos habíamos acostumbrado a vivir en un sistema que, aún en su injusticia, parecía estable. Las noticias traían imágenes de hambrientos y muertos de pobreza pero con menor frecuencia que diatribas entre políticos locales o hazañas deportivas. Que más de mil millones de personas estén en riesgo de fallecer porque no tienen con qué alimentarse, y tres mil millones mal coman y mal vivan, pasaban por ser daños colaterales de una organización social en la que el resto (muchas menos personas) no sufría mayores problemas. “Siempre ha sido así”, nos decíamos. “No podemos hacer nada además”. El egoísmo innato, la ceguera de ignorar los datos que cada día aporta para prever el futuro, la sensación de impotencia.

Cuando el libre mercado quebró hace un año, tras dar serios síntomas en 2007, asistimos impertérritos a cómo los gobiernos inyectaban miles de millones a las empresas para que mantuvieran el status quo. Con nuestros impuestos.

Si nos centramos en España, al mismo tiempo que esa gran crisis mundial nos aquejaba, se hundía también el edificio sin cimientos de nuestra economía. Habíamos construido casas sin tino, para enriquecer a unos pocos, para endeudar a la mayoría y sujetarla al sistema. El turismo se resentía porque a casi nadie con gusto estético le atrae pasar sus vacaciones entre cemento anárquico, precios elevados, mal servicio y mala educación. Y no había mucho más. Carecemos de un tejido industrial potente. Aquí y en todo el mundo desarrollado, el dinero invierte en aire para enriquecerse aún más, no en sectores productivos para la sociedad.

Aquí estamos. Con un periodismo que se ha banalizado en manos de emporios que persiguen también mantener el sistema. Bombardeados con ofertas de compra, hasta de lo inútil, para seguir consumiendo más y que el libre mercado siga su camino. Para enriquecer a unos pocos, insisto, cada vez es mayor la brecha entre ricos y pobres. Cada vez se empobrece más la llamada clase media.

El sistema sigue inexorable su camino voraz. Dos noticias recientes muestran sendos picos de alarma. El paro sigue subiendo en España más que en Europa, pero aún es más intranquilizador saber que más del 40% de los jóvenes menores de 25 años no tiene trabajo, lo que representa más del doble de la media comunitaria. Unámoslo a esta otra cuestión que hoy plantea El País, tras venir avisando largamente incluso en las voces de los políticos: ¿Una generación sin pensiones? Se pregunta el diario. ¿La misma que ahora está en paro? Añado yo. El sistema público se agota y los privados están en cuestión por la crisis. España avanza hacia el envejecimiento sin una solución en el horizonte para los jubilados. Son habas contadas… mientras las cuenten los mismos.

La caída del Muro de Berlín hace 20 años, supuso llevar a la hegemonía mundial en solitario al capitalismo -hasta entonces, curiosamente, habían sido dique de contención el uno del otro, entre dos formas de organizar el Estado-. La izquierda democrática europea –que nada tenía que ver con las dictaduras comunistas- perdió votantes en cascada. Incluso la UE roja, se tornó azul. Quizás fue porque, acomplejada, la izquierda se dejó imantar por la derecha y sus métodos.

Como bebes eternos, inmaduros mentales, a quienes distraen con dulces piruletas, asistimos a esa degradación de nuestras condiciones de vida orquestada por unos pocos con poder: empresarios, políticos que hacen dejación de sus obligaciones de, únicamente, representar a la sociedad y gestionar unos servicios, medios de comunicación, publicidad. Nos va mucho más que ver quién gana en luchas de partido y de partidos, políticos y de fútbol. Mucho más que seguir la intriga de cómo nos han robado, con alevosía y desfachatez infinitas. Estamos atrapados por unos carceleros de guantes de seda pero inconmovibles, despiadados en la decisión de conseguir sus fines: dinero privado, más dinero, para ellos solos. Y somos más. No me cansaré de repetirlo. Tiene que haber una tercera vía. Pero nadie con capacidad de decisión parece cuestionarse el sistema. Ni la mayoría de nosotros. Que cayera el Muro de Berlín parecía imposible, pero fue barrido por las ansias de libertad -y yo lo vi con mis propios ojos-. Vientos de justicia habrán de derribar también su vertiente occidental, ésa en la que vivimos.

Rosa María Artal es periodista y escritora

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La razón en la política
El País - 12 de noviembre de 2009
 
 
Después del impresentable irracionalismo político del franquismo, la política en España recuperó un tono y una impronta mucho más racionales y razonables. La Constitución de 1978 fue la culminación de esa racionalidad y no deben ser consideradas algunas descalificaciones radicales de aquel esfuerzo ingente de personas, con más ambición que presencia real en aquellos tiempos, o que llegaron después sentando cátedra desde sus orígenes norteamericanos de legitimidad. Incluso algunos que descalifican a la Transición, estaban, al final del franquismo, cuando todas las ayudas eran pocas, atrincherados en un temor que les paralizaba, poco coherente con levantar hoy la voz como profetas de la libertad y la igualdad, dando lecciones a todos y especialmente a quienes con gran esfuerzo y sacrificio hicimos la Transición y la Constitución.

Creo que hicimos casi todo, devolviendo la racionalidad a la vida pública y que es manifiestamente injusto sostener que en realidad fortalecimos al franquismo, con desdén, desprecio y falsedad como dicen esos "apóstoles" de una "verdadera transición". Tienen una visión paranoica, inventada y poco creíble de estos años, sufriendo por un protagonismo que no tuvieron, que se confunde con un negacionismo y un catastrofismo que niega la realidad.

Creo que no tienen futuro, y que no serán nada en la cultura política y jurídica democrática. Sólo nos quedó algo sin hacer: el reconocimiento a todos los republicanos muertos, encarcelados, o exiliados, sin haber cometido ningún hecho delictivo, sólo castigados por sus ideas. Entonces era imposible, se puso el contador a cero y esa decisión generó injusticia y trato desigual. Los que sufrieron persecución injusta en el bando franquista fueron compensados con largueza después de la guerra, cubriendo con la razón de aquellos castigos, otros injustos, sin fundamento penal contra leales servidores de la República. Sin embargo, esta desigualdad, este desequilibrio de justicia no se ha superado y ahora, la reparación cuenta con un paso del tiempo que hace imposible, por ejemplo, la sanción penal. Es verdad que la Ley de Memoria Histórica llega tarde, porque no aprovechamos en ese ámbito la gran victoria de 1982. Se ha esperado más de 20 años, seguro que por una prudencia exagerada de los Gobiernos socialistas. Pero no puede este retraso ser motivo para no hacer nada. Hay que hacer, sin dudar, todo lo que es todavía posible: anular las condenas del franquismo, basadas en leyes aplicadas retroactivamente por tribunales ilegales, enterrar dignamente a los muertos, aún sepultados por cunetas, caminos y parajes de todo tipo, y devolver la dignidad moral a to

-dos aquellos perseguidos sólo por sus ideas y por ser enemigos sustanciales del franquismo. También hay que reconocer a este Gobierno su impulso al tener y reclamar su protagonismo para reparar en lo posible el silencio y al olvido que ha acompañado a los perdedores de la Guerra Civil, aunque tenían la razón pero no la fuerza, como sostuvo con valor Miguel de Unamuno.

La recuperación de la razón que nos trajo la democracia y la Constitución, al cabo de 30 años, debe ser mantenida por las instituciones, por los partidos políticos y por la sociedad civil. Es verdad que han sido los años de convivencia, libre y democrática más largos y más fructíferos de nuestra historia, pero no son años exentos de peligros y de enemigos. El terrorismo y la corrupción son quizás los más vivos y los más destructivos para el sistema. Creo que con el terrorismo se han profundizado los remedios, y tras los intentos de todos los Gobiernos de buscar pacificaciones que trajeron paz y abandono de armas, existe un consensus omnium, un consenso de todos, para atajar sin respiro a esos grupos de asesinos, con la firmeza y la contundencia de la Ley y del Estado de derecho.

La corrupción ha dado, en los últimos tiempos, signos de fortaleza y de desarrollo preocupantes y que no auguran nada bueno. La acción conjunta de instituciones y poderes públicos, de partidos políticos y de ciudadanos tiene que actuar en diversos escenarios, desde una unidad de acción en la que no caben aprovechamientos de acciones producidas desde los adversarios políticos, ni mucho menos cerrar los ojos ante las corruptelas propias, o usar el "tú más" para disculparse. Las medidas imprescindibles, solidarias y totales podrían ser las siguientes:

a) Expulsión inmediata de los corruptos o presuntos corruptos de las instituciones que han utilizado para sus fechorías. Tolerancia cero y condena, de los propios y de los adversarios.

b) Pacto de no utilización de los hechos de corrupción para desviar la composición política de la institución concernida, modificándola con personas decentes y honradas.

c) Modificación de toda legislación que facilite la corrupción en el campo del urbanismo y de la vivienda y en cualquier otro que permita zonas de arbitrio, demasiado abiertas para manipulaciones, en municipios, comunidades autónomas, o poderes públicos estatales.

d) Establecimiento de órganos de control eficaces para controlar a los núcleos de decisión a todos los niveles.

e) Prohibición de aplicaciones presupuestarias sin control de organismos externos a los competentes directos de la autorización de pagos.

f) Transparencia total de todas las unidades de gasto, y disposición pública de todos sus gastos.

Estas medidas y otras que se establezcan con las mismas formalidades deben contar con el apoyo y la vigilancia de la policía y de los jueces. Debe variar la mentalidad de muchos miembros de la autoridad judicial que tratan con excesiva blandura a estos delincuentes económicos de altos vuelos que no deben contar con ningún privilegio y que si lo defraudado es importante deben permanecer normalmente en situación de prisión provisional. Deben ser observados con desconfianza aquellos jueces que no demuestren excesivo rigor en este tipo de delitos. Una política de apoyos mutuos debe acompañar a este gran pacto contra la corrupción, sin subterfugios ni ventajas sobrevenidas. Es profundamente inmoral esperar que se estrelle el adversario, convirtiéndole en enemigo a destruir. Especialmente el PSOE y el PP deben encabezar ese movimiento de regeneración, sin trucos, sin búsqueda de beneficios espúreos. Sería un ejemplo de racionalidad para la moralización de la política y para la recuperación del prestigio de los políticos, imprescindible para el impulso de patriotismo constitucional y para la propia credibilidad de España como país.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

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¿Momento de comprar pisos?
elpais.com (cartas al director) - 02 de noviembre de 2009
 
Cada vez que sale algún "entendido" en el tema de la economía, la construcción y las finanzas, nos avisan de que es buen momento para comprar un piso. Se basan en la teoría de que ahora se puede "regatear" puesto que no se vende. Y yo digo, estimados ciudadanos, que es precisamente porque no se vende, por lo que pretenden animar a los pocos que puedan conseguir hipotecas en el banco a que se aventuren en la esclavitud española del siglo XXI.

Es cierto que los pisos han bajado algo, ahora en lugar de costar 50 millones de pesetas cuestan 45. Hace 12 años el mismo piso costaría ocho millones, pero con el "borreguismo" que tanto nos caracteriza a los pobladores de la península Ibérica hemos consentido y apoyado que se haya llegado a tal abuso sin precedente.

Ahora yo animo a los posibles compradores de ese bien necesario para vivir (no para invertir) que no compremos, que no nos dejemos engañar. En época de subida de precios y ventas, nos decían que jamás bajarían, que era una inversión segura. ¿Ahora nos tenemos que creer lo de que es el momento de comprar? Si no compramos conseguiremos que los pisos a precio astronómico consigan bajar bastante más. Por una vez en la vida pongámonos de acuerdo en hacer algo juntos. Tenemos la sartén cogida por el mango y la unión hace la fuerza. Aprendamos de esta crisis. Basta ya.

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Holanda castigará con hasta dos años de cárcel a los okupas
ADN.es - 16 de octubre de 2009
 
La pena de un año se aumentará si la ocupación va ligada a actos violentos. Hasta ahora se permitía siempre que el edificio llevara más de 12 meses vacío

El Parlamento holandés ha aprobado hoy una ley que prohíbe la ocupación de edificios vacíos y que castiga a los okupas con penas de hasta dos años de cárcel.

Hasta ahora el movimiento okupa no estaba legalizado en Holanda, pero se permitía siempre y cuando un edificio estuviese vacío durante más de un año.

Sin embargo, partidos como el cristiano Chisten Unie (en el Gobierno) y los liberales VVD (en la oposición) presentaron una propuesta de ley para ilegalizar formalmente la ocupación de viviendas vacías, aduciendo que ese movimiento va frecuentemente ligado a violencia y a actos al margen de la ley.

La primera propuesta de ley proponía una pena de 4 meses de cárcel para los okupas, pero finalmente ese castigo se incrementó a un año de cárcel y hasta dos si la ocupación va unida a actos violentos o amenazas.

Notificación de los propietarios

Con la nueva ley, los propietarios de edificios vacíos deben notificar al Ayuntamiento el estado del inmueble o, si no, recibirán una multa de 7.500 euros (11.174 dólares).

Con ello se pretende que sean los Ayuntamientos quienes decidan sobre usos alternativos de los edificios deshabitados y, así, evitar su ocupación irregular.

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Economía y laboral
 
PENSIONISTAS PIERDEN SUS CASAS A MANOS DE LOS BANCOS
laverdad.es - 04 de noviembre de 2009
 
 
Al quedarse sus hijos en paro. La crisis deja a muchos mayores sin nada por haber avalado con su patrimonio

Esperaban una vejez sin sobresaltos. Con el respaldo de una pensión que, aunque no fuera muy elevada, al menos les permitiera llevar una vida relativamente desahogada en el aspecto económico. Pero dicen que la vida da muchas vueltas... y, a veces, es verdad.

La crisis económica ha sacado a la luz un nuevo fenómeno social muy dramático: pensionistas que pierden sus pisos porque en su día los dieron como aval bancario para que sus hijos pudieran adquirir una vivienda y ahora, al quedarse estos en paro a causa de la crisis y no poder hacer frente a la hipoteca, los bancos les reclaman a ellos las deudas. «En los últimos meses estamos asistiendo económicamente a muchas personas mayores que están pasándolo muy mal por esta situación y que hasta ahora era impensable que pudieran ser sujetos de la ayuda social», señaló ayer la directora de Cáritas Diocesana en Valencia, Concha Guillén, tras una reunión con la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, a la que también asistieron los responsables de Cáritas en Alicante y en Castellón.

El perfil medio suele ser el de una mujer con una pensión de viudedad, ya de por sí muy justa, cuya vivienda la tenía en propiedad. « La crisis ha enviado a familias enteras al paro. En muchos casos no pueden hacer frente a la hipoteca y el banco, para cobrar la deuda, recurre al avalista. «Es muy dramático, pero muchas personas mayores se ven obligadas a entregar sus pisos para pagar las deudas de sus hijos», explica Guillén.

Alquiler compartido

El panorama para ellos, en los días finales de sus vidas, se dibuja de una manera que quizá nunca hubieran imaginado. Ni ellos ni sus hijos tienen una vivienda en propiedad en la que vivir, así que la única solución que encuentran es alquilar un piso en el que viven todos juntos. «Pero ni a ese pago pueden hacer frente, por lo que la única salida que encuentran es en la ayuda que reciben de Cáritas». De hecho, la cantidad media que la institución destinaba hasta ahora a la ayuda para el pago de alquileres rondaba los 24.000 euros mensuales, «una cifra que ha aumentado hasta los 35.000», destacó Guillén.

A lo largo de 2008, la institución atendió a 41.059 personas. Las peticiones de ayuda este año se han disparado. De hecho, en el mes de septiembre la institución ya había sobrepasado en 250.000 el presupuesto anual. La Conselleria de Bienestar Social ha destinado 570.000 euros a Cáritas Diocesana para financiar los programas que cubre. La mayor parte va destinado a alimentación (48%) y vivienda (22%). Y los destinatarios suelen ser mayoritariamente inmigrantes (68,5%), frene al 31,5% de españoles. El perfil entre estos últimos en los últimos años «no solo responde a indviduos con desarraigo, sino que aumentan los casos de familias perfectamente integradas socialmente que de la noche a la mañana se quedan sin nada», según Guillén.

«Hemos pasado de atender a los pobres a ayudar a nuestros vecinos», aseguran desde Cáritas, al explicar que es muy común encontrar en las parroquias a personas de las que se perdió la pista porque en su día recibieron ayuda, lograron insertarse laboralmente y llevar una vida integrados perfectamente en la sociedad «y ahora vuelven a aparecer

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BANCOS Y PROMOTORAS SIMULAN TIRAR LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA
Expansión.com - 03 de diciembre de 2009
 
PARA VENDER PISOS

Las entidades financieras y las firmas inmobiliarias se han embarcado en una guerra de campañas promocionales en la venta de viviendas, anunciando descuentos generalizados que oscilan entre el 25% y el 50% con respecto al "precio final" de los activos.

Estas campañas, que se están multiplicando conforme se acerca el cierre del ejercicio para cumplir con los presupuestos anuales, coinciden en el tiempo con un dato oficial que contradice la validez de estos descuentos: la caída del precio de la vivienda en España con respecto al pico de 2007 no alcanza el 15%.

La pregunta que asalta al comprador es: si los vendedores anuncian viviendas a mitad de precio, ¿por qué estos descuentos no se reflejan en una caída equivalente en el precio de la vivienda?

Márketing

En los últimos días, los consumidores pueden encontrar múltiples ejemplos de este tipo de promociones. Metrovacesa, una de las grandes firmas del sector, presentó ayer una de las campañas más agresivas en la comercialización de viviendas desde el inicio del declive del sector. La compañía ha puesto en venta 1.500 pisos, con descuentos que van del 25% al 52%.

Metrovacesa se suma así al lanzamiento de campañas que tanto inmobiliarias como entidades financieras presentan al mercado, buscando seducir a la demanda latente con propuestas que incluyen rebajas y financiación. Entre las entidades financieras, Banesto y Banco Santander, a través de Casaktua y Altamira Real Estate, han presentado sendas iniciativas, con rebajas de entre el 20% y el 50%. De las últimas propuestas, Banesto sacó al mercado, el pasado noviembre, 1.200 viviendas con descuentos del 40%.

Reyal Urbis, otra de las grandes del sector, presenta hasta tres iniciativas que ofrecen rebajar el precio de las viviendas: “Altos descuentos” en su bolsa de oportunidad, formada por inmuebles de algunas promociones en stock; otra rebaja, si se formaliza la compra en un breve periodo de tiempo –el llamado descuento express–, además de la rebaja inicial, que oscila entre el 20% y el 25%.

Sin embargo, todos los expertos consultados por este periódico coinciden en relativizar estas rebajas. “Hay que interpretar estos descuentos y preguntarse desde qué niveles se realizan”, señala Ernesto Tarazona, director de Corporate Recovery de Knight Frank España.

Si fuera por los precios ofertados en estas promociones, parecería que el ajuste de la vivienda en España ya se ha realizado. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que, a juicio de los analistas, los descuentos ofertados se efectúan a partir de las tasaciones del momento álgido de la burbuja, absolutamente desfasadas en la coyuntura actual. Ayer lo puso de manifiesto Aguirre Newman, en un contundente informe que vino a poner los puntos sobre las íes en el mercado de la vivienda. Según la consultora, las tasaciones que se manejan en el mercado, particularmente las de bancos y cajas, “no reflejan el verdadero valor y provocan una sobrevaloración generalizada de los inmuebles”.

Sosteniendo precios

Aguirre Newman cifra esta sobrevaloración de precios en un 27%, en abierta contradicción con el informe publicado esta semana por Caixa Catalunya, en el que decía que el precio de la vivienda comienza a repuntar en aquellas regiones donde supuestamente la sobreoferta se ha agotado.

Caixa Catalunya, una de las entidades más expuestas a la crisis inmobiliaria, cifró el stock de viviendas entre 650.000 y un millón, mientras que ayer Aguirre Newman lo elevó a un millón y medio. “Puede haber descuentos muy específicos para productos que son totalmente ilíquidos en zonas con mucha sobreoferta, particularmente en la costa mediterránea, pero en el centro de las capitales como Madrid no se ven ni de lejos”, explica Tarazona.

¿Y por qué las tasaciones están sobrevaloradas? Porque nadie, ni entidades financieras ni promotoras, está dispuesto a vender activos por debajo del valor que consta en los libros.

Todo el mundo trata de sostener los precios para evitar vender en pérdidas. “Salvo casos concretos, nadie vende por 50 céntimos menos del valor que tiene en balance. Las entidades están reteniendo las viviendas financiadas en 2006 y 2007. Las que se financiaron con anterioridad, se venden con rebajas proyectadas sobre el precio más alto, el que alcanzaron en 2007”, explica Heriberto Teruel, socio director de Colliers.

En estos momentos, las entidades financieras negocian con el Banco de España la intención del regulador de obligarlas a provisionar el 20% del valor de las viviendas a partir del primer año de su entrada en balance. Actualmente, esta dotación se limita al 10%. A juicio de los expertos, esta normativa aceleraría el ajuste de precios, pero a costa de la viabilidad de muchas entidades.

Con respecto a la estrategia de las inmobiliarias, no hay más que echar un vistazo a las cuentas del tercer trimestre de 2009: aún mantienen en positivo los márgenes en la venta de viviendas, es decir, no venden por debajo de coste, pese a las cifras desprorcionadas que pagaron por los suelos en los años del boom.

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O BAJAN REALMENTE LOS PRECIOS O HAY CRISIS PARA RATO
ElConfidencial.com - 16 de octubre de 2009
 
Para sorpresa de propios y extraños, el Ministerio de la Vivienda dio ayer una cifra preocupante. Resulta que el precio de los pisos bajó en los últimos doce meses un 7,8%. Lo chocante del dato es que se trata de un registro inferior al -8,2% que se produjo en el trimestre anterior. Es decir, que los precios de la vivienda siguen cayendo, pero a menor velocidad.

Se trata, sin lugar a dudas, de una mala noticia. Una de las peores que se pueden dar en un país con más de cuatro millones de parados. Si en algo coinciden todos los analistas es que cuanto más lento sea el ajuste en el mercado de la vivienda en términos de precios (el ajuste en volumen ha sido brutal), más tiempo tardará la economía en salir de la crisis. Básicamente por una razón. A los precios actuales, los pisos no encontrarán salida, y eso prolongará la recesión. No se trata de un razonamiento basado en una entelequia. Todo lo contrario.

El esfuerzo para adquirir una vivienda, lejos de haber caído en picado como corresponde a un país con la recesión más profunda en cincuenta años, apenas ha retrocedido. Según datos del Banco de España, el precio medio de un piso equivale en estos momentos a 6,8 veces la renta bruta disponible de un hogar. Es decir, que son necesarios casi siete años de trabajo para poder comprarse una vivienda. La proporción es equivalente a la observada en 2005, lo que significa que los precios continúan en niveles muy próximos a los que existían en pleno boom inmobiliario en términos reales (pese al desplome de los tipos de interés).

Ni que decir tiene que a estos precios el stock de viviendas sin comprador -entre un millón y un millón y medio, según las fuentes- tardará años en asimilarse, lo que explica la preocupación de muchos analistas. Al principio del boom inmobiliario (en los últimos años 90) bastaban cuatro años de trabajo para comprar una vivienda, y nadie pensará que por aquellos años era un chollazo comprarse un piso. Lo más preocupante, sin embargo, es que también en este aspecto España se aleja de lo que está sucediendo en países que han sufrido una burbuja inmobiliaria. En el Reino Unido o EEUU el esfuerzo para comprarse una vivienda es de poco más de cuatro años de trabajo, es decir niveles equivalentes a los que existían en España antes del boom. Por eso, y como ha puesto de manifiesto recientemente el FMI, ambos países van a salir de la crisis antes que España. Simplemente porque el ajuste ha sido más intenso.

Tampoco en este caso se trata de un argumento sin fundamento. El índice S&P/Case-Shiller -el más acreditado para medir el precio de los pisos en EEUU- reflejó en julio un descenso del 12%, superior al 8% español-, pero hay que tener en cuenta que a principios de año llegó a registrar valores superiores al -20%, lo que indica que el ajuste en precios ha sido severo. No debe extrañar que ayer el propio BCE, en su informe mensual, hablara de que “los datos recientes sugieren mejoras en el mercado de la vivienda” de EEUU. Y igual sentido los banqueros de Francfort sostienen que en el Reino Unido “las condiciones del mercado de la vivienda han mejorado en los últimos meses”. Está creciendo el número de hipotecas y “los precios han registrado un ligero aumento en tasa interanual”.

¿Bancos o inmobiliarias?

¿Y qué pasa en España? Pues justamente lo contrario. La desaceleración que se ha producido en el ritmo de caída de las transacciones inmobiliarias –las compraventas- tiene más que ver con operaciones realizadas por los bancos y las cajas que un verdadero cambio de tendencia. Como todo el mundo sabe, las entidades financieras son hoy la primera inmobiliaria de España, con activos valorados entre 20.000 y 30.000 millones de euros, lo que explica que los precios no bajen. Una caída pronunciada provocaría un deterioro adicional del valor de sus activo inmobiliarioss, y parece evidente que nadie tira piedras contra su propio tejado. A primera vista se trata de una estrategia razonable, pero a medida que la crisis se va enquistando parece evidente que la banca está cavando su propia tumba. La economía no se reactivará si no se recupera el ciclo inversor en la vivienda, y por lo tanto el empleo, y eso hoy por hoy es imposible si antes no se da salida a ese millón largo de pisos sin vender. Estamos, por lo tanto, ante un círculo vicioso que alguien debería romper. Los ciudadanos no compran pisos porque son caros, y los bancos no se lo venden porque pierden dinero respecto de valor de las hipotecas prestadas.

La situación ha llegado a ser tan absurda que como ponía de manifiesto recientemente el profesor Luis Garicano, estamos en un país en el que más del 65% de los jóvenes entre 24 y 29 años vive con sus padres, mientras que en Francia o el Reino Unido el porcentaje es inferior al 25%. Por supuesto que muchos de esos jóvenes no tienen por qué comprar una vivienda y conformarse con un alquiler -como en Alemania o Francia-, pero no es menos cierto que una rebaja del precio de la vivienda abarataría los arrendamientos.

Desde luego que no hay sólo razones sociológicas para explicar tanta diferencia entre España y los países que han vivido una burbuja inmobiliaria similar. También hay argumentos estrictamente económicos. Sobre todo, la existencia de bajos salarios como consecuencia de un sistema que ha despreciado la productividad del factor trabajo, lo que ha provocado que los precios de la vivienda sigan siendo inalcanzables para la mayoría de los mortales. Y si los precios no bajan no hay nada que hacer. La economía seguriá languideciendo durante mucho tiempo, lo cual es un suicido para un país en el que la política monetaria "entra en vena", como sostiene el economista César Molinas. Un dato ilustra su argumento. En España el 96% de las hipotecas son a tipo variable, por lo cualquier subida (o bajada) de los tipos de interés entra como un cuchillo en la mantequilla. Por eso, la economía española decrece menos que en los países centrales de la UE cuando los tipos de interés son bajos (como ahora). Pero cuando cambia la tendencia ocurre todo lo contrario. Un aviso para navegantes y para quienes creen que se puede salir de la crisis con pisos por las nubes.

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BANCA ESPAÑOLA AFRONTA VENCIMIENTOS DE DEUDA POR 240.000 M.
Cotizalia.com - 17 de noviembre de 2009
 
 
Hasta 2012

Con la que se le viene encima a la banca española en los próximos trimestres -aumento de la morosidad, pérdida de valor de sus ingentes activos inmobiliarios, reducción de márgenes, caída del volumen de negocio, fin de la barra libre de liquidez del BCE, etc.-, el único frente que parecía haberse resuelto era el de la financiación mayorista gracias a la mejora de los mercados y las emisiones con aval del Estado. Ahora bien, lo que han hecho las entidades no es resolver el problema, sino aplazarlo unos años. Porque, aunque tengan cubiertos los vencimientos de 2009 (unos 80.000 millones de euros), tendrán que afrontar la renovación de otros 240.000 millones en los próximos tres años.

Así se recoge en un informe publicado ayer por la agencia de rating Moody's, que estima que los bancos y cajas españoles tendrán que hacer frente a vencimientos de 75.884 millones el próximo año, de 63.272 millones en 2011 y de nada menos que 100.487 millones en 2012, que será el año más complicado. Esto se debe a que será entonces cuando venzan el grueso de emisiones con aval del Estado realizadas en 2009, cuyo plazo es de tres años (aunque recientemente Caixa Catalunya, Bancaja y CAM han emitido a cinco).

Pero no hay que irse tan lejos: los 75.884 millones de 2010 se antojan un problema mucho más serio habida cuenta de la delicada situación en que se encontrará el sector el próximo año. Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), aseguraba ayer que veremos unas cuantas entidades en pérdidas en 2010, año en que espera que la morosidad del sector alcance el 8% por culpa fundamentalmente del imparable aumento del paro en nuestro país.

Y si se salva 2010, quedan 2011 y 2012. Se supone que, para entonces, habrá llegado la recuperación económica y que el sector habrá culminado ya su reestructuración con la consiguiente reducción de capacidad. Si logra superar esta carrera de obstáculos, tendrá las cosas mucho más fáciles a partir de 2013, con vencimientos de solo 14.457 ese año, de 18.471 en 2014 y de 4.988 en 2015 (aunque estas cifras aumentarán con toda seguridad con las emisiones que se vayan realizando en los próximos años).

"Salvar los vencimientos con la emisión de nueva deuda no es la solución del problema; la solución es reducir los altísimos niveles de endeudamiento del sector financiero, es decir, el famoso desapalancamiento", opina un experto del sector. Este desapalancamiento se verá favorecido por la drástica reducción del crédito por parte del sector, que disminuirá las necesidades de financiación externa. Pero, si volvemos la oración por pasiva, hasta que se pueda llegar a un endeudamiento más razonable -lo cual puede requerir años- seguirá cerrado el grifo del crédito para empresas y particulares.

El fin del aval encarecerá los costes financieros

Además, Moody's señala otro problema añadido: renovar la deuda a corto plazo emitida con aval del Estado con emisiones a más largo plazo encarecerá los costes de financiación de las entidades (el tipo de interés que deben pagar), tanto por el aumento del plazo -en una situación normal, a más plazo, más alto tiene que ser el tipo- como por el fin del programa de aval estatal, que en España termina el próximo 15 de diciembre. Es decir, esta deuda debe renovarse por otra respaldada únicamente por el rating de cada entidad y no por el del país, lo que en teoría supone pagar más por ella.

El informe analiza la situación de los principales países y concluye que se ha reducido notablemente el plazo de vencimiento medio de la deuda bancaria en todo el mundo: en promedio, desde 7,2 a 4,7 años en los últimos cinco años, con especial incidencia en EEUU y Reino Unido. Y alerta de que esta reducción de los plazos de las emisiones puede provocar serios problemas de refinanciación en los próximos años y un aumento generalizado de los costes para las entidades.

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GOBIERNO,EMPRESAS Y FAMILIAS DEBEN 2,7 BILLONES, 250% de PIB
ElEconomista.es - 20 de octubre de 2009
 
Las empresas adeudan más de 1,3 billones, y el sector público, 450.000 millones. Las familias tenían una deuda de 904.614 millones, un 43% más que en 2003

España está endeudada hasta las cejas. Si en tiempos de bonanza económica la petición de créditos y su respectiva concesión cabalgó sin límites, la crisis cerró la liquidez a empresas y familias. Pero las Administraciones Públicas, necesitadas como están de atender todas las necesidades, sobre todo, sociales, son las que captan la mayor parte del dinero en circulación.

No en vano, el déficit público podría acabar cercano al 12% del Producto Interior Bruto (PIB). A finales de julio pasado empresas, familias y sector público debían la escandalera de 2,7 billones de euros que, para que nos hagamos una idea, representa el 250 por ciento de nuestro PIB, por lo que se ha multiplicado por tres desde 2003.

En búsqueda de liquidez

Y nuestra economía tardará en recuperarse. A cada uno le preocupan sus deudas. Las familias, pendientes del hilo del paro, están endeudadas por valor de 904.614 millones, la mayor parte por préstamos sobre viviendas. Menos mal que el euribor está en el nivel más bajo de su historia (1,25). La pregunta es qué ocurrirá cuando el Banco Central Europeo (BCE) decida subir los tipos de interés.

Por su parte, las empresas, que han tenido que reducir sus márgenes y buscar liquidez a duras penas, deben más de 1,3 billones de euros. Sólo las operaciones inmobiliarias supera el billón de euros (el 60 por ciento corresponde a las familias y el 40 por ciento a operaciones inmobiliarias aún impagadas).

Para el responsable del servicio técnico de Comisiones Obreras, Miguel Ángel García, salir de esta situación requerirá no tomar decisiones precipitadas. Antes se deben tener en cuenta los márgenes que tiene la economía.

Ganar tiempo

El problema es que en los tiempos de bonanza no se guardó para tiempos peores, y se ha llegado a este nivel de endeudamiento porque nadie puso límites al dinero que se prestaba. Ahora, denuncia el economista, "se está volviendo a refinanciar la deuda de las empresas" para que las entidades financieras no vayan al "colapso", a través de la creación de sociedades a las que imputan las operaciones inmobiliarias impagadas. El objetivo de tal medida es ganar tiempo para que se incrementen sus activos financieros y buscar una salida al grave problema que tienen: los 800.000 millones de deuda con el exterior y los fallidos.

Por tanto, este sector necesita capitalización, mientras el Fondo de Reestructuración Ordena Bancaria (Frob) sólo se preocupa por "comprar activos". A día de hoy, la reserva del sector asciende a 37.000 millones, una cantidad que resulta a todas luces irrisoria.

Mientras tanto, las empresas están muy "apalancadas". Según los últimos datos, el valor de las operaciones inmobiliarias impagadas supera los 470.000 millones de euros, lo que supone un incremento de estos créditos desde 2003 hasta mediados de 2009 del 47 por ciento.

Por último, las Administraciones Públicas, que venían de un cómodo superávit, ya tienen en su contra 450.000 millones de euros, tras emitir todo tipo de deuda para atender a sus gastos más apremiantes, sobre todo, los planes de estímulo fiscal junto a las ayudas a los desempleados y a los sectores más afectados por la crisis. Por estas últimas razones, la deuda pública ha pasado de los 432.000 millones en 2008 a los 561.000 millones.

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BRUSELAS AVISA A GOBIERNO DE QUE DEBERÁ PEDIRLE AUTORIZACIÓN
europapress.es - 21 de octubre de 2009
 
caso por caso para ayudas públicas a Cajas (FROB)

La Comisión Europea ha avisado al Gobierno español de que deberá pedirle autorización caso por caso para las ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se concedan para facilitar la reestructuración de bancos y cajas de ahorros. Sólo así estas ayudas gozarán de "seguridad jurídica" y se evitará el riesgo de que el Ejecutivo comunitario reclame posteriormente su devolución por considerarlas ilegales, según confirmó hoy el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.

"La Comisión ha escrito a España para decirle que nos deberá notificar los casos individuales de ayudas públicas a bancos", explicó el portavoz. "Pediremos notificaciones individuales para poder examinar cada caso individual de ayudas a bancos españoles y analizar su compatibilidad con las reglas sobre ayudas estatales", resaltó.

La exigencia de notificaciones caso por caso se aleja de la práctica que había seguido hasta ahora el Ejecutivo comunitario, que consistía en examinar y aprobar solamente los planes de ayuda al sector bancario, y dejar su aplicación individual en manos de las autoridades españolas. Es lo que ocurrió con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el plan de avales del Estado a las nuevas emisiones de deuda, cuyas operaciones individuales no han debido comunicarse a Bruselas.

En este caso, la Comisión exige aprobar cada caso individual porque considera que las condiciones que establece el FROB son "tan amplias y generales" que dejan mucho "margen de maniobra a las autoridades españoles a la hora de dar ayudas a bancos individuales", explicó Todd.

El portavoz insistió en que las autoridades españolas necesitarán la aprobación de Bruselas antes de poder dar las ayudas del FROB a las cajas porque de lo contrario "no tendrán seguridad jurídica". Ello significa que la Comisión podría determinar en un momento posterior que las subvenciones son ilegales y obligar a las cajas a devolverlas.

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La vivienda tendrá que caer un 40%
elfarodecantabria.com - 31 de octubre de 2009
 
España, entre 1998 y 2006, ha sido el país donde más viviendas se han construido anómalamente, ha pesar de tener una población inferior a los grandes países de Europa. También es cierto que en estos años de la burbuja económica, inmobiliaria, y de todo tipo, aparecieron inversores extranjeros que compraron inmuebles por valor de 7.000 millones de euros, pero muchos de ellos los han vendido, y los que les quedan, se dan a precio de saldo o son las financieras las que se han quedado con ellos por falta de pago. Un problema grueso para esta España nuestra y para el sistema financiero si lo unimos al propiamente nuestro y a la cantidad de manos muertas o parásitos que hay que alimentar, y a muchos de éstos de gran lujo, como si fuesen útiles para algo.

Se dice que a día de hoy existen más de 1.200.000 viviendas para vender y la mayor parte están en manos de las entidades financieras, por recuperaciones de morosidad y falta de pago, pero en los próximos meses entrarán muchas más, nadie sabe cuántas, pero van a ser muchas. Si España quiere dinamizar la economía y el sector inmobiliario y productivo, hay que hacer unas cuantas reformas muy duras, empezando por los políticos y funcionarios innecesarios que sobran en su conjunto del orden del 60%, en unos servicios más y en otros menos, para poder bajar los impuestos abusivos y no seguir endeudando el país. En gran parte han sido éstos quienes nos han metido en la situación y un porcentaje de políticos de todas las tendencias se han hecho ricos a costa del sufrido pueblo.

En mi opinión, el sistema financiero español ha sido de de los más sólidos del mundo, pero ahora está en peligro, ya que no hay dinero en los bancos para absorber toda la morosidad que tienen y la que se avecina en lo que falta de año y todo 2010. Hay bancos y alguna caja que aseguran que sus provisiones cubrirían impagados hasta 2011, pero a la mayoría de bancos y cajas no les queda más remedio que vender activos inmobiliarios en este momento, ya que se encuentran atascados de inmuebles y solares para construcción, así como de cientos de pisos de particulares, locales, oficinas, y naves industriales. Con este planteamiento, cómo es posible que se diga por parte de ministros o políticos que para 2010 España sale de esta quiebra económica. Por si fuese poco, el Gobierno sube impuestos para que se enriquezcan los de siempre y paguen los mismos de siempre: al pueblo se le mete en un agujero para varios años.

Si las entidades financieras venden las viviendas y otros productos inmobiliarios deberá ser a un precio ajustado a la realidad de su valor, que tal y como lo entiendo yo está entre un 40% y un 50% menos sobre el préstamo efectuado en 2006 y 2007, siempre que la haciendas sean rigurosamente serias y se pague el impuesto de trasmisiones por el precio real de compra, no como hasta hoy, que se han cometido todo tipo de abusos en las valoraciones y liquidaciones complementarias por parte del fisco.

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La vivienda seguirá cayendo hasta 2012
elmundo.es - 24 de octubre de 2009
 
 
El mercado inmobiliario en España tardará en recuperarse de seis a siete años. 'Las condiciones actuales del sector siguen reflejando una sobreoferta significativa'

Al sector inmobiliario español aún le queda un largo camino por recorrer a la deriva, según las conclusiones de un informe sobre la economía europea de la agencia de calificación Standard & Poors (S&P). Este hecho se seguirá reflejando en los precios de las casas, que seguirán cayendo hasta 2012.

Por otro lado, S&P establece que el mercado inmobiliario español tardará en recuperarse de seis a siete años teniendo en cuenta el elevado 'stock' de viviendas existente y el exceso de oferta en el mercado. "Las condiciones del mercado inmobiliario español siguen reflejando una sobreoferta significativa", asegura.

La agencia, que cita cifras de la firma Acuña y Asociados, recuerda que a finales de 2008, España contaba con un parqué de 1,6 millones de viviendas a la venta o en proceso de construcción. Teniendo en cuenta que la demanda estimada de viviendas anual alcanzó las 233.000 unidades en 2008 y está prevista en 218.000 unidades en 2009, y en una media de 220.000 unidades al año durante los próximos años, "el sector inmobiliario español podría tardar seis o siete años en recuperarse", asegura.

La agencia recuerda que los precios de la vivienda han descendido un 8,2% en el segundo trimestre de 2009, según el INE y un 8,3% según Tinsa, y que las hipotecas evolucionan también a la baja con un retroceso del 14,4% en julio en términos interanuales. Una contracción que refleja "tanto el endurecimiento de la distribución del crédito por parte de los prestamistas españoles como mayor cautela de parte de los prestatarios".

Riesgos derivados de la subida de tipos

No obstante, el mercado ha obtenido algún apoyo en el descenso de los tipos de la zona euro, pero el elevado nivel del desempleo junto con la crisis económica, que según cálculos de S&P, se entenderá en 2010, "siguen pesando duramente en el mercado inmobiliario". No obstante, este alivio proporcionado por la política monetaria podría finalizar si el BCE decide comenzar a subir tipos en 2010 para dar aire a la recuperación económica europea.

En este caso, España, junto con Irlanda, donde los excesos de oferta inmobiliaria hacen más difícil la recuperación del mercado, podrían sufrir una recaída adicional si se endurece la política monetaria en 2010. "Una subida en los tipos de interés podría penalizar a los poseedores de hipotecas debido a que el 80% de las hipotecas en ambos países se conceden a tipo variable", afirma el informe, que destaca que esto podría hacer la recuperación "más difícil".

S&P sitúa en la primavera de 2010 el inicio de la señalización del cambio de orientación de la política monetaria de la institución presidida por Jean Claude Trichet, teniendo en cuenta un escenario de mejora de las grandes economías europeas, lo que sitúa los tipos de interés en el 1,5% tras una subida de 50 puntos básicos a finales del año que viene. "Dichos incrementos, aunque modestos, no ayudarán a los mercados inmobiliarios español e irlandés", explica S&P, que habla de un "aterrizaje suave" para otras economías europeas, como la francesa.

La agencia prevé para España una contracción del PIB del 3,6% en 2009 y del 0,6% en 2010, siendo la economía española y la irlandesa (-2%) las únicas de las grandes potencias europeas en cerrar 2010 con crecimiento económico negativo. S&P señala que en ambos países los retrasos en los pagos de las hipotecas han crecido de manera marcada debido a la existencia de una burbuja inmobiliaria más acusada, y a la mayor afectación de la actividad económica y el empleo por su elevada dependencia de la construcción.

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Inyecciones de liquidez a los bancos impidieron la bajada
porantonomasia.wordpress.com - 03 de noviembre de 2009
 
 
El sistema bancario ha “necesitado” durante los últimos meses inyecciones monetarias por valor de miles de millones de euros para dotarles de liquidez. Ahora con el mismo dinero que pidieron prestado al Estado, le compran su deuda y ganan dinero a costa de éste y de todos los ciudadanos. ¿Alguien pensó que siendo los banca la mayor inmobiliaria de España, si necesitaban liquidez por qué no vendieron los cientos de inmuebles que poseen?

Las inyecciones monetarias del Gobierno a la banca han evitado la irremediable bajada del precio de los inmuebles, en porcentajes más que considerables, ya que si el sistema bancario no hubiese recibido esas inyecciones, hubiesen tenido que vender gran parte de los inmuebles que tienen en propiedad (mucho de ellos embargados tanto a constructores como de ciudadanos de a pie) y no hubieran tenido la necesidad de inyecciones monetarias del Estado porque habrían ingresado, con las ventas, cientos de millones de euros ¿Y por qué no lo hicieron? Porque si hubiesen sacado a la venta y a la vez una gran parte de los miles de inmuebles que poseen, su precio hubiese bajado y los bancos hubieran perdido cientos de millones de euros, casualmente los mismo millones que pierden los ciudadanos cada vez que deciden embarcarse en la compra de una casa y pagan por ellos precios hinchados.

Las inyecciones de dinero público, el de los ciudadanos, impidió la bajada del precio de las viviendas permitiendo mantener unos precios muy por encima de los de equilibrio y permitió a la banca seguir especulando no sólo con las casas sino que ahora aquellas inyecciones les permiten prestar dinero a quienes se lo prestaron.

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Moody's advierte: los bancos españoles ocultan el deterioro
Expansión.com - 14 de octubre de 2009
 
 
el deterioro real de sus activos

La agencia de calificación estadounidense Moody's acaba de lanzar un aviso serio a la banca española, al acusar al sector de no reconocer en sus cuentas la verdadera gravedad de la crisis. Según la firma, muchos bancos están ocultando el deterioro real de sus activos mediante refinanciaciones o canjes de deuda por activos.

"Hasta la fecha, los bancos españoles han demostrado una significativa resistencia ante estas presiones, pero la agencia continúa preocupada por el hecho de que numerosas entidades parecen evitar el reconocimiento de la magnitud real del deterioro de la calidad de los activos en sus cuentas, lo que podría provocar que persista la debilidad del sector bancario (y el mantenimiento de calificaciones de fortaleza intrínseca relativamente bajas), a menos que se haga frente a este asunto con mayor decisión", afirma Moody's en último informe sobre la banca española.

Moody's afirma que los bancos están evitando reconocer activos dudosos, bien mediante reestructuraciones de deuda, bien mediante acuerdos voluntarios en los que la entidad se queda el activo como pago de una deuda a la que el cliente no puede hacer frente.

Si Moody's está en lo cierto, los bancos españoles se van a ver obligados a reconocer más pérdidas de las asumidas hasta el momento. Con este informe, la firma da munición a aquellos que acusan a la banca española de estar ocultando pérdidas.

EXPANSIÓN ya advirtió en julio de que los bancos y cajas españoles habían renegociado deuda a promotor y canjeado activos por 40.000 millones de euros de deuda potencialmente dudosa.

Moody's incluye estos comentarios en una nota en la que recuerda que la perspectiva de la banca española sigue negativa, lo que refleja el impacto que está teniendo la recesión de la economía y los riesgos sobre la capacidad de absorber el severo deterioro de la calidad de los activos de la banca doméstica.

Provisiones extra por valor de 57.000 millones

Debido a este entorno poco favorecedor, los bancos españoles precisan financiar unas provisiones de 57.000 millones de euros para afrontar unas pérdidas esperadas de 108.000 millones de euros, según una estimación realizada por la agencia de calificación crediticia Moody's.

La cifra de 108.000 millones de pérdidas prevista deriva de extrapolar las estimaciones de Moody's sobre el volumen de pérdidas esperadas en las carteras de los bancos calificados al universo de las instituciones financieras españolas. Frente a esta cifra, las provisiones para insolvencias de todo el sistema (genéricas y específicas) alcanzaban los 5l.000 millones de euros a finales del primer semestre de 2009, lo que implica que las provisiones constituidas ofrecen una cobertura del 47% del total de las pérdidas esperadas.

El deterioro de la calidad de los activos del sector bancario español no ha alcanzado su punto más elevado y Moody's prevé que un número significativo de bancos calificados registre pérdidas en los próximos trimestres.

A pesar de ello, los mecanismos establecidos por el gobierno español para garantizar la reestructuración disciplinada del sistema bancario deberían evitar situaciones de insolvencia; de hecho, varias cajas de ahorros están discutiendo actualmente planes de viabilidad con el regulador.

"La situación de excepcional apoyo sistémico se refleja en el hecho de que ningún banco español tiene actualmente una calificación de deuda a largo plazo inferior a Baa3 (es decir, todos se encuentran en la categoría de grado de inversión)", explica Maria Cabanyes, analista de Moody's para el sistema financiero español.

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AFI estima que la morosidad de la banca es tres puntos mayor
cotizalia.com - 13 de octubre de 2009
 
mayor de la declarada

No sólo los analistas y bloogers internacionales recelan de las cuentas de los bancos españoles. Una firma a la que no se puede acusar de no conocer el sector, Asesores Financieros Internacionales (AFI), también ha mostrado sus reticencias ante unas cuentas demasiado buenas para el actual entorno económico. De hecho, analiza los 'trucos' que están empleando bancos y cajas para mejorar las cuentas y concluye, por un lado, que son insostenibles, y por otro, que la morosidad real del sistema está tres puntos por encima de la declarada.

Dos son los elementos principales que explican estos buenos resultados: un margen financiero disparado y unas dotaciones muy inferiores a las necesarias. En el primer caso, detrás está la estrategia de carry trade que consiste en tomar prestada liquidez de la barra libre del BCE al 1% e invertirla masivamente en deuda pública, que ofrece en torno al 4%, con lo que las entidades ganan la diferencia. Los bancos han asumido el 49% de la nueva deuda pública emitida en España. Además, están los suelos (floors) de las hipotecas, que hacen que los intereses no bajen de un cierto nivel aunque el Euribor siga bajando, lo cual también sostiene los márgenes.

En cuanto a las dotaciones, la adjudicación masiva de activos -básicamente ladrillos- que alcanza ya 30.000 millones, y las refinanciaciones masivas a las inmobiliarias aunque sean inviables (los créditos zombie), han contenido la tasa de morosidad y, en consecuencia, requieren menos provisiones. No hay que olvidar que el Banco de España sólo exige provisionar un 10% del valor de tasación de los inmuebles adjudicados -quiso imponer el 30% pero cundió el pánico en el sector- y que ese valor de tasación es muy laxo. También está ayudando la relajación de los requisitos de provisiones para los créditos morosos adoptada por el supervisor.

De ahí se deriva que la morosidad real, si se incluye esta adjudicación de inmuebles a la fuerza, sea mucho más alta que la publicada. Así, la tasa de mora real de las cajas alcanzaría el 7,9% frente al 5% oficial al cierre del primer semestre, y la de los bancos estaría en el 6,6% en vez de en el 4%.

En todo caso, estas prácticas son insostenibles en el tiempo. La liquidez ilimitada del BCE tiene fecha de caducidad y la favorable curva de tipos actual lo será menos en el futuro cuando suban los tipos oficiales. Además, las mayores necesidades de financiación para atender a los vencimientos de deuda obligarán a las entidades a emitir deuda y a captar más depósitos, en ambos casos con un mayor coste que el actual, lo que también presionará los márgenes. Por otro lado, los bancos no pueden seguir comiéndose ladrillos y refinanciando inmobiliarias inviables eternamente. Y como la crisis no tiene visos de remitir en España, las condiciones para el sector van a empeorar notablemente.

2010: terrible pero no mortal

La entidad que preside Emilio Ontiveros se apunta a la tesis generalizada de que 2010 va a ser un año terrorífico para la banca. La morosidad alcanzará un 7,2% con los criterios oficiales, pero la real llegará al 11,3% para el conjunto del sistema. Se centrará en el crédito a constructoras y promotoras, para el que espera una mora del 12,5%, pero también se incrementará sustancialmente en el crédito empresarial y al consumo.

Respecto a los márgenes, la subida de tipos y el encarecimiento de la financiación no podrán ser compensados con los mayores diferenciales de los créditos, puesto que espera una caída del volumen de préstamos del 6%. Su previsión para el margen financiero es de una caída del 22% en el conjunto del sistema, y eso contando con los suelos hipotecarios. Tomando un escenario de estabilidad o ligeramente negativo en comisiones y operaciones financieras, el beneficio antes de dotaciones caerá el 34,4% (el 38,4% en las cajas).

Pese a todo, AFI concluye con una nota positiva: la provisión genérica y las extraordinarias dotadas este año darán al sistema margen suficiente para evitar entrar en pérdidas, aunque no las descarta en entidades puntuales. Espera una pérdida esperada (no toda la mora se pierde) del 5,4% del crédito total, lo que podría absorberse con las provisiones específicas y genéricas y los resultados, sin necesidad de afectar al capital. Eso sólo ocurriría si la morosidad o la pérdida esperada son mucho mayores de lo previsto.

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Trampas de las subastas a la baja de pisos expulsa a Tulipp
idealista.com - 06 de noviembre de 2009
 
 
tulipp, empresa pionera en organizar subastas a la baja de casas en españa, abandona el negocio. la firma se ha visto obligada a tomar esta decisión tras el fracaso de sus eventos en los que apenas consiguieron vender viviendas pese al impacto mediático con el que contaban. jorge zanoletty, director general de tulipp, reconoce a idealista news que parte del fracaso se debe a que los vendedores hacían generalmente trampas al fijar los precios inflados de salida y mínimos

las subastas de pisos a la baja (o inversas) comenzaron a ponerse de moda en españa de la mano de tulipp a finales de 2007. en ellas, los vendedores ponían un precio de salida a sus inmuebles que iba bajando progresivamente hasta que algún comprador decidía quedarse con el inmueble o hasta que bajase a un precio mínimo pactado previamente con el vendedor. los organizadores, que en algunos eventos incluso calificaron el método de la "subasta perfecta" aseguraban que los compradores podrían adquirir “casas a precios asequibles con descuentos de hasta el 30%”

sin embargo, todo ha resultado ser una farsa. idealista news ha comprobado como por ejemplo en el evento de mayo de 2008 en madrid se subastaron a la baja varias viviendas con un precio de salida inflado en decenas de miles de euros. en algunos casos detectados se llegó a sacar una vivienda con un trastero asociado en vellón (madrid) por un precio de salida de 285.200 euros. esa misma casa se vendía entonces en idealista.com por 244.588 euros, un precio que además incluía dos trasteros. Es decir, en dicha subasta a la baja se vendía la casa por 40.612 euros más (un 16,6%) y un trastero menos respecto al precio al que se anunciaba en idealista.com. idealista news ha llegado a detectar precios de salida hasta un 20% superiores

curiosamente, el diario el mundo elaboró un video sobre estos actos en los que siguió uno de estos pisos y gracias al cual podemos demostrar que los precios estaban inflados. en concreto, en el video se puede ver cómo sale a subasta a la baja un piso en la zona de sol (madrid) con un precio de inicio de 300.000 euros. esa vivienda se vendía en esos momentos en idealista.com por 270.000 euros y días después del evento se bajó a 240.000 euros. es decir, si alguien hubiera comprado la vivienda al precio de salida, habría pagado más de un 10% de sobreprecio respecto al precio al que se vendía el piso sin necesidad de subasta

idealista news ha interrogado a zanoletty por esta práctica detectada en sus subastas y ha reconocido que ésa ha sido precisamente una de las razones por las que ha abandonado el negocio de las subastas a la baja para pasarse al de subastas al alza. El organizador, que cobraba hasta 600 euros por inscribir el inmueble en la subasta y hasta un 3% de la operación si se vendía la casa, ha reconocido que los vendedores inflaban el precio. en algunos casos incluso fijaban un precio mínimo igual al que tenían en ese momento el inmueble a la venta, con lo que los supuestos descuentos de hasta el 30% que anunciaba tullip eran falsos

según el dirigente de tulipp, ellos no podían obligar al vendedor -al que califica de tramposo- a poner un precio de reserva determinado. “nosotros no podíamos controlar el precio. era el vendedor el que se tenía que dar cuenta de que no puede inflar el precio de salida de la casa y poner un precio mínimo equivalente al precio de mercado. a mi esto me parecía fatal”, asegura. No obstante, asegura que si veía precios demasiado inflados no los admitía. idealista news ha contactado con otros organizadores de subastas a la baja que asegura que usaban los portales inmobiliarios para comprobar que el precio de salida de sus inmuebles era el mismo y garantizar así descuentos a los posibles compradores

no controlar los precios de salida sería uno de los motivos por los que el saldo de ventas en este tipo de subastas ha sido paupérrimo (apenas unas decenas según zanoletty), ya que “era imposible casar el precio que pedía el promotor para vender con el precio que pedía el comprador, que espera rebajas del 50%”. otros expertos aseguran que el público español no está preparado para este método de venta

tulipp se pasa a las subastas al alza

zanoletty, que señala que las subastas a la baja han tenido un “éxito relativo”, asegura que ni promotores ni entidades financieras confían en las subastas a la baja y que prefieren las pujas al alza, como las que organizan cb richard ellis, bnp paribas real estate o caja madrid, entre otras

por eso, en la actualidad tulipp está inmersa en la organización de la próxima subasta al alza para principios de 2010. para ello está poniéndose en contacto con diversas entidades financieras (no con promotores) y ya ha firmado un acuerdo de colaboración con las redes de franquicias inmobiliarias look&find y remax

sin embargo, los juzgados de las ciudades están repletos de subastas de viviendas, que curiosamente no se están vendiendo. muchas quedan desiertas y los expertos aseguran que años atrás vieron cómo mucha gente se enriqueció, pero que ahora los chollos han desaparecido de estos eventos porque muchas viviendas salen a precios de la hipoteca que deben sus dueños, que fueron concedidas a precio de burbuja y que por lo tanto tienen aún unos precios de salida altos

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¿Va a hipotecarse? No se fíe de la situación actual euribor
eleconomista.es - 02 de noviembre de 2009
 
 
Cierre de mes y el euribor por los suelos. Pero los expertos no creen que pueda excavar mayor profundidad. Cuidado, por tanto, si firma hipoteca ahora. Lo normal es que el indicador no esté tan bajo, lo que le obliga a hacer números para evitar sorpresas futuras.

"El euribor ha alcanzado su suelo". Así lo cree José Luis Martínez, estratega de Citi y junto con él muchos expertos más. El cierre de octubre regala otro mínimo, 1,243 por ciento, sumando trece meses consecutivos de descenso, y es posible que se mantenga en ese entorno el resto del año. Un escenario especialmente dulce para firmar una hipoteca. Pero, cuidado, porque el caramelo puede estar envenenado. Y es que ahora, con estos precios, comprometerse veinte años (o más) con el banco conlleva un enorme riesgo.

No hay más que echar un vistazo a cómo cerró el euribor hace hoy un año: 5,248 por ciento, es decir, nada menos que 400 puntos básicos por encima del nivel actual. Si tomamos como ejemplo un hipoteca de 150.000 euros contratada a 20 años con un diferencial del 0,80 por ciento, la cuota a pagar hoy suma 758 euros. Tal día como hoy, pero del año pasado, ascendía a 1.078 euros. La rebaja es notable, de un 30 por ciento, pero como resulta obvio la tortilla puede darse la vuelta.

El mejor consejo es hacer números y pensar qué parte de su sueldo tendrá que destinar a la hipoteca en entornos de euribor del 3 y 4 por ciento, una referencia más creíble de los intereses que va a pagar durante la vida del préstamo. Por lo pronto, y a corto plazo, algunos expertos ya vaticinan que el Banco Central Europeo subirá el precio del dinero el año que viene en 50 puntos básicos, del 1 al 1,5 por ciento, lo que tendría una repercusión inmediata en el euribor.

Por todo esto es básico que se cerciore de que al menos un 60 por ciento de los ingresos mensuales que percibe la unidad familiar no están comprometidos en el pago de la hipoteca, como recomiendan todos los expertos. Es más, debido al sobreendeudamiento de muchas familias que ha llevado a un aumento de la tasa de morosidad bancaria, las entidades miran ahora sí, con lupa, el grado de solvencia de los clientes a los que conceden estos préstamos. Y están estableciendo que más allá de un conservador 30 por ciento de porcentaje de ingresos dedicado a pagar la cuota hipotecaria ya es suficiente como para considerar que el hipotecado está incurriendo en un riesgo. Anticípese, practique con un simulador (en las webs de todos los bancos) y haga números.

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Más de 900.000 hogares han dejado ya de pagar su hipoteca
cotizalia.com - 22 de octubre de 2009
 
o los recibos de la luz

La recesión aprieta. Y lo hace cada vez con mayor intensidad. Hasta el punto de que, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 900.000 familias se han convertido ya en morosas por no estar en condiciones de atender sus recibos relacionados con la vivienda. Es decir, la hipoteca, la luz, el gas o los gastos de comunidad. En concreto, y según se desprende de la última Encuesta de Condiciones de Vida, el número de hogares con pagos pendientes (sin tener en cuenta los préstamos al consumo o cualquier otra clase de crédito personal) asciende a 901.300, lo que significa el 5,4% de los 16,5 millones que hay en España. Los datos se refieren al segundo trimestre de 2008, es decir, al comienzo de la crisis, por lo que si se actualizaran las cifras los resultaos serían todavía peores.

Igualmente, otras 344.500 familias se han retrasado en el pago de algún recibo no vinculado directamente con la vivienda (teléfono, educación o gastos sanitarios). Es decir, que la morosidad afecta a 1,24 millones de hogares, lo que representa que una de cada trece familias ha dejado de pagar algún recibo. Pero es que si se suma el número de hogares con tarjeta de crédito que no ha podido satisfacer la deuda, habría que hablar de otros 322.700 familias en números rojos por problemas económicos.

Los datos de Estadística ponen igualmente de manifiesto que no se trata de pequeñas deudas contraídas con el banco o la comunidad de propietarios por problemas de liquidez. Todo lo contrario. Nada menos que el 35,3% de los hogares acumulan fallidos que representan más del 10% de los ingresos mensuales del hogar. Es decir, que en caso de que decidieran ponerse al día los deudores tendrían que hacer un fuerte ajuste en su capacidad de gasto.

¿Quiénes son los más morosos?

La encuesta del INE ofrece, igualmente, otra información que a priori puede resultar sorprendente. Las familias más morosas son las que tienen a todos sus activos ocupados (el 60% del total), mientras que la morosidad afecta a sólo el 10% de los hogares en los que todos sus miembros se encuentran en situación de inactividad. En este caso, la explicación tiene que ver con el hecho de que las familias donde trabajan todos sus miembros tienen mayor propensión al consumo, y por lo tanto al endeudamiento, por lo que sus probabilidades de incurrir en fallidos son mayores. El retrato robot del moroso sería un hombre con una edad comprendida entre 30 y 44 años. Sin embargo, es especialmente preocupante la situación de las mujeres situadas dentro de ese segmento de edad, toda vez que en nada menos que el 43,6% de los hogares en las que las mujeres son la persona de referencia (cabezas de familia) el total del pago pendiente representa más del 10% de los ingresos mensuales del hogar. Es decir, que se encuentran en una clara situación de sobreendeudamiento.

Para hacerse una idea de lo que representa la morosidad de las familias hay que complementar la información que suministra la Encuesta de Condiciones de Vida –probablemente el mejor instrumento estadístico para conocer la realidad española- con los datos del Banco de España. Y el resultado es que en el segundo trimestre de este año (últimos datos publicados) el volumen de impagos de los hogares (sin contar las empresas) alcanza los 23.418 millones de euros. De esta cantidad, algo más de 19.600 millones corresponden a préstamos destinados a la adquisición o rehabilitación de viviendas y el resto a la compra de bienes de consumo duraderos. No todo es endeudamiento. Los datos del INE reflejan que prácticamente la mitad de los hogares (el 48,9%) no debe ni un solo euro a los bancos. Es decir, que más de ocho millones de hogares no tienen vivo ningún préstamo. En este caso, la dispersión es enorme. Mientras que en el caso de los hogares cuyos miembros tienen más de 65 años el 85,4% no debe nada a nadie, tan sólo el 22,9% de las familias con edades comprendidas entre 30 y 44 años no tiene contraída ninguna deuda.

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La tasa de morosidad llega a niveles de 1996
swissinfo.ch - 16 de octubre de 2009
 
El volumen de los créditos dudosos en España creció en unos 3.171 millones de euros en agosto hasta los 85.842 millones de euros y el índice de morosidad se situó en el 4,84 por ciento frente (4,63 por ciento en julio), su nivel más alto desde octubre de 1996, según datos del Banco de España publicados el viernes.

El incremento de la morosidad se vio acompañado de una contracción del volumen total de créditos de las entidades financieras, que se redujo en unos 11.000 millones de euros a 1,774 billones.

En los bancos, los créditos dudosos crecieron en agosto en unos 1.750 millones de euros hasta 34.053 millones de euros, con una tasa de mora del 4,41 por ciento, frente al 4,14 por ciento de julio.

En las cajas de ahorro, la morosidad subió en agosto en unos 1.300 millones de euros a 47.165 millones de euros y la tasa de morosidad aumentó al 5,34 por ciento (5,18 por ciento en julio).

Por su parte, en las cooperativas (cajas rurales) el saldo de créditos dudosos subió en unos 100 millones de euros a 3.623 millones de euros, con una tasa de mora del 3,77 por ciento desde el 3,65 por ciento de julio.

El Banco de España publicó también los datos de los establecimientos de crédito y emisoras de tarjetas, cuyos créditos dudosos bajaron ligeramente a 4.440 millones de euros pero la tasa de morosidad se mantuvo en el 9,26 por ciento.

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Pisos 'envenenados' para las cajas
El País - 02 de noviembre de 2009
 
Hasta la mitad de las viviendas con que se quedan las entidades están sin terminar - Las casas requieren importantes inversiones antes de volver al mercado

"No hay nada peor que tener que quedarse una promoción inmobiliaria a medio hacer. Es largo, penoso y caro", comenta Tomàs Moreta, subdirector general de Caixa Manlleu. Las cajas catalanas están animando el castigado mercado inmobiliario al inundarlo de pisos de clientes hipotecados que los acabaron cediendo a su entidad financiera. Pero no todas las viviendas y los solares que se están adjudicando las cajas ante la imposibilidad de que sus dueños paguen su correspondiente hipoteca permiten sacarles tajada de inmediato, vendiéndolos o alquilándolos. Muchos de esos activos inmobiliarios están a medio construir y, en algunos casos, suponen un 40% y hasta un 50% del total.

La proporción de "activos inacabados" del total que está pasando a manos de las entidades financieras varía caso por caso y es difícil de sumar con rigor: se trata de un cajón de sastre en el que se mezclan viviendas a punto de terminar, a las que sólo falta un empujoncito, con estructuras apenas comenzadas que no vale la pena acabar, y solares desangelados y otros a medio desarrollar, sin contar los trasteros, plazas de aparcamiento, almacenes o locales comerciales. Es un cajón de sastre en el que, además, unos suman los activos gestionados por sus inmobiliarias o cogestionados con socios promotores y otros no.

El producto inacabado no es mayoría, pero las cajas admiten que les obligará a invertir un pellizco más en el ladrillo, para completarlo y poderlo sacar al mercado. Ya ahora, con su oferta, las cajas se han convertido en los principales dinamizadores del mercado inmobiliario.

"Nosotros calculamos que requeriremos una inversión de 80 millones de euros para acabar las obras", explica con transparencia Enric Venancio, fichado como primer ejecutivo de Revàlua, el nuevo grupo inmobiliario de Caixa Penedès, que cuenta con una cartera de 1.500 inmuebles que incluyen 1.000 viviendas. Esta caja lleva invertidos ya 600 millones de euros en adjudicaciones de pisos y otros activos inmobiliarios, que se suman a otros 200 millones que corresponden a proyectos que la entidad desarrolló con otros socios; en total, 800 millones. El producto acabado representa la mitad. Pero, de la mitad restante, no siempre vale la pena terminar lo que está a medias.

"Si una vivienda está hecha al 70%, hay que acabarla", sentencia Venancio, que alerta además de la inversión extra necesaria que las entidades deben realizar para evitar "problemas de seguridad": los solares y estructuras a medias, e incluso las promociones terminadas, son a menudo ocupadas, y más con la crisis. Revàlua, que en su portal llama a los ususarios a contraofertar con el precio, alardea de que apenas tiene segundas residencias típicas de costa, "como, por proximidad geográfica, pueden tender a tener en Girona o Tarragona".

Caixa Terrassa y Caixa Sabadell, dos cajas medianas destinadas a fusionarse con las de Girona y Manlleu, coinciden en que un 40% de las viviendas que se han adjudicado no están acabadas: en el caso de la de Terrassa, que hasta septiembre invirtió en inmuebles 373 millones de euros, son 679 viviendas en curso, frente a las 1.006 unidades del todo terminadas, y en el caso de la de Sabadell, que hasta el mes pasado había desembolsado 502,9 millones, son 1.728 unidades inmobiliarias. Estas últimas cifras corresponden tanto a activos de su inmobiliaria Provasa como a promociones que la caja se ha quedado de particulares o de promotores que no pueden pagar.

En ambos casos predominan las primeras residencias y la obra nueva, más fáciles de comercializar ante la inundación de oferta que ha estallado con la crisis.

"De todos los pisos terminados, el 40% ya los hemos alquilado: eso es sacarle rendimiento rápido, igual que hemos vendido ya un centenar de pisos adjudicados y de ellos hemos sacado 20 millones", subraya la entidad que dirige Enric Mata. Caixa Sabadell, dirigida por Jordi Mestre, por su parte, ha puesto en marcha un programa de viviendas en alquiler con la posibilidad de que el arrendatario se lo acabe quedando, con descuentos del 80% de las rentas pagadas si sólo espera dos años para quedárselo.

Caixa Catalunya, que sólo en 2008 se quedó con activos inmobiliarios por un importe de 600 millones, nada en la abundancia de pisos, como acredita el enorme pabellón que ha ocupado estos días en el Barcelona Meeting Point (BMP). La segunda gran caja catalana cuenta con una cartera aproximada de 4.000 viviendas, la mitad de ellas en alquiler, y considera que con rebajas de precios de entre el 20% y el 30% ya hay cebo suficiente para el cliente potencial.

La entidad se resiste a explicar qué proporción de viviendas tiene por terminar. Pero el factor clave que determinará que se rasque el bolsillo y las acabe o no "no será tanto si las obras están o no avanzadas como el grado de saturación de oferta que haya en la zona: si hay mucha, sería una locura hacer más pisos", dice.

En el caso de Caixa Tarragona, mucho más pequeña que Caixa Catalunya pero que a 30 de junio ya se había quedado con 2.000 inmuebles por un importe de 220 millones de euros, la parte inacabada representa el 20% del total.

Caixa Manresa, cuya inversión en compras de inmuebles en el primer semestre fue de 92 millones, tiene sin acabar dos promociones de un total de 28. "Pero las obras están avanzadas, hechas en un 73%, de modo que, para recuperar el dinero, acabaremos los inmuebles". En el caso de Caixa Laietana, con 972 fincas a sus espaldas (a 30 de junio) y una inversión acumulada en esaa fecha de 140 millones, el 9,3% de las viviendas están por terminar. "Siempre que se pueda, debemos acabarlas", señala la entidad de Mataró, que destaca el predominio de la primera residencia en su cartera.

La mayoría de las cajas ha duplicado, triplicado o incluso cuadruplicado la adjudicación en inmuebles en seis meses. En el caso de la más pequeña de todas, Caixa Manlleu, entre diciembre y junio el salto fue de de 59 a 116 inmuebles, y en dinero, de ocho a 17 millones. "La construcció no acabada que tenemos es residual", comenta Moreta.

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La Banca española tendrá que digerir más de 100.000 casas
ABC - 13 de octubre de 2009
 
 
embargadas, antes de fin de año. El sector inmobiliario teme que las entidades inunden el mercado y «tiren» los precios para colocar su «stock»

La crisis financiera amenaza con llevarse por delante el «statu quo» del sector inmobiliario, ante el creciente peso que la banca está adquiriendo sobre esta actividad. Ya no se trata de que las entidades deciden que inmobiliaria entra en concurso y qué grupo logra salir de la suspensión de pagos, sino que los crecientes impagos han engordado sus despensas de «ladrillo» de tal forma que se han convertido ya en un competidor más dentro de este maltrecho mercado. Según los datos que maneja el sector y a los que ha tenido acceso ABC, las entidades financieras que operan en España intentaban digerir a cierre de 2008 más de 60.000 viviendas requisadas a sus propietarios por valor de más de 7.800 millones. Para este año, la agudización de la crisis económica hace temer que estas cifras se dispararán hasta superar las 100.000 casas en manos de la banca a final de año. No en vano, el Consejo General del Poder Judicial prevé que a lo largo del presente ejercicio se produzcan 76.463 nuevas ejecuciones hipotecarias. Con esta estimación, el capital inmovilizado en activos embargados rozará los 10.000 millones a cierre del año.

El 10% del mercado

La exposición total del sector financiero al «ladrillo» crece, no obstante, hasta los 20.353 millones incluyendo los activos que la banca tiene en propiedad para uso corporativo, según los datos que maneja el Banco de España. Un importe el 3% superior a los 19.821 millones que esta cartera alcanzaba tan sólo seis meses antes y casi el doble de los 10.995 millones que la banca totalizaba en activos inmobiliarios en 2003 (ver gráfico).

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda estima el «stock» total en 613.000 viviendas, las entidades financieras tienen ya en sus manos alrededor del 10% de la oferta inmobiliaria, un porcentaje capaz de marcar condiciones y precios dentro del mercado de vivienda nacional.

En esta línea, fuentes del sector inmobiliario explican que la cantidad de viviendas embargadas por las entidades financieras amenaza con convertirse en un problema adicional para las promotoras y agencias a las que el descenso de los precios y la paralización de las operaciones tiene casi asfixiadas.

El temor fundamental es que las necesidades de liquidez de las entidades les acaben llevando a colocar las casas a un precio muy inferior al coste de mercado, ya que pueden ofertar casas a tan sólo el importe pendiente de pago de cada inmueble, lo que dejaría fuera de competencia a buena parte de los promotores y las agencias inmobiliarias.

Más agresividad

La preocupación no es infundada. Desde el sector bancario se asegura que el principal interesado en que no se desplome aún más el mercado inmobiliario es el propio sistema financiero dada su elevada exposición a esta actividad, por lo que se afirma que la cautela primará en su nuevo negocio inmobiliario.

Sin embargo, también se reconoce que en las últimas semanas algunas inmobiliarias creadas por bancos y cajas para acelerar la colocación de sus activos del «ladrillo» han elevado la agresividad de sus estrategias de venta. Por un lado, han comenzado a ofrecer descuentos más agresivos que llegan a superar el 30%. Por otro, apuntalan esta rebaja con ventajosas condiciones de financiación para el que compre este tipo de inmuebles.

La prueba de ello quedó patente el pasado septiembre durante la celebración del primer salón «outlet» para vivienda residencial en el que, según las cifras de los organizadores,Caja Madrid y Caixa Catalunya con 100 y 50 ventas, respectivamente, lideraron la colocación de casas a mucha distancia de las promotoras y agencias inmobiliarias allí presentes, entre ellas Hercesa, con 39 transacciones, fue la que tuvo mayor éxito.

No en vano, con el precio de estos activos en franco retroceso, las casas en «stock» pierden valor a cada día que pasa y de ahí el objetivo de la banca de colocar sus embargos lo más rápido posible. Un movimiento que, a su vez, puede generar una presión adicional sobre el precio de los inmuebles si se presenta un gran volumen de oferta en un corto espacio de tiempo. La competencia está servida.

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El estado de la banca que no revelan las agencias
El Mundo - 18 de octubre de 2009
 
El deterioro de las entidades se mide por la proporción entre provisiones e ingresos. Éste es el verdadero 'ranking'

La agencia de calificación Moody's extendió el pasado martes un halo de sospecha sobre el conjunto del sistema financiero español, al que atribuyó unas pérdidas de 108.000 millones de euros. Pero no repartió esa lotería por entidades y a nadie se le escapa que no todas viven la misma situación. Hay indicadores, sin embargo, que ponen en evidencia a las entidades con mayores dificultades. Uno de ellos es el daño (provisiones) que hacen los activos morosos sobre los ingresos (margen de intereses) de bancos y cajas. No hay un solo directivo que no siga con suma atención la evolución de este ratio, clave para la sostenibilidad de los beneficios.

La conclusión, según datos públicos de bancos y cajas, es que hay una quincena de entidades que dedican a provisiones por sus activos tóxicos más de la mitad de lo que ingresan por el negocio típico bancario, el de captar depósitos y prestar dinero.

Hay una salvedad. Los datos públicos no discriminan entre dotaciones voluntarias y las ligadas a créditos morosos, lo que da pie a algún dato disparatado pero que tiene explicación. Por ejemplo, que al Banco Pastor sus provisiones equivalgan al 148% de su margen de intereses, o que a Bancaja le representen el 100%.

Ambas entidades han obtenido notables plusvalías este año derivadas de desinversiones y las han metido en el cajón de las provisiones. Pero descontando ese efecto, el Pastor aparece como el peor de los bancos junto al Popular, y Bancaja se sitúa en la parte alta de las cajas de ahorros. Su morosidad también está por encima de la media de sus competidores.

El conjunto de cajas de ahorros dedicó a provisiones 6.319 millones de euros en el primer semestre del año. En ese mismo periodo, su margen de intereses (la diferencia entre lo que paga por los depósitos y cobra por los créditos), que es el ingreso más recurrente para un banco o caja, ascendió a 10.887 millones de euros.

Es decir, las provisiones se comen el 58% de los ingresos más recurrentes. En el caso de los grandes bancos (Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Banesto y Bankinter), la cifra es sensiblemente inferior y ni siquiera supera el 40%.

En concreto, estos bancos dedicaron a provisiones entre enero y junio 8.840 millones de euros, apenas el 39,4% de un margen de intereses de 22.417 millones.

La prueba más relevante de la importancia de esta rúbrica la otorga Caja Castilla-La Mancha. La entidad, intervenida por el Banco de España, dedicó a cubrir la morosidad casi el doble de lo que supuso su margen de intereses del primer semestre. La consecuencia es inmediata: pérdidas.

La siguiente entidad que presenta peores cifras es Caja España, la caja de ahorros que tiene el dudoso honor de tener la mayor morosidad del sistema financiero, sin contar la de su competidor intervenido. Las provisiones de la entidad leonesa, de 234 millones de euros, superaron hasta junio sus ingresos más recurrentes, de 218 millones. Caja España está inmersa en un proceso de fusión con Caja Duero y Caja Burgos, que presentan cifras algo mejores que las suyas (48% y 31%, respectivamente).

No es la única en apuros. La alicantina CAM, Caixa Girona, La Caixa (hay un efecto de provisiones extraordinarias), Caja Círculo, Caixa Catalunya, CajaSur, Caixanova, Caixa Penedés, Caja Madrid, Caja General de Canarias y Caixa Galicia ven evaporarse más de la mitad de su margen de intereses por las provisiones derivadas del deterioro de sus activos.

Entre los bancos, además del Pastor, sólo el Popular supera ese límite, y también ha hecho provisiones voluntarias este año.

Si se mira la clasificación en sentido inverso uno se encuentra con las cajas de ahorros que están jugando un papel «proactivo», como decía esta misma semana uno de sus presidentes, en la reordenación del sector. Dicho de otra forma, las entidades a las que las provisiones hacen menos daño en sus ingresos están en primera línea de salida para rescatar a sus competidores más castigados por la crisis.

Así, Unicaja, que está en plena operación de salvamento de la cordobesa CajaSur, dedica a provisiones el 39% de su margen de intereses.

Y entre las cajas que aparecen en las quinielas para participar en la subasta por CCM, los datos son aún mejores que los de la caja malagueña. Así, las provisiones apenas representan el 20% de los ingresos recurrentes de Caja Murcia, el 27,5% en Cajastur, el 12,9% en Ibercaja o el 28% en la BBK.

Cada vez es más evidente que es un error generalizar sobre un sistema financiero en su conjunto, como hizo Moody's, y que se hace necesario un análisis individual de las entidades, porque no todas pueden entrar en el mismo saco.

En los grandes bancos, sin ir más lejos, el peso de las provisiones apenas alcanza el 38% en el Santander y el 32% en el BBVA, aunque probablemente las cifras subirán por las milmillonarias dotaciones voluntarias que harán ambos grupos. Pero es que Bankinter está en el 27% y Banesto en el 20%.

El propio Banco de España ya resaltó el pasado mes de mayo la necesidad de diferenciar entre entidades. Fue entonces cuando dejó de hablar de la salud del conjunto del sistema y apuntó que unos lo habían hecho peor que otros.

En estos días, en el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez se ultima la elaboración de un nuevo informe sobre la estabilidad financiera de la banca nacional, que verá la luz a inicios de noviembre.

En él, según indican fuentes conocedoras de su contenido, se incidirá en dos mensajes: por un lado, que la realidad de las entidades es bien distinta entre unas y otras; por otro, que aunque el sistema ha aguantado hasta la fecha, las estrecheces de las cuentas de resultados serán mucho mayores en los próximos trimestres.

El problema para las entidades que hoy viven más ajustadas es doble. Por un lado, la morosidad, que ya roza el 5%, va a seguir creciendo y hay quien la ve en el 8% a final de año. Por otro, el margen de intereses caerá «de forma inexorable y contundente» en 2010, según apunta el presidente de uno de los principales bancos.

Cuando los créditos, sobre todo los hipotecarios, se adapten en su conjunto a la evolución del Euribor, se producirá un desplome de los ingresos por intereses de la banca. Por ejemplo, un crédito hipotecario que se renovó en octubre del pasado año a más del 5%, ahora se ajusta a poco más del 1%.

Y aunque la banca esté haciendo un esfuerzo por cobrar más caros los nuevos créditos, éstos son pocos en comparación con el stock existente como para lograr un efecto notable.

Mientras tanto, la morosidad sigue su ascenso y las provisiones aparejadas a estos créditos tóxicos llegan ya a los 52.500 millones de euros. Sólo entre enero y agosto bancos y cajas han dedicado más de 8.000 millones de euros a cubrir los créditos dudosos.

En el primer semestre del año, las cajas ganaron 3.445 millones de euros (-32%), mientras que los bancos se anotaron 8.551 millones (-12%). El 75% de esta cantidad la aportaron Santander y BBVA.

El sector hizo bien en denostar el informe publicado por Moody's el martes. Pero eso no impide que tanto la patronal bancaria AEB como, sobre todo, la de las cajas (CECA), hayan dado instrucciones precisas y contundentes a sus asociados de que se preparen para lo peor. No hay banquero al que se consulte que no admita que los mayores problemas se sufrirán en 2010, y el año tiene 365 duros días.

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El alivio de la carta del Banco de España

Si las entidades españolas van a poder aguantar en parte el golpe de la crisis se lo deberán a la carta que les envió el Banco de España el pasado 13 de julio reinterpretando las provisiones que se han de hacer por los créditos morosos, en particular los inmobiliarios (que serán menos dañinos) y los de préstamos al consumo (que se endurecen).

Gracias a esa misiva, las entidades se están ahorrando centenares de millones de euros en provisiones. El Santander, por ejemplo, reconoció a finales de julio que su ahorro rondaría los 300 millones de euros. Bankinter, el pasado viernes, lo cifró en su caso en 55 millones de euros. Estas cifras, extrapoladas al conjunto del sistema, evidencian el notable alivio que el cambio de criterio del regulador va a suponer para el sector.

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España condenada a deflacción:Salida euro sería catastrofica
invertia.com - 31 de octubre de 2009
 
Condenados a la rebaja salarial o a la emigración. Ante la imposibilidad de un cambio a corto plazo del anquilosado modelo productivo español, la “devaluación interna”, a decir de Krugman, se vislumbra como la única salida de la recesión ante el “chaleco de fuerza” que supone el euro, cuya devaluación se antoja harto improbable. ¿Ha sido el euro beneficioso para España? ¿Qué sucedería si España saliera del euro y se refugiara en una devaluada peseta?

La crisis económica, que ha hecho de España una de sus víctimas propiciatorias, ha abierto el debate sobre la conveniencia de permanecer dentro de la moneda única europea. El premio Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman, -que no considera en ningún caso la salida de España del euro- ya apuntaba en un artículo el pasado enero que la pertenencia a la moneda común estaba resultando perjudicial para nuestro país.

Esta semana, el economista estadounidense incidió en la misma cuestión al señalar que el euro “plantea problemas graves para regiones deprimidas de Europa como España”. Krugman redujo las alternativas para España a una sola: una fuerte “devaluación interna”, con recortes de salarios y precios.

Existe otra posibilidad: el abandono del euro y someter la nueva moneda a una devaluación competitiva. La salida del euro sería una catástrofe para España. Roberto Ruiz, jefe de Estrategia de Wealth Management Research de UBS se muestra contundente. Ni siquiera una devaluación competitiva de la moneda surtiría el efecto deseado de reactivación de las importaciones. La salida de la divisa única tendría que hacerse de manera unilateral ya que, como recuerda el responsable de UBS, “no hay ningún mecanismo que permita a ningún país ser expulsado del euro”.

Ganar competitividad es el único argumento para el abandono de la moneda europea. Sin embargo, el panorama resulta sombrío a la luz de las cifras. “Tres de cada cuatro partes de nuestras exportaciones van dirigidas a la Unión Europea”, señala Roberto Ruiz. Los aranceles que impondría la UE reducirían drásticamente las ventajas del tipo de cambio de divisa.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA COLAPSARÍA

“España debe tanto dinero en euros que el conjunto de la economía se derrumbaría”, insiste Ruiz. “Los bancos españoles deben a otros bancos europeos y al BCE más de 400.000 millones de euros”. Así, un devaluación del 25% de la nueva moneda dispararía en 100.000 millones de euros más la deuda. “El sistema bancario español se volatizaría”. El colapso también alcanzaría a las empresas españolas, cuyos préstamos en bonos emitidos suman más de 100.000 millones de euros. La catástrofe se extendería como una epidemia por el tejido financiero europeo. “La banca alemana, que tiene créditos a bancos y empresas españoles por unos 240.000 millones de euros, quebraría por la quiebra de las entidades españolas”, relata Roberto Ruiz. “Somos muy dependientes y clientes del exterior”.

La mejora del déficit exterior apenas se notaría. “Las principales exportaciones de España son los bienes manufacturados intermedios; el aumento del coste de las importaciones traería un beneficio muy pequeño”, explica Ruiz. Tan sólo algún sector como el turismo, poco dependiente de las inversiones, podría beneficiarse de una eventual devaluación de la moneda.

MAYORES DIFICULTADES DE FINANCIACIÓN Y FUGA DE CAPITALES

“Estar fuera de la Unión Europea podría poner en peligro el rating de España y elevaría el déficit y la deuda. Se incrementaría el coste de financiación”, opina Juan Ramón Caridad, socio de Atlas Capital.

Caridad tampoco ve pocas ventajas en una salida de la moneda única. “La devaluación competitiva de la moneda podría dar oxígeno a corto plazo y permitiría más flexibilidad en los tipos”. Sin embargo provocaría un “probable aumento de la inflación” que obligaría a incrementar los tipos por encima de los europeos.

Tampoco es una buena opción la salida del euro para Marian Fernández, responsable de Estrategia de Inversis, quien descarta casi por completo esa posibilidad. La experta de Inversis alerta de una revisión a la baja del rating y del peligro de la fuga de capitales. Esta caída del rating afectaría al mercado de la renta fija. Sin embargo, “en la bolsa no hay una repercusión directa por la escasa representatividad de la bolsa con la economía española”. Aún así, Juan Ramón Caridad entiende que “en un primer momento, para el inversor extranjero la bolsa española podría perder atractivo por la divisa”.

¿HA PERJUDICADO EL EURO A ESPAÑA?

Un informe de AIG del año pasado abogaba abiertamente por el abandono del euro. El estratega jefe de Banque AIG, Bernard Connolly, consideraba que la pertenencia al euro no había sido beneficiosa para España en la época de crecimiento y constituye el mayor lastre para la salida de la crisis.

Connolly argumentaba, de manera similar a Krugman, que la pertenencia a la Unión Europea impide una mayor rebaja de los tipos de interés –competencia del BCE-; el límite de déficit presupuestario impuesto por Bruselas constriñe un aumento del gasto público o una rebaja de impuestos que, según el analista de AIG, resultarían convenientes; y una devaluación de la divisa parece impensable.

El último informe anual de la Comisión Europea sobre la moneda única europea revelaba que, desde la adopción del euro, España ha perdido un 20% de su competitividad en precios mientras que Alemania ha ganado el 13%. La actuación del BCE depende mucho más de la evolución de las economías alemana y francesa que de la española, cuya ponderación en el conjunto de la UE es mucho menor que la de las grandes locomotoras europeas.

Así, España se ha visto perjudicada por bajos tipos de interés que han propiciado un endeudamiento masivo cuando convenía una política monetaria más restrictiva. Al contrario, la probable salida de la crisis de Alemania y Francia antes que España, obligaría a una subida de tipos perjudicial para la recuperación española.

Juan Ramón Caridad admite que la política del BCE haya podido ser perjudicial para los intereses de España, aunque recuerda que nuestro país ha gozado de fondos de cohesión y otras ayudas que parecen olvidarse. Asimismo, niega que el euro haya lastrado competitividad a España en relación con Alemania: “Alemania tiene una economía muy diversificada, mientras que España depende mucho más de los bancos y la construcción”. Al contrario, en opinión del experto de Atlas, la pertenencia al euro ha permitido a España una estabilidad en la divisa de la que carecía.

También Roberto Ruiz ve más ventajas en estos años de pertenencia al euro, pese a la dependencia del BCE: “El euro amortigua los choques que han sufrido economías como la de Islandia, Letonia y Lituania”. Marian Fernández también recuerda que las divisas nórdicas sufrieron en la crisis “unas pérdidas enormes” por carecer del cobijo de una moneda como el euro.

El AJUSTE A LA BAJA DE PRECIOS Y SALARIOS, ESCENARIO PROBABLE

Los apocalípticos inconvenientes de una salida del euro dejan a España abocada a una severa devaluación de precios y salarios… o a la inmigración. Otra posibilidad, seguramente la mejor, es un absoluto cambio del modelo productivo. Como señala Marian Fernández: “Lo que hay que hacer en momentos de bonanza es aprovecharlos para hacer reformas estructurales”. Pero cuando la crisis se instaló en la economía no se había acometido reforma alguna.

Así, Marian Fernández señala la necesidad de “un ajuste vía precios”, algo que ya debería haberse producido con más fuerza. La analista de Inversis considera “sorprendente” que no haya llegado una bajada más virulenta especialmente en el sector inmobiliaria.

Los cambios estructurales se han postergado y una solución de este tipo requerirá años. El Gobierno ya apuntó un viraje en el paradigma económico del país. Sin embargo, las principales medidas adoptadas han dirigido un creciente gasto público al sector de la construcción, el tradicional eje de la economía española.

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Bruselas advierte a España de la posición de 'riesgo alto'
El Mundo - 14 de octubre de 2009
 
de las cuentas públicas

Bruselas sitúa a España entre los países con "riesgo alto" en su posición presupuestaria, ya que parte de una situación de desequilibrio -el déficit está ya en el 5,73% del PIB, al tiempo que crece la deuda-, a lo que se suma el previsible incremento del gasto en pensiones y sanidad los próximos años.

Además, el 'agujero' en las cuentas públicas seguirá al alza en los próximos meses, dada la caída de la recaudación. Según las previsiones del Gobierno, este año, el déficit alcanzará el 9,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Así las cosas, la Comisión Europea considera que los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas a largo plazo se han incrementado en los últimos años, por la escalada de los intereses de la deuda y el creciente gasto asociado al envejecimiento de la población.

En el anterior informe publicado por el ejecutivo comunitario, en octubre de 2006, España estaba entre los países de "riesgo medio", gracias a que gozaba de unas finanzas públicas saneadas, pero ya entonces la Comisión aconsejó al Gobierno que adoptara reformas estructurales, sobre todo en el sistema de pensiones.

'Reformas profundas'

Ante este panorama, Bruselas ha pedido a las autoridades españolas "programas ambiciosos de consolidación" para reducir el déficit y la deuda pública y "reformas profundas" en sus esquemas de protección social.

También ha advertido de que, en el caso español, pero también para países como Reino Unido, Irlanda, Grecia y Letonia, es previsible que la crisis económica provoque un empeoramiento adicional de la posición presupuestaria a medio plazo.

El estudio de la Comisión refleja cómo la recesión ha dado la vuelta a la tendencia de consolidación en las cuentas públicas, que llevó a que en 2007 el déficit público medio en la UE se situara en el 0,8% del PIB.

Menos de dos años después, 20 de los 27 Estados miembros tienen un saldo negativo en sus cuentas públicas superior al 3% del PIB que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que ha obligado a la Comisión a abrirles expediente y a reclamar medidas concretas para su corrección.

El ejecutivo de la UE destaca, no obstante, que varios países aprovecharon la fase de expansión para acometer reformas de calado, especialmente en el ámbito de las pensiones.

Cita, como ejemplo, a Hungría y Portugal, que gracias a la política de consolidación presupuestaria y la reforma de las pensiones, han pasado de estar en el grupo de "riesgo alto" para la sostenibilidad futura de sus finanzas públicos al de "riesgo medio".

No obstante, los Estados miembros que gozan de una posición más cómoda son Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia, ya que combinan unas cuentas públicas relativamente saneadas con sistemas de protección social sostenibles a largo plazo. Entre los países que afrontan un "riesgo medio" figuran Alemania, Francia e Italia.

En todos los casos, el ejecutivo comunitario recuerda la importancia de incrementar la tasa de ocupación, con medidas concretas, por ejemplo, para retrasar la edad efectiva de jubilación.

Respecto a la reforma de los sistemas de pensiones, Bruselas no recomienda a los países una estrategia precisa y cita, entre las opciones disponibles, endurecer los requisitos para acceder a una pensión, mejorar la vinculación entre la contribución efectuada y la prestación obtenida y suprimir los incentivos a las prejubilaciones.

Sobre la posibilidad de potenciar los sistemas privados de pensiones, admite que la crisis financiera ha puesto de manifiesto los riesgos asociados a este enfoque y ha reducido el apoyo político y social a la adopción de reformas en ese sentido.

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EE UU supera el centenar de quiebras bancarias
El País - 17 de octubre de 2009
 
 
Que los grandes bancos en Estados Unidos cerraran el tercer trimestre con unos beneficios que desafían la recesión no quiere decir que el sector esté curado. Los problemas se hacen sentir en las pequeñas entidades, donde el deterioro del crédito y el paro se cobraron el pasado viernes siete nuevas víctimas, que elevan a 106 las firmas quebradas e intervenidas en 2009 (131 desde el inicio de la crisis).

Es la primera vez desde 1992 que se supera el centenar de quiebras bancarias en un año. Y el fondo de garantía de depósitos estadounidense (FDIC), que protege los depósitos en 8.195 entidades, ya advierte de que la sangría continuará hasta 2011. Para entonces, los expertos en el sector financiero sugieren que la crisis se llevará por delante a 1.100 bancos.

El FDIC intervino el pasado viernes tres entidades en Florida y una Wisconsin, Georgia, Minesota e Illinois. Georgia, uno de los Estados más castigados por el colapso del mercado inmobiliario, es el que más entidades vio perder desde el inicio de la crisis (20 bancos), seguido por Illinois (17), California (10) y Florida (nueve). La mayor quiebra la protagonizó Washington Mutual hace un año.

Menos crédito

Las primeras intervenciones de la FDIC empezaron en el verano de 2007. Entonces eran las entidades más expuestas al colapso del mercado hipotecario. Pero el problema real empezó en 2008, cuando las restricciones en el crédito entre entidades aceleraron el proceso. Ahora la puntilla la ponen el paro (9,8% de la población activa), los recortes en los sueldos y la contracción inmobiliaria.

Si se materializan las quiebras que augura el sector, el número de entidades bancarias en Estados Unidos se reducirá casi un 15%. Estos bancos, al ser pequeños, representan el 7% de los activos, según datos que maneja CreditSight. La lista de instituciones "problemáticas" de la FDIC superó en el segundo trimestre las 400 entidades. El 13% acaba quebrando.

Estas entidades, conocidas como communities banks, son importantes para la economía de las pequeñas localidades. Pero la situación no es tan dramática como en la Gran Depresión, cuando 9.100 bancos quebraron entre 1931 y 1934. Entonces, el sector quedó reducido en un tercio. En la crisis de finales de los años ochenta desaparecieron 818 bancos.

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Juez admite a trámite una querella contra Banif Inmobiliario
europapress.es - 27 de octubre de 2009
 
 
por la suspensión de los reembolsos

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Activa contra Santander Banif Inmobiliario por las presuntas irregularidades cometidas por la entidad por la suspensión de los reembolsos del fondo hasta 2011, anunciada por el banco el pasado mes de febrero, según el auto dictado el pasado 20 de octubre al que tuvo acceso Europa Press.

La querella, representada por los abogados Juan Manuel Moreno-Luque y Antonio Panea en nombre de cerca de 300 afectados, acusa a los responsables del fondo de presuntos delitos de estafa material, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado y publicidad engañosa, uso de información privilegiada y delito societario, así como los demás hechos punibles conexos con éstos.

La asociación presenta acusación contra el presidente y el vicepresidente y consejero delegado de la sociedad gestora del fondo, Santander Real State Sgiic, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares García, respectivamente.

También formula cargos contra Alfredo Sáez Abad y Rodrigo Echenique Gordillo, presidente y vicepresidente segundo, respectivamente, de Banco Banif, depositario del fondo. La querella pide que se declaren responsables civiles, directos o subsidiarios a Santander Real State Sgiic, Banco Banif y Banco Santander.

En el auto, la juez Belén Peña concluye que existen "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y pide la apertura de diligencias previas, trasladando la querella al Ministerio Fiscal. Las partes tienen un plazo de tres días para presentar recurso de reforma contra esta resolución.

En los hechos denunciados se relata que Santander Banif Inmobiliario captó entre 2003 y 2006, 2.490 millones de euros asegurando que lo que se comercializaba era un fondo de inversión inmobiliario por tiempo indefinido, cuyo objetivo era obtener de los alquileres rentabilidades estables.

COMISIONES POR VALOR DE 640 MILLONES EN CINCO AÑOS.

Sin embargo, los afectados acusan a la entidad financiera de utilizar este fondo para extraer, entre 2003 y 2008, comisiones por valor de más de 640 millones de euros. Estas comisiones, según consideran, consumieron el 100% de los ingresos por alquileres netos y el 100% de los ingresos financieros netos y buena parte de las plusvalías reales por la venta de inmuebles que fue necesario enajenar para pagar las comisiones.

"Esta situación colocó a los más de 50.000 partícipes en el epicentro de la burbuja inmobiliaria y a la espera, muy preocupados, de si algún día se materializaran o no las plusvalías latentes declaradas año tras año por los responsables de la gestora", según el contenido de la querella.

Los afectados mantienen que cuando el Grupo Santander "se sintió incapaz de mantener un negocio en el que se apropiaba de todos los ingresos reales y dejaba a los partícipes los ingresos virtuales, provocó, anunciando una tasación extraordinaria, el pánico entre los partícipes y el colapso y el cierre del fondo".

Por último, la asociación denuncia que antes de la suspensión de los reembolsos los responsables del fondo facilitaron la salida del mismo, al mayor valor liquidativo de sus 14 años de historia, "a unos cuantos afortunados, privilegiados y bien informados partícipes, propietarios del 16,90% del patrimonio".

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De empresarios, banqueros, sindicatos...
El País - 22 de noviembre de 2009
 
 
Hace unos días, en una animada charla con Iñaki Gabilondo, este avezado periodista nos daba las claves que, a su entender, explicarían la situación económica en la que nos encontramos actualmente. Según su diagnóstico, que comparto plenamente, nuestro verdadero problema es que no hemos sabido administrar bien la prosperidad, entendiendo por prosperidad lo acontecido en los últimos años, en que hemos gozado de un destacado crecimiento económico.

Como nuevos ricos, al albur del boom inmobiliario, nos hemos dedicado a gastar y a endeudarnos por encima de nuestras posibilidades, en la equivocada creencia de que podríamos vivir siempre en esta boyante situación, que, por otra parte, no benefició a todos por igual y trajo consigo importantes problemas para algún que otro sector de la población, sobre todo los jóvenes, que vieron cómo, duplicándose en pocos años el precio de la vivienda, cada vez se distanciaban más de la posibilidad de acceder en un futuro a ese mercado.

En general, hay que celebrar ese despegue económico del que hemos sido protagonistas, pero nos ha faltado ser más previsores y no haber aprovechado esos años de abultadas ganancias para diversificar las inversiones en otros mercados y otros sectores diferentes a ese más sencillo, el inmobiliario, del que provenían buena parte de los beneficios de esta etapa de malograda exuberancia.

Y es verdad que la mecha de nuestro actual desasosiego prendió en Estados Unidos, pero nosotros ya habíamos echado suficiente leña al fuego como para ser ahora uno de los países que con mayor intensidad estamos sufriendo las consecuencias de la crisis.

Cuando culpamos a las hipotecas subprime americanas de la actual crisis económica, nos olvidamos de que aquí también tenemos nuestras subprime. Los enormes créditos que tan generosamente se concedieron a los promotores inmobiliarios son nuestras propias subprime.

Ahora, ante el desplome de la actividad inmobiliaria, los bancos y cajas españolas se enfrentan al posible impago de una gran parte de esos créditos. Y para paliar en parte ese problema, las entidades financieras están renegociando los créditos, aplazando los pagos y adjudicándose los inmuebles, a la espera de que el mercado se recupere pronto.

Sin embargo, nada hace prever esa recuperación rápida del mercado, pues ésta sólo se daría si bajasen los precios y se reactivase el crédito a los particulares y a las empresas.

Todo lo contrario a lo que estamos observando; los precios no bajan lo suficiente porque eso representaría enormes pérdidas para la banca, vía provisiones o impagos por quiebras de promotores, y se está intentando diluir ese efecto en varios ejercicios; y el crédito no fluye porque, ante el temor a esas pérdidas, se ha pasado de una evaluación muy laxa del riesgo en la época de la burbuja inmobiliaria a otra radicalmente contraria de adversión al mismo. Además, pudiendo tomar dinero prestado del Banco Central Europeo al 1% y colocarlo en Letras del Tesoro o en bonos corporativos al 3%, a cualquiera se le antoja más ventajoso este negocio que el de prestar dinero con la incertidumbre de no saber si lo van a devolver.

Hubiera sido mejor que el Estado ayudara a los bancos y cajas cubriendo sus posibles pérdidas, como se ha hecho en otros países, y que los activos inmobiliarios bajasen de precio a unos valores asumibles por el mercado. Hace poco, Banesto ponía a la venta su cartera de pisos con unos descuentos cercanos al 40%; por ahí deben de estar los precios para que se vuelva a reactivar el mercado.

Días atrás, el Banco de España realizaba un ejercicio teórico calculando a cuánto ascendería la pérdida en los balances de los bancos en el supuesto de que se produjera una depresión máxima del 40% en los préstamos que tienen concedidos a los promotores y particulares relacionados con la actividad inmobiliaria, cifrándola en 130.000 millones de euros (sobre un pasivo total de la cartera inmobiliaria de 329.000 millones de euros), que afectaría de manera heterogénea a cada entidad, en función de su deuda, sus provisiones, la gestión que realice de su morosidad, etcétera. Dependiendo de la depreciación real del mercado inmobiliario, nos acercaremos más o menos a ese 40% extremo. Hasta ahora se están evitando esas pérdidas o asumiendo una parte pequeña de las mismas, esperando que el mercado se recupere, con el inconveniente añadido de que el crédito no fluye con normalidad a las familias y a las empresas.

Sería bueno recordar que el mercado bursátil se hundió en el verano de 2008 y sólo comenzó a recuperarse en marzo de este año; entre tanto, perdió en capitalización cerca de 350.000 millones de euros, casi la mitad de lo que valía al principio de ese periodo. Gracias a esa caída, en tan sólo un año empezó la recuperación. En plena burbuja, los precios de los inmuebles subieron más de lo deseable, y ahora, en una etapa depresiva, bajan menos de lo necesario.

Con un 20% de paro en 2010 y con un mercado inmobiliario estancado, que es el que absorbe más empleo, no parece que vayamos a recuperarnos a corto plazo. Sólo cuando los empresarios sean capaces de desplazar sus inversiones a otros sectores y mercados (fundamentalmente internacionales), donde crean que pueden hacer negocio, empezaremos a salir de la crisis. Y ese desplazamiento depende de miles de decisiones individuales que son prácticamente imposibles de prever hacia dónde se dirigirán.

Este mes se estrena en todo el mundo una película española de animación con el mayor presupuesto de la historia del cine de nuestro país, unos 70 millones de dólares. Planet 51, que es el título de la película, ha tardado casi ocho años en elaborarse y en ella han trabajado unos 500 profesionales. Quién podría pensar entonces que alguien iba a realizar tamaña inversión con el riesgo de esperar ocho años para ver su resultado. Lo han conseguido dos hermanos, jóvenes emprendedores que convencieron a primeras marcas mundiales para que apoyasen el proyecto.

Necesitamos muchos emprendedores como ellos que tomen riesgos y se apasionen con su visión empresarial. Todo lo contrario a lo que pasó en la época de la burbuja inmobiliaria, que era muy fácil ganar dinero sin arriesgar casi nada (haciendo que lo arriesgaran los bancos). Se fomentó la industria del ladrillo y se desincentivaron otras actividades más complejas, pero más productivas y sostenibles a largo plazo.

No se puede vivir de subvenciones y con una sociedad esclerotizada por el dramático desempleo que nos atenaza. Las subvenciones han de servir de estímulo sólo momentáneamente hasta impulsar la reactivación económica. La mejor ayuda, personal y profesional, que puede recibir una persona en paro es que encuentre trabajo en poco tiempo, y para ello son necesarias nuevas inversiones y nuevos proyectos empresariales.

El modelo productivo no se cambia con una ley de economía sostenible como pretende el Gobierno. Se cambia con esas miles de decisiones incontrolables de los emprendedores que buscan nuevos horizontes para sus empresas. El Gobierno sólo puede y debe facilitarles el camino, y si es de común acuerdo con los sindicatos y la oposición, mucho mejor.

José Boada Bravo es economista y presidente de Pelayo Mutua de Seguros.

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'No hay dinero en la banca para absorber toda la morosidad
finanzas.com - 13 de octubre de 2009
 
 
que se avecina'. 'Hay compañías, como Reyal, a las que se le ha pasado el arroz'

Si en España hay un banquero de inversión que puede hablar con conocimiento de causa de la salud de las entidades financieras, de los polémicos bonus y de la situación crítica de muchas inmobiliarias, ese es Juan Carlos García Centeno, hasta hace seis meses responsable para la Península Ibérica de Royal Bank of Scotland (RBS). Ahora, desde su modesta firma de asesoramiento recién creada, expone de forma distendida su diagnóstico, que no es precisamente muy positivo.

García Centeno, que estuvo siete años al frente en España del que fue la segunda mayor institución financiera británica por capitalización hasta su intervención por parte del Estado, se muestra crítico con las medidas del Gobierno para salvar a los bancos y cajas con problemas. “Hay bancos o grupos financieros que no se podían dejar caer y otros que perfectamente si. Por ejemplo, AIG hubiera provocado una catástrofe que nos hubiera devuelto a los años de piedra. Pero otros bancos como Northern Rock o Halifax no hubieran provocado ningún efecto dominó porque sus balances eran préstamos hipotecarios. El problema eran o son los bancos que tienen unas grandes posiciones en los mercados de derivados, como Royal Bank of Scotland”.

El fundador de Sigrun Partners, una boutique financiera en la que se han agrupado seis directivos de RBS en España, puntualiza que “tampoco van a sobrevivir todos los bancos y todas las cajas. El problema de la banca española es que todavía queda la segunda oleada de morosidad, la empresarial, que se va a extender a lo largo de todo 2010 y que remitirá en la primera mitad de 2011”. En su opinión, el sistema financiero español ha sido de los más sólidos, pero ahora está en peligro. “La estrategia hasta ahora ha sido darle una patada a seguir, pero es obvio que no hay dinero suficiente para absorber toda la morosidad que se avecina”.

Su visión es aún más contundente: “La supervisión de la banca española ha sido siempre un ejemplo, muy dura y muy rigurosa, pero estaba planteada para una crisis normal. Las provisiones anticíclicas no estaban preparadas para una recesión que se va a extender hasta 2011, cuando España empezará a registrar crecimientos del PIB. El problema de la banca van a ser las refinanciaciones de deuda de los próximos años. Hemos vivido la reconversión minera, la naval y ahora llega la financiera”.

García Centeno también rebate la polémica sobre la regulación de los bonus de los altos directivos de banca. Acostumbrado a cobrar siempre esta súper paga extra -”siempre lo destiné a ahorro”, comenta-, argumenta que nunca hizo una operación de más o de menos por llevarse una paga variable mayor. “Hubiera hecho lo mismo si me hubieran pagado un 60% menos porque lo más importa para un banquero es su prestigio. Y eso no se pone en juego por un mayor o menor bonus”.

El directivo admite que en RBS se cometieron errores graves, lo que provocó que el Estado tuviera que quedarse con el 75% para evitar su quiebra. Pero defiende que la actividad en España fue un éxito. “Aseguramos operaciones por más de 90.000 millones de euros y tan solo nos hemos quedado con un 10% de lo que financiamos”, explica en referencia principalmente a su participación forzada en Colonial.

El responsable máximo de Sigrun cree que hay inmobiliarias que se podrán salvar y otras que no. “Hay compañías, como Reyal, a las que se le ha pasado el arroz. Ya no tienen solución. No se puede intentar vender activos al último valor de tasación porque ese no es el valor de mercado” indica el banquero, con cerca de 20 años de experiencia profesional. Considera que Colonial puede sobrevivir y que Metrovacesa, a la que asesora, es la que mejor lo tiene por su participación del 27% de Gecina.

Sobre la situación económica, García Centeno asevera que “está claro que todos somos un 20% más pobres y que el paro se puede ir hasta los 5,5 millones de personas el próximo año. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades”. Desde su punto de vista, el problema del sistema laboral español no es el despido, sino la flexibilidad para poder subir o bajar los salarios con el fin de evitar echar a más gente.

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Cándido Méndez lleva razón
elplural.com - 26 de octubre de 2009
 
Este artículo aporta evidencia empírica que apoya la crítica que el Secretario general de UGT, Cándido Méndez, hizo en la Nueva Economía Forum a la Banca y al Banco de España, en gran parte responsables de las crisis financiera y económicas y del elevado desempleo en el país.

El día 19 de octubre, el Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT) dio una conferencia en Nueva Economía Fórum, en la que hizo una crítica de la Banca y del Banco de España por haber contribuido a la crisis financiera y económica del país. Como era de esperar, los mayores medios de información y persuasión del país apenas citaron tal discurso, contrastando esta escasa visibilidad mediática con la amplia cobertura que aquellos mismos medios dieron a las declaraciones del gobernador del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, cuando indicó, en unas recientes declaraciones, que la causa del elevado desempleo en España era una supuesta rigidez de los mercados de trabajo, acusando indirectamente a los sindicatos por aferrarse en mantener aquellas rigideces.

Este desequilibrio en el tratamiento dado por los medios a las presentaciones de estos dos ponentes refleja claramente el sesgo en la cultura mediática dominante, y refleja el enorme poder de la Banca en España, que ha jugado un papel muy importante – a través de sus centros de estudios, prensa afín, y revistas académicas, financiados por la Banca- en configurar la cultura económica liberal del país.

En este artículo quisiera enfatizar que la crítica de Cándido Méndez a la Banca está claramente sustentada por la evidencia científica, ignorada sistemáticamente en aquellos medios.

El poder de la Banca

La Banca es uno de los poderes fácticos que tiene mayor poder en España. Su influencia en el estado español y en las culturas económicas, políticas y mediáticas es enorme: configura el pensamiento convencional que promueven los establishments económicos, financieros y mediáticos del país. Y este poder ha sido una constante en nuestra historia. Ha sido responsable, en gran parte, del subdesarrollo económico y social de España.

Soy consciente de que esta afirmación causará sorpresa –como causaron sorpresa las críticas de Cándido Méndez- y que más de uno la considerará exagerada. Para los que así piensen, me permito remitirles a los datos, comenzando por la década de los años ochenta. Uno de los más llamativos para los que estudiamos la situación económica y financiera en los países de elevado desarrollo económico (y sus consecuencias en la calidad de vida de sus poblaciones) era el elevado precio del dinero que prestaba la Banca en España(uno de los más elevados en la Comunidad Europea) y la exuberancia de sus beneficios. Los beneficios netos (repito, netos) de la banca española fueron durante la década de los años ochenta casi tres veces superiores a la tasa de beneficios netos de la francesa, casi el doble de la alemana, más de cuatro veces la belga, casi el doble de la italiana, casi tres veces superior a la holandesa, y casi el doble de la británica (ver el capítulo “La economía política de la banca” en Navarro, V., Globalización Económica, poder político y estado del bienestar. Ariel Económica. 2000), también colgado en la sección de economía política en mi blog http://www.vnavarro.org/). Tales beneficios no se debían a que la Banca española fuera más eficiene que la de aquellos países. Todo lo contrario, la eficiencia del sistema bancario no era particularmente notoria. Sus grandes beneficios se debían al enorme proteccionismo que el Estado Español les ofrecía, monopolizando el mercado de crédito, al cual el capital financiero extranjero tenía dificultad de acceso.

Consecuencia de esta situación de monopolio, el coste de pedir dinero a la banca por parte del empresariado español era el más elevado de Europa. El empresario de la manufactura en España tenía que pagar casi el doble que el empresario de la manufactura en EEUU, y más del doble que el empresario japonés. Ello fue un factor muy importante en la gran destrucción de empleo que tuvo lugar en los años ochenta, y el crecimiento del desempleo. Fue durante esta época que se inició el maridaje banca-sector inmobiliario de carácter claramente especulativo. El Financial Times (15.03.91) definió muy claramente lo que estaba ocurriendo en España. Fue durante esta época –dijo el Finantial Times- “que se vio un gran crecimiento en las inversiones financieras que en su mayor parte derivaron hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecario- en lugar del incremento del tejido productivo”. No se puede decir más claro. Lo único que faltaba añadir era que estas políticas bancarias fueron bendecidas y aprobadas por el Banco de España con el apoyo de los sucesivos gobiernos españoles. En realidad, muchos ministros de economía, secretarios generales y directores generales de tal Ministerio de Economía y Hacienda procedían de centros de estudios del Banco de España. Así fue como se estableció el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción, eje del crecimiento económico de la década de los años noventa y de principios de este siglo.

Tal orientación del sistema bancario hacia actividades inmobiliarias, muchas de ellas de carácter especulativo, ha sido responsable del retraso de la economía productiva del país. Si en lugar de invertir en actividades especulativas, la banca hubiera invertido en actividades económicas productivas, hoy la economía española sería mucho más competitiva. Es más, el elevado coste del dinero implicaba también una sobrevaloración de la peseta que dificultaba las exportaciones españolas. El origen de la elevada negatividad de la balanza del comercio exterior se basó, en parte, en tales políticas del sistema bancario. Por otra parte, el mundo empresarial de la manufactura, para compensar la enorme carestía del dinero, redujo los salarios, que crecieron durante aquel periodo sólo un 1,8% comparado con el promedio de la UE-15, que fue de un 5,2%.

La entrada de España en el euro se hizo, de nuevo, en términos muy favorables a la banca y a costa del bienestar de las clases populares. La reducción del déficit del estado (exigido por el Pacto de Estabilidad) se hizo, no a costa de aumentar los impuestos de los grupos más pudientes de la sociedad española, sino a base de la reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social. En realidad, el Estado español incluso alcanzó un superávit, lo cual se consiguió a costa de mantener a España a la cola de la Europa Social (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias. Anagrama. 2006). Como era de esperar, la Banca fue el grupo fáctico que presionó más para alcanzar aquel superávit del estado.

Y hoy, también, como ocurrió en los años ochenta y noventa, la Banca española continúa siendo la que tiene mayores beneficios empresariales en la UE-15 y la que dificulta más el acceso al crédito en tal comunidad, causa de que la economía española no se recupere, manteniéndose un desempleo elevado. Y su maridaje con el sector inmobiliario es una de las causas más importantes de la rigidez del mercado inmobiliario, obstaculizando también la recuperación del mercado de la vivienda. El precio de la vivienda en España ha disminuido solo un 8%, comparado con un 30% en EEUU.

Todos estos hechos raramente aparecen en la literatura económica o en las páginas económicas de los mayores rotativos del país. En lugar de ello, el centro del debate ha sido la rigidez laboral, siendo la Banca y su organismo supervisor, el Banco de España, el mayor promotor de las tesis liberales de que el elevado desempleo en España y el retraso en su recuperación económica se deban a la supuesta rigidez del mercado laboral. Este argumento ya lo utilizó la Banca en los años ochenta y noventa, y lo utiliza ahora en la primera década del siglo XXI. Y, una vez más, la sabiduría convencional del país –configurada por los equipos y centros de investigación económica próximos a la Banca y al Banco de España- culpabiliza a los sindicatos del elevado desempleo y del retraso que la economía española está sufriendo en su recuperación. La intensidad con la que este mensaje se transmite es reflejo de su enorme poder que, junto con la organización empresarial, la CEOE, constituyen un enorme bloque de poder en nuestro país. La promoción de sus tesis, acusando a los sindicatos del elevado desempleo y del retraso en la recuperación, desvía la atención política y mediática de los verdaderos culpables de la situación acrtual y, muy en particular, de la Banca y del Banco de España. Y también, por cierto, sirve para evitar que la atención mediática y política se centre en las grandes irregularidades y opacidades que existen en el sistema bancario español, y la deficiente supervisión realizada por el Banco de España –como muy bien ha denunciado el Tribunal de Cuentas (en su informe 751 de Febrero 2007).

Frente a esta realidad, nos encontramos con un silencio ensordecedor. De ahí que fuera tan refrescante la intervención de Cándido Méndez, una de las mentes más lúcidas de este país, que contó en el Forum Económico verdades como un templo a los establishments económicos, financieros, políticos y mediáticos del país, muchos de ellos, por cierto, sentados en la audiencia. En nombre del movimiento sindical (el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, otra mente lúcida en este país, estaba en la audiencia), respondió con una claridad diáfana que ellos -los establishments sentados en la audiencia- y no los sindicatos eran los responsables de la situación que el país está sufriendo, alcanzando el colmo de la incoherencia que ahora se presente a los representantes de los trabajadores de este país, víctimas primeras de la recesión, de ser responsables de ella. Ahora bien, una vez más, los mayores medios ignoraron tal mensaje.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University, U.S.A.

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Piensan que nos chupamos el dedo
cotizalia.com - 21 de octubre de 2009
 
Lo de ayer en el Congreso de los Diputados fue, como tantas veces, penoso. Es como si la que estuviera cayendo no fuera real; como si, para los que pasan las tardes por aquellos pasillos, la crisis fuera una pieza color marfil en sus tableros de juguete. Viven en ridículos espectáculos de foco y rueda de prensa. Sin embargo creo que tanta cháchara y tanta frase hecha no responde a un alejamiento de la realidad sino a algo más perverso. Estoy convencido que creen que nos chupamos el dedo por parejas y al unísono. Se gritan los unos a los otros sin aportar nada, como si todo esto fuera una especie de entretenimiento siniestro para los elegidos de la butaca de piel. Viven en su mundo, y su mundo poco o nada tiene que ofrecer al resto de los mortales. Se jalean, se aplauden, se abuchean y pasan la tarde tan a gusto, mientras esta noche, un mayor número de españoles se irán a dormir sin cenar.

Sin embargo los que se llevan el premio a la arrogancia y a la desmesura son los diputados socialistas. Son responsables todos ellos de dar apoyo a un gobierno que se ha demostrado incapaz. Un ejecutivo demasiado preocupado por la estadística corta y la contraportada dedicada. Esos miembros de la Cámara son culpables de no tener criterio, de presenciar el incendio sin mover un dedo. En eso consiste ser diputado en una sesión de Presupuestos: en aplaudir a los tuyos y en bostezar con los contrarios, todo ello repleto de risas, de complacencia o sorna según sea el afectado. Y maldita la gracia que nos hace a muchos de los que asistimos a tan escaso espectáculo. Les recomiendo, como ejercicio de descrédito, que se lean los discursos íntegros de algunos oradores. Son de pena y llanto sin descanso.

Pero atendamos a lo sustancial, a ese Proyecto de Presupuestos que asusta incluso a los maquilladores contables. Para empezar debemos señalar que los técnicos que han redactado el presupuesto son los mismos que el año pasado aseguraron que el PIB crecería este año un 1% cuando la realidad nos conducirá a un menos 4%. Los mismos que ahora elaboran un documento que no se aguanta por ningún sitio, fundamentalmente porque está que rebosa de errores e historias ficticias. Pretenden esconder un déficit que va a devorarnos a bocados sobreestimando unos ingresos inexistentes y adelgazando los gastos que ya están comprometidos. El mecanismo es de cachivache: apuestan por desviar inversiones de las operativas de capital adjudicado, contabilizadas como deuda, a otras de carácter financiero para no contabilizarlas como déficit.

Los Presupuestos ofrecen cifras de vergüenza ajena. Según el proyecto, el descenso del PIB será sólo del 0,3% en 2010 cuando eso no se lo cree ni el que encuaderna los tomos del susodicho presupuesto. En el mejor de los casos este país no volverá a generar un PIB saludable hasta dentro de cuatro años y, en su defecto, padecerá de un crecimiento negativo continuado y sostenido en torno al 1,5%. Nuestra economía no genera empleo si no crece por encima del 2,4% y eso es una quimera en estos momentos. Hace mucho que lo explicamos, no es cierto que no se supiera. No hay motor económico ni piezas para sustituir; hay que pedir uno nuevo a Alemania. Vamos hacia un estancamiento, a una parada técnica de la economía, a una anorexia industrial y de consumo que el gobierno sigue rechazando. Sin diagnosis no hay tratamiento y sin tratamiento no hay cura.

Es imprescindible que se establezcan criterios de austeridad y eso no sucede en estos Presupuestos. Vivimos en un Estado con un déficit estructural impagable que tarde o temprano se acabará por transmitir a todas las piezas de nuestra sociedad. Si no se ponen mesuras, ese virus quedará inoculado sin remedio. No es suficiente con medidas de segunda generación en unas partidas; es preciso recomponer todo el gasto público y estimular un cambio estructural de las prestaciones y el funcionariado en términos generales. La Administración es una máquina de tirar dinero, es ineficaz, está duplicada y, en la mayoría de los casos, no responde al valor que se le presupone.

Pero es que este Presupuesto no sirve para la vida real, no tiene nada que aportar a una situación de imprescindible recambio en el modelo de crecimiento como explicaba hace una semana Alvaro Anchuelo en este mismo medio. La expansión del gasto ha motivado el tijeretazo de casi un 24% en I+D+i, el mayor de la Historia. Se les llena la boca de carcajadas y de palabrería, pero la verdad cae como el plomo: más planes de cartón piedra para reforzar alicatados municipales y menos dinero para incentivar la modernización.

Además, lo peor estaba en el capítulo fiscal. El gobierno se dio cuenta demasiado tarde que la caja estaba vacía y sus medidas sociales ya no podían tirar del dinero público y ha tenido que diseñar la mayor subida de impuestos conocida en democracia. Algo que evidentemente iremos notando adecuadamente y a manotazo limpio cada vez que revisemos nuestras cuentas a partir de ya mismo. Una subida de la tributación sobre las rentas de capital y de las plusvalías, aumentará la huída de capitales y la utilización de dinero negro en la consolidación de plusvalías. Respecto al IVA no piensan compensar su subida con una reducción de los impuestos competitivos como el de Sociedades o las propias cotizaciones de carácter social.

Este Presupuesto no contempla que vamos a llegar al 25% de paro, que en 2010 cerca de 700.000 personas más vivirán sellando cupones en el INEM, que hasta 2015 no se va a reactivar la industria ladrillera y que los gastos por desempleo precisarán de un desvío que no han incorporado. Por eso, como decía, estoy convencido que creen que nos chupamos el dedo. Y es lógico que nos vean como una especie de borregos, pues, mientras esto se hunde y el gobierno no oficializa el diagnóstico y retrasa la cura, la oposición no ofrece nada verosímil, los glotones sindicales siguen con la boca cerrada, la patronal permanece abducida por la merienda de la reforma laboral; mientras todo eso sucede, la desidia sociológica del españolito medio continúa.

Que se quiten las legañas que vienen mal dadas. Poco a poco las oleadas de estiércol nos irán alcanzando a todos, es solo cuestión de tiempo. Por ahora las cifras macroeconómicas importan muy poco a quien esta noche cenará centollo y llenará el depósito de su 4x4 japonés con parte del crédito personal ampliado gracias al aval hipotecario del que tiran y estiran desde hace unos cinco o seis años. No se arrugan, siguen con su colegio privado, su crucero y su vida de rico a crédito. Encima ahora “todo está más barato”. No se dan cuenta que no va a haber manera de refinanciar esa vida en 2010, que el cochazo será pasto de embargo y las cenas de lujo se sucederán en la pizzería de la esquina y en días señalados. La solución pasa por tomar medidas realistas y deshacerse de un disfraz que ya no pueden llevar.

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Comunidad de Madrid
 
AYUNTAMIENTO PODRÍA ESTAR FINANCIÁNDOSE CON DEUDA DE LA EMVS
ABC (Comunidad de Madrid) - 05 de noviembre de 2009
 
 
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha afirmado hoy que esta corporación local podría estar financiándose con la generación de deuda en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que ha aumentado un 191 por ciento desde 2007.

Lucas ha detallado que "solamente dos tercios" de la deuda de la EMVS, que en total asciende a 892 millones de euros, se dedica a préstamos subrogados para la construcción de las viviendas, mientras que el resto, "más de 300 millones", no se corresponde con estos préstamos.

La deuda de la EMVS se ha "disparado" desde el comienzo de la pasada legislatura a pesar de que "sólo" se han iniciado 2.014 de las 12.000 viviendas que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "prometía en su programa electoral".

En este sentido, el portavoz socialista ha calificado la política de la empresa como "ineficaz" y "errática", "porque ni siquiera las viviendas terminadas se están entregando".

Ante esta "triste realidad financiera", el Grupo Municipal Socialista va a solicitar la comparecencia de la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, ante el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid "para que explique qué está pasando en la EMVS y qué medidas va a implementar para aumentar la eficacia de esta empresa".

Además, Lucas ha apuntado que desde el partido no descartan "solicitar una auditoría independiente de la empresa para conocer la realidad que está viviendo, su verdadera situación financiera y saber si se esta cumpliendo el objetivo social para la que está constituida".

Según el Grupo Municipal Socialista, "el ayuntamiento utiliza a las empresas municipales para financiarse debido a su gran endeudamiento", y a que "no puede acceder a créditos porque esta incumpliendo sistemáticamente los ratios que establece la legislación vigente y los planes de saneamiento comprometidos con el Ministerio de Economía y Hacienda".

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El TSJM anula el presupuesto de Gallardón de 2005
elconfidencial.com (Comunidad de Madrid) - 15 de octubre de 2009
 
 
Por las inversiones no previstas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado parcialmente el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2005 por financiar inversiones no previstas en la Ley del Suelo, como el anillo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la finalización del polideportivo Gallur, la remodelación de los intercambiadores de plaza Elíptica y Conde de Casal así como diversas actuaciones en la M-30.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, da respuesta al recurso interpuesto en 2005 por el PSOE, concretamente por la entonces concejala Trinidad Jiménez y por la edil Isabel Vilallonga, después de la aprobación de las cuentas municipales en un Pleno celebrado el 23 de diciembre de 2004.

Las socialistas alegaban la "utilización indebida de ingresos procedentes de la enajenación del patrimonio municipal de suelo para financiar inversiones no previstas ni autorizadas por el artículo 176 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ni por los artículos 276 y 280 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana".

El artículo 176 de la Ley del Suelo establece que los bienes de los patrimonios públicos de suelo se podrán destinar únicamente a fines como la construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública; a la conservación y mejora del medio ambiente o a la protección del patrimonio histórico-artístico; a las actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos; para actuaciones de interés social y para la conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.

La sentencia señala sobre los gastos del Ayuntamiento para financiar con cargo a la enajenación de bienes integrados en el patrimonio municipal de suelo que "si bien la mayoría de ellos están permitidos por el artículo 176 de la Ley del Suelo", existen otros que no pueden sufragarse con cargo a dicho patrimonio municipal. Ello se debe a que son "meras reformas o reparaciones de servicios ya existentes" o porque "no están suficientemente identificados para poder ser incluidos en algunos de los gastos previstos".

Por todo eso el TSJM estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE sobre el presupuesto de 2005 al "no estar permitidos legalmente todos los gastos de inversión" enumerados", casi 50. De este modo, el Tribunal establece que sólo los gastos expresamente citados han de ser suprimidos de la financiación con cargo al patrimonio municipal de suelo. El Gobierno municipal adelanta que recurrirá la sentencia.

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Luz verde a la operación urbanística en el Calderón
El País (Comunidad de Madrid) - 22 de octubre de 2009
 
Los votos en solitario del PP y la abstención de PSOE e IU consiguieron ayer dar el visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid referente a la operación en el estadio Vicente Calderón. La Comisión de Urbanismo rechazó la alegación del PSOE, que apostaba por que se construyera vivienda protegida en la zona.

Será el pleno de la próxima semana el que dé luz verde definitivamente a la operación, calificada por la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez como "una oportunidad para la ciudad, en beneficio de los vecinos del barrio, de todos los ciudadanos de Madrid y de la masa social del Atlético de Madrid".

La zona afectada dispone de más de 204.000 metros cuadrados, ocupados en la actualidad por la antigua fábrica de cerveza de Mahou y el estadio colchonero. La edificabilidad será de 175.000 metros cuadrados (se construirán 2.000 pisos de precio libre) y sumará una zona verde de más de 31.000 metros en el suelo que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón, que será derruido. El club atlético se trasladará a jugar al estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas.

De los beneficios previstos por esta operación (126 millones de euros) saldrá el 57% del coste del soterramiento del tramo en superficie pendiente de la M-30 a su paso por el Vicente Calderón.

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Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre pelotazo de Correa
El País (Comunidad de Madrid) - 17 de noviembre de 2009
 
 
en Arganda. Bárcenas y su antecesor advirtieron en 2004 a la presidenta madrileña, con Rajoy delante, de que cargos municipales ultimaban una operación corrupta

En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.

El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.

En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.

Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.

No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios.

Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.

La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.

La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que recayeron en empresas próximas a la trama.

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Investigan un 'pufo' inmobiliario en Coslada de 120 millones
cosladarepublicana.wordpress.com (Comunidad de Madrid) - 18 de noviembre de 2009
 
 
La Policía investiga, por orden de un juzgado de Coslada, la venta de un millar de viviendas protegidas en el barrio del Puerto por importes muy superiores a lo permitido legalmente. Los sobreprecios, que podrían rondar los 120 millones de euros, se abonaban en “dinero negro”.

La Policía investiga otra vez en Coslada. Hay sospechas sobre más de 1.200 pisos del barrio del Puerto, todos de protección oficial que, según las primeras pesquisas, se han podido vender por un predio muy superior al que figura en las escrituras. Además, se cree que se han producido irregularidades a la hora de las adjudicaciones.

La investigación comenzó hace ya meses por orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Coslada, que recibió una denuncia. El asunto ha pasado a manos del Grupo VII de la Brigada de Policía Judicial, especializado en delitos de blanqueo de capitales, dependiente de la sección de Delincuencia Económica. Las sospechas en el barrio del Puerto llevaban ya mucho tiempo planeando sobre los habitantes de Coslada. Allí hay alrededor de 1.200 pisos de protección oficial, y su precio oficial era de unos 120.000 euros.

Las informaciones recibidas hablan de pagos en dinero en efectivo, sin que el comprador recibiera ningún justificante, de una cantidad igual a la del precio oficial, es decir, otros 120.000 euros. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero en metálico que abonaron los compradores?

Las casas de este barrio son grandes y hace pocos años los precios de la vivienda estaban demasiado altos. Por eso, puede que incluso pagando el doble del valor oficial a muchos les compensara comprarlas. Pero las cosas ya no están así, y hay muchos propietarios que se sienten estafados por haber pagado tanto cuando los pisos han bajado.

La investigación judicial se ha centrado en comprobar los precios que figuran en las escrituras de las viviendas. Ha sido un trabajo arduo que ha llevado mucho tiempo. Asimismo, también se ha realizado una investigación bancaria a muchos de los compradores. Esta parte todavía no ha terminado y ya se han examinado las cuentas de aproximadamente un centenar de propietarios.

En esta investigación bancaria se están comprobando las posibilidades que tenía cada uno de comprarse un piso, así como de ver cuánto dinero han pedido para adquirir esas VPO del barrio del Puerto.

La investigación del Juzgado nº 2 de Coslada está bajo secreto de sumario. La intención de los investigadores es tomar declaración a los compradores para averiguar si pagaron en metálico un valor tan alto como el que se ha denunciado.

La Operación Bloque, en la que se arrestó a una buena parte de la plantilla de la Policía Local de Coslada, incluyó también una investigación patrimonial de los detenidos. Ésa fue quizá la primera pista de la Policía de que podría haber un blanqueo de dinero en Coslada.

Así se comprobó que varios de los agentes arrestados tenían pisos en este barrio. En sus cuentas se vio que habían pedido préstamos por un valor mucho más alto del que necesitaban para pagar un piso en el barrio del Puerto. El asunto se quedó ahí estancado hasta que se reactivó gracias a una denuncia, la cual finalmente terminó en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, en el grupo especializado en blanqueo.

Si se demuestra que los pagos en efectivo se han realizado como condición imprescindible para conseguir un piso de VPO podría imputarse un delito contra la Hacienda Pública a quienes lo cobraron, así como otro de blanqueo de capitales. Tampoco se puede descartar que continúen llegando denuncias o declaraciones voluntarias de los compradores de los pisos al Juzgado o a la Policía Judicial, ya que hay muchos vecinos que podrían estar afectados.

Los pisos de este barrio tenían un precio fijado por la Comunidad de Madrid de 120.000 euros. Así pues, si se hubiera pagado una cantidad de 100.000 o 120.000 euros por piso, podríamos estar hablando de una fortuna acumulada de entre 120 y 150 millones de euros en dinero negro.

Una de las principales sospechas que recaen sobre este barrio es que las adjudicaciones de pisos de VPO eran imposibles sin un enchufe previo o algún contacto. Y la investigación judicial también se está centrando en averiguar si los compradores pudieron verse presionados por una situación sin salida. Es decir, no tenían dinero para comprar un piso de vivienda libre, y quizá sólo podían acceder a uno de protección oficial. Pero tenían que pagar el doble de su precio o de lo contrario no conseguirían la adjudicación.

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La nueva Ley del Suelo pone en pie de guerra a varios aytos.
El País (Comunidad de Madrid) - 17 de noviembre de 2009
 
 
La Federación Española de Municipios anuncia un recurso al Constitucional

La reforma de la Ley del Suelo que abordará el Gobierno de Esperanza Aguirre a través del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como Ley de Acompañamiento, puso ayer en pie de guerra a los grandes ayuntamientos de la región (gobernados por alcaldes socialistas) que ven sus competencias municipales invadidas. También Madrid estudia el alcance de la reforma.

La última modificación de Aguirre de la Ley del Suelo -que ha cambiado varias veces en sus dos mandatos, siempre con una ley escoba- permitirá aprobar proyectos urbanísticos de particulares en contra de la opinión de los ayuntamientos, cuando lo decida el Gobierno regional y lo declare de "interés general". Hasta ahora esta vía estaba reservada sólo a las actuaciones de las administraciones.

"Se acaba con la planificación del suelo de los municipios y con lo que significa un plan de ordenación", aseguró Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Un promotor nunca va a velar por el interés público, porque el planteamiento que tiene al hacer un desarrollo urbanístico es ganar dinero". Por eso, anunció, los servicios jurídicos de la FEMP estudian ya un recurso ante el Tribunal Constitucional "en defensa de la autonomía local".

La oposición mostró su rechazo al cambio legal, por lo que IU y PSM votarán en contra en la Asamblea. "Aberración administrativa y nuevo esperpento" fueron los calificativos que le dio a la modificación el líder socialista, Tomás Gómez. "Tropelía para favorecer la especulación" fue el adjetivo que le puso el coordinador de IU, Gregorio Gordo.La FEMP considera que la nueva reforma de la Ley del Suelo invade competencias municipales. Por eso, acudirá al Constitucional con un conflicto en defensa de la autonomía local. Esta vía permite impugnar ante el alto tribunal leyes de las comunidades que cuestionan la autonomía de los ayuntamientos, que garantiza la Constitución española (artículo 140).

La Ley Orgánica de 7/1999, de modificación de la norma que gobierna el Constitucional, permite plantear este conflicto a "un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente". Requiere que lo hagan al menos 25 ayuntamientos que sumen un millón de habitantes: esa condición la cumplen los 34 municipios de la región gobernados por los socialistas.

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP), no ha tomado posición sobre la Ley de Acompañamiento, pues aún está estudiando su "alcance normativo". En cambio, el alcalde de Rivas, José Masa (IU), pidió una "respuesta contundente" de la Federación de Municipios Madrileños (FMM), controlada por el PP, ante "este despojo de competencias".

Pero su presidente, Bartolomé González, alcalde popular de Alcalá de Henares, respondió asegurando que la reforma "refuerza la autonomía municipal", ya que "será preceptivo un informe del Ayuntamiento antes de la aprobación por la vía de urgencia de proyectos urbanísticos de iniciativa privada". Es la misma tesis que defendió la consejera de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio. "Garantiza y amplía la autonomía", dijo a Efe. Sin embargo, ese informe no es vinculante, porque será la Comunidad de Madrid la que tenga la última palabra (podrá decidir que sigue adelante el proyecto con informe negativo por su "urgencia") y, por otra parte, también se aplica el silencio positivo: si el Ayuntamiento no ha emitido informe, se entenderá que está conforme al proyecto. Ese plazo puede ser de sólo 10 días si se considera un proyecto urgente (puntos 4 y 5 del nuevo artículo 161 de la Ley del Suelo).

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Catalunya
 
PROINOSA CONSIGUIÓ 'A DEDO' MÁS DE 100 PISOS PROTEGIDOS
El Mundo (Catalunya) - 02 de noviembre de 2009
 
Además de las polémicas torres de Cúbics, Proinosa también ha obtenido una buena tajada en Santa Coloma de Gramanet con la construcción de vivienda pública. En los últimos años, la empresa municipal Gramepark ha impulsado expropiaciones para edificar bloques de protección oficial en los barrios de Fondo, Santa Rosa y Raval. En todos ellos, ha resultado beneficiada la promotora dirigida por Josep Singla, imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación 'Pretoria 2'. Mientras que en Fondo y en Santa Rosa fue la adjudicataria única, en el proyecto del frente fluvial del Raval -ahora se ejecuta la segunda fase- ganó el concurso junto a compañías con las que formó una unión temporal de empresas.

En el caso de las 82 viviendas levantadas en Fondo, el informe de la Sindicatura de Cuentas que no llegó a debatirse en el Parlament advierte de la falta de documentos en los que conste que la adjudicación fuera legal. En Raval, se autorizó cimentar 32 domicilios para los desalojados por la ampliación del metro. El inmueble se halla en la avenida del Banús, la misma en la que el juez Garzón investiga otra concesión irregular a Proinosa para hacerse con un garaje. Abogados que han analizado la documentación sugieren que, en los proyectos de Fondo y Santa Rosa, las obras se asignaron 'a dedo'. Además, la reforma del Raval se modificó sobre la marcha y se recalificaron terrenos para incrementar la edificabilidad, de tal modo que se pasó de prever menos de 200 viviendas a erigir 400.

El afán constructor del alcalde encarcelado, Bartomeu Muñoz, y ejecutado desde Gramepark por Manuel Dobarco, también en prisión, continuó hasta pocas semanas antes de que la Guardia Civil registrara el Ayuntamiento. Los trámites de una de las transformaciones de mayor envergadura que se recuerdan en Santa Coloma los puso en marcha el PSC el pasado 28 de septiembre. El plan, semejante a los tres de los que se benefició Singla, prevé construir 763 viviendas -un 72% de protección oficial-, cuatro aparcamientos, 11 equipamientos y 9.800 metros cuadrados de locales comerciales.

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LA TRAMA OBTUVO 20 MILLONES EN GRANDES OPERACIONES INMOB.
El País (Catalunya) - 28 de octubre de 2009
 
Los investigadores creen que el cerebro era un ex diputado autonómico socialista

La investigación sobre la trama corrupta desarticulada ayer, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón, calcula que los miembros de la red que operaba en el área metropolitana de Barcelona podrían haber obtenido alrededor de 20 millones de euros. En el entramado figuraban empresarios, concejales, ex diputados regionales y ex altos cargos de la Generalitat de la etapa de Jordi Pujol. El cerebro de todos ellos, según fuentes de la investigación, sería presuntamente el ex diputado regional del PSC Luis García (expulsado del partido en 1992).

García, que estuvo en el Parlamento catalán de 1980 a 1992, sería el enlace entre los empresarios que pagaban y los ediles que recalificaban o cedían terrenos. Los altos cargos de Jordi Pujol en su etapa de presidente de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta habrían utilizado sus influencias políticas para mediar entre unos y otros y facilitar las operaciones inmobiliarias, percibiendo la correspondiente comisión.

El ex diputado Luis García era el centro de la red y quien presuntamente diseñaba las operaciones inmobiliarias, que consistían básicamente en la adquisición de terrenos en los municipios implicados por parte de sociedades pantalla que no realizaban ninguna actividad. Pasado un tiempo, se instaba la recalificación para su desarrollo urbanístico. Ya recalificado el suelo, lo que disparaba su valor, se revendía generando un "enorme beneficio", según las fuentes consultadas. Los empresarios pagaban, los ediles gestionaban las recalificaciones y los políticos cobraban su comisión.

Las comisiones se distribuían a través de sociedades patrimoniales y de personas. Tras una de estas sociedades figuraba Prenafeta, y tras otra, más en un segundo plano, Alavedra. La operación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el fiscal Luis Pastor. Según las citadas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción lleva la investigación desde hace tiempo y hay intervenciones telefónicas y otras fuentes de prueba que van a permitir reconstruir todas las operaciones y el reparto de los fondos.

Otro aspecto que tendrá que determinar la investigación es el posible agujero de 13 millones de euros en los ayuntamientos afectados por las operaciones irregulares. Los consistorios supuestamente implicados son los de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes, gobernado por el PSC), Badalona (217.000 habitantes, con alcalde del PSC en coalición con CiU y ERC) y San Andreu de Llavaneres (10.200 vecinos, con alcalde de CiU pero donde hasta 2007 gobernaba el PP).

Esta operación anticorrupción parte de una causa que el juez Baltasar Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza, filial especializada en la gestión de fortunas, que arranca de septiembre de 2001, cuando inició una investigación por el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, informa Íñigo de Barrón.

Garzón acabó archivando parcialmente la causa abierta en torno a Privanza, relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros del banco. Estas investigaciones se encontraban vinculadas a algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.

En las pesquisas sobre el BBVA Privanza se halló un manual de productos fiduciarios y cuentas de corresponsales, un instrumento típico para la evasión de capitales.

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Decenas de familias sin recursos invaden pisos protegidos va
elperiodico.com (Catalunya) - 26 de octubre de 2009
 
Vecinos de Baró de Viver y Via Trajana optan por entrar a la fuerza en viviendas deshabitadas. Los ocupantes se quejan de que la Administración mantiene las casas tapiadas pese a la demanda

Los propios ocupantes lo llaman «vivir de patada». Se trata de una expresión muy utilizada en los barrios de Baró de Viver y Via Trajana, donde más de 20 familias han optado por derribar a puntapiés las puertas de pisos sociales públicos que llevan hasta nueve años vacíos por la lentitud de la Administración en encontrar adjudicatarios que se puedan beneficiar de alquileres bajos.

La mayoría de ellos se enfrentan a juicios por desalojo, pero, una vez deshauciados, vuelven a entrar a otras viviendas desocupadas, que son abundantes en las promociones de protección oficial construidas a principios de esta década.

Son casos extremos: mujeres solteras con varios hijos a su cargo, padres con niños minusválidos, enfermos de cáncer. Y casi todos pobres y en el paro. El drama humano se repite detrás de cada patada.

«No pedimos que nos regalen una vivienda. Solamente queremos que nos dejen vivir aquí de forma legal, pagando un alquiler protegido. Tengo tres hijos pequeños, dos de ellos ciegos. Estoy en el paro y no tengo cómo pagar el precio de un piso a precio de mercado», explica Fernando Jiménez, un vecino de la calle de Tiana 12-16 que decidió ocupar un piso social vacío hace seis meses.

Jiménez, como algunos ocupas, no ha solicitado formalmente un piso protegido, porque tiene la creencia de que no tendrá una respuesta positiva de la Administración, tal como ha ocurrido con sus familiares y amigos.

EL 12% ESTÁN DESOCUPADOS

El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona reconoció a este diario la semana pasada que un 12% de los pisos de alquiler protegido para jóvenes están vacíos. El delegado de Vivienda del ayuntamiento, Antoni Sorolla, explicó que las listas de espera para asignar los nuevos pisos ya han caducado y ahora es necesario asignar las viviendas a través del registro único (una lista común para todos los solicitantes de pisos sociales) que se está comenzando a poner en marcha. El ayuntamiento cree que a final de año disminuirá de forma notable el número de viviendas deshabitadas.

Para evitar las ocupaciones, el patronato y otras empresas públicas que han promovido vivienda social han optado por cerrar con ladrillos y puertas de hierro las viviendas que son abandonadas por sus legítimos inquilinos.

En la promoción de la calle de Tiana, el estado descuidado de la finca también hace que muchos de los solicitantes que han ganado el derecho al piso, terminen por rechazarlo por las malas condiciones del inmueble, según explica la presidenta de la comunidad, Olga Arroyo.

«Si ellos no los quieren, que nos den el piso a nosotros. Queremos pagar y que nos cobren. Es una injusticia que haya pisos vacíos y que nos quieran echar», declara Pedro Santiago, un vecino que ha hecho de la ocupación una forma de vida desde hace cuatro años.

El conflicto también se repite en los bloques de la Via Trajana, un barrio fronterizo entre Barcelona y Sant Adrià que, según denuncian sus vecinos, tiene unos 70 pisos vacíos. «Es injusto que haya viviendas cerradas pese a la gran demanda social. Cuando reformaron el barrio, muchos no pudieron acceder a un piso porque no cumplían los requisitos. Lo que pedimos ahora es que se vuelva a revisar la situación de todos y se le asignen los pisos a aquellos que cumplen», explica Emma, miembro de la asociación de fiestas del barrio que pudo obtener una vivienda social.

REIVINDICACIÓN

Via Trajana mantiene un conflicto latente y la gran mayoría reclama que se ofrezcan las viviendas a los del barrio. Los ocupas, por su parte, ya han recibido denuncias del Incasòl por invadir viviendas públicas. Lorena Rodríguez, una madre soltera con tres hijos, enfrenta una demanda de más de 50.000 euros por ocupar un piso vacío.

Rodríguez y otra decena de afectados aseguran que Adigsa mantiene que los pisos están asignados y no pueden ser ocupados. Pero siguen viendo cómo siguen cerrados y sin habitantes hasta que llega alguien y derriba la puerta a patadas.

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Dieciséis meses sin vivienda, por unos 'okupas'
antena3noticias.com (Catalunya) - 19 de noviembre de 2009
 
 
Un matrimonio de Barcelona se fue de vacaciones y a la vuelta se encontró con que unos extraños se habían instalado en su casa. Llevan un año y medio luchando judicialmente para recuperarlo pero, de momento, no lo han conseguido, es mas, un juez ha paralizado el desahucio con el argumento de que los okupas no tienen medios para encontrar otra vivienda.



José y Antonia se fueron de vacaciones y al regresar se encontraron con que habían ocupado su casa.

Desde entonces han pasado ya 16 meses pero los intrusos siguen en la vivienda. Como cuenta Antonia son ellos los que pagan la electricidad y el agua. Pero, no contentos con esto, los invasores utilizan sus ropas y han desvalijado su casa.

Durante veinte años han vivido en un piso de protección oficial del barrio de 'El Raval' de Barcelona, pero ahora han tenido que mudarse a casa de su hija. Una situación que les desespera, sobretodo ante la pasividad de la justicia.

Y es que el juez ha paralizado el desahucio, al considerar que los okupas no tienen otro sitio para vivir y ningún medio económico. Letanía que se alarga para drama de José y Antonia.

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Comunidad Valenciana
 
Bancos niegan la hipoteca al 50% de los valencianos de VPO
20 Minutos (Comunidad Valenciana) - 20 de octubre de 2009
 
 
El Ayuntamiento de Valencia denuncia que la mitad de los beneficiarios de sus pisos protegidos no obtiene el préstamo. El Decanato prevé el embargo de 1.584 embargos de pisos por impagos

El parón de las ventas de inmuebles no sólo está afectando a los pisos de renta libre. Contra todo pronóstico, también la crisis está dificultando enormemente la venta de Viviendas de Protección Pública (VPP), para desesperación de las familias beneficiarias.

El problema, según explicó ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, es que «una vez se hacen los sorteos de los pisos y se adjudican, son muchas las familias que no logran que un banco les dé la hipoteca». En este sentido, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes de julio se dieron en Valencia 5.824 hipotecas, 1.145 menos de las que se concedieron el mismo mes del año pasado por el endurecimiento de las condiciones.

Así, de las promociones de VPP en régimen de venta que ha ejecutado la empresa municipal Aumsa, «un 50% de los beneficiarios no ha conseguido financiación y no ha podido quedarse con la casa». Y eso, según el edil, pese a que han ampliado «de uno a tres meses el plazo de presentación de todo el papeleo, para que la gente tenga tiempo de agotar todas las vías».

Además, explicó que «este porcentaje se eleva al 55% en el caso de las promociones privadas». Como ejemplo, puso la última promoción de 45 viviendas en la calle Marqués de San Juan, con un precio que ronda los 116.000 euros. De ellos, sólo 15 han podido ser entregados a los beneficiarios. Al resto, se les ha ampliado el plazo para que logren la hipoteca. De no conseguirla, el Ayuntamiento recurrirá a la lista de espera.

El Consistorio ofrece una Hipoteca Joven con unas condiciones muy ventajosas mediante un convenio con Ibercaja, del que ya se han beneficiado1.100 personas. Sin embargo, Bellver pidió al Gobierno central medidas para que los bancos abran más el grifo de los créditos.

Los embargos se disparan

Si ya es triste no poder acceder a una VPP por falta de financiación tras tener la suerte de resultar agraciado en un sorteo, no menos dramático es que te la embarguen por no poder pagar la hipoteca. Esta situación también se ha multiplicado por la crisis, hasta el punto de que en el primer trimestre de este año los juzgados valencianos han ejecutado 792 hipotecas por impago, un 74% más que en 2008. Según datos del Decanato de los juzgados de la ciudad de Valencia, el año podría cerrarse con 1.584 embargos.

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El TSJ anula por segunda vez el PAI Mestrets
Levante-emv (Comunidad valenciana) - 26 de noviembre de 2009
 
 
El TSJ anula por segunda vez el PAI Mestrets por cargar a los vecinos con7 obras de interés general.

Un nuevo fallo ratifica la sentencia de 2008 y advierte que es ilegal gravar a los propietarios con el suelo de 4.500 VPO, el Centre de Convencions de Calatrava, la VIU, la Ciudad Deportiva, la ronda oeste y los barrancos del Sol y Els Canters


Una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) anula el programa urbanístico de Mestrets por cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con las cargas con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical), la ronda oeste de circunvalación y el encauzamiento de los barrancos del Sol y de Els Canters.

Así lo confirmaron ayer fuentes del TSJ un año después de que el propio tribunal valenciano anulara la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló que contempla el PAI Mestrets, con el cual el ayuntamiento y el Consell prevén desalojar de sus viviendas a 40 familias del Camí dels Mestrets. Pese a ello, el ayuntamiento y el Consell mantienen su intención de recurrir al Supremo y acogerse al derecho de ejecutar el PAI mientras el alto tribunal emite la sentencia definitiva. Por lo pronto, los magistrados ratifican la primera sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo y la hacen extensible al PAI al considerar se pretendía financiar a costa de los propietarios afectados los terrenos de siete proyectos "que sirven y redundan en beneficio de todo el término municipal de Castelló, por tanto de interés general de la ciudad". En suma, la inversión de los proyectos afectados superaría los 100 millones de euros.

El fallo judicial también da la razón a los vecinos respecto a las cargas de los barrancos del Sol y Els Canters y concluye que el ayuntamiento y el Consell no pueden obligar a los vecinos a pagar dos encauzamientos que se valoran en más de 4,6 millones de euros.

Además, el tribunal advierte que no consta la autorización preceptiva para encauzar los barrancos y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) denegó el permiso porque el vertido de los dos barrancos al encauzamiento del río Seco supondría un riesgo desbordamiento ante la falta de capacidad y "se considera incompatible el proyecto presentado con el encauzamiento del río Seco". A este respecto, la nueva sentencia subraya que debió "considerarse determinante la existencia del informe desfavorable del Organismo competente para haber dejado de aprobar definitivamente la modificación ahora impugnada", y por lo tanto el PAI Mestrets que depende de ella.

El fallo judicial emitido el pasado 6 de noviembre -tras seis años de movilizaciones vecinales- no hace más que ampliar y ratificar los argumentos de la sentencia de octubre de 2008, que ya advertía que el plan grava injustamente a los vecinos.

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País Vasco
 
Reivindican en Bilbao el derecho a una vivienda digna
elcorreodigital.com (País Vasco) - 24 de noviembre de 2009
 
 
Sindicatos y asociaciones vecinales preguntan al Gobierno vasco "con quién ha pactado el recorte del presupuesto" en esta materia

Una centenar de personas pertenecientes a diferentes sindicatos y asociaciones sociales se han concentrado hoy en Bilbao para exigir "menos pactos y más hechos" y el "derecho a una vivienda digna", así como preguntar al Gobierno vasco "con quién ha pactado el recorte del presupuesto" en las materias relacionadas con la vivienda. Los sindicatos y asociaciones sociales convocantes del acto, que se han manifestado junto al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con la celebración de la jornada que da inicio al proceso para alcanzar un Pacto Social por la Vivienda, han sido Argilan, Berri Otxoak, Bilgune Feminista, Danok Lan, EGK, EHNE Bizkaia, ELA, Elkartzen, ESK, Grupo Pangea, HIRU, IDEASUR, LAB, Nuevo Euskadi, STEE-EILAS, Txiroekin bat eginik y Zirikatzen.

Según han denunciado, el proyecto de Pacto Social del Departamento de Vivienda tiene como objetivo "dar imagen de paz social a una política restrictiva de vivienda", así como "hacer política de cartón piedra, aparente por fuera pero sin contenidos por dentro". En ese sentido, se han preguntado "entre quiénes han negociado el diseño de su Pacto por la Vivienda" y han denunciado que "nos invitan al postre de un plato precocinado".

Los convocantes de la protesta han asegurado que la situación de la vivienda es "muy grave" porque "107.300 personas no pueden constituir un nuevo hogar independiente por falta de recursos económicos, mientras, hay decenas de miles de viviendas vacías".

También han denunciado que "el precio medio de la vivienda libre es de 325.200 euros y la renta media de alquiler de 922 euros", así como que "el 89,1% de la oferta inmobiliaria de Euskadi es de venta y tan sólo el 10,9% de alquiler". Asimismo han criticaron que de la vivienda protegida, el 69% es destinada a propiedad y tan sólo el 31% a alquiler" y han añadido que "la hipoteca media constituida para viviendas en Euskadi es de 147.231 euros". En su opinión, la situación en los últimos años "no ha hecho más que empeorar, bien por la pasividad de las políticas públicas, bien por su colaboración".

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Descubren 13 viviendas con 246 'vecinos'
elcorreodigital.com (País Vasco) - 24 de octubre de 2009
 
 
El Ayuntamiento de Bilbao refuerza el control sobre los 'pisos patera' y suspende 1.210 ayudas sociales por engaños en el primer semestre del año

En la vivienda, situada en las inmediaciones de Bilbao La Vieja, había 37 personas empadronadas, aunque se comprobó que sólo cinco vivían allí. También ocho 'inquilinos' estaban cobrando la renta de garantía de ingresos, antigua renta básica, sin cumplir los requisitos que les dan derecho a ello, por lo que se ha decretado la suspensión de las ayudas. Es el caso más flagrante de los que se ha encontrado el Ayuntamiento de Bilbao en la investigación de 'pisos patera', que se ha visto reforzada con la incorporación de dos policías municipales al área de Acción Social.

El primer paso para cobrar un salario social, para ser ciudadano de pleno derecho, es tener una dirección, así que el padrón aporta pistas para identificar los cobros fraudulentos. En los seis primeros meses de este año, el negociado de Control e Inspección ha comprobado de oficio si 2.200 perceptores están debidamente inscritos como vecinos de Bilbao. Lo más llamativo son los trece 'pisos patera' en los que, sobre el papel, vivían 246 personas. En realidad, se ha demostrado que residían 93 y dos casos han llegado a los juzgados al detectarse indicios de un negocio rentable: cobrar suculentas cantidades a cambio de alquilar habitaciones por horas o, simplemente, por figurar en el padrón y tener acceso a las ayudas sociales. La mayor parte de estas viviendas están en el entorno de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala.

De la investigación de esos trece domicilios se ha derivado, además de las bajas en el padrón, la suspensión de 44 rentas de garantía de ingresos. Es uno de los instrumentos con los que cuenta el Ayuntamiento para controlar el gasto social, más aún en tiempos de crisis, y combatir la mala imagen de estas prestaciones. «Una ciudad desarrollada tiene que ofrecer este tipo de ayudas, pero nos preocupa que se deslegitimen», confiesa el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala. «La ciudadanía es cada vez más crítica por la ausencia o debilidad de un vínculo entre derechos y obligaciones y, sobre todo, por los casos de fraude. Todo el mundo conoce a una persona de la que sospecha».

Contra los casos crónicos

Esto es lo que dicen las cifras: en Bilbao la renta básica llega a 14.966 hogares, donde viven un total de 26.730 personas. El desembolso global es de 8,1 millones de euros. Algo más de 3.000 expedientes corresponden a complementos de pensiones, donde el fraude «es muy limitado». De los 11.000 restantes, en el primer semestre de este año se ha propuesto a la Diputación que suspenda 1.210 ayudas. Es algo más que en el mismo periodo de 2008 -se contabilizaron 980-, aunque también se han reforzado los instrumentos de control.

Es difícil calcular la cantidad defraudada a las arcas públicas. El importe medio de la renta para una persona es de 640 euros al mes, aunque algunos sólo cobran un complemento. La mayor parte de los engaños los detectan los propios trabajadores sociales en el día a día, cuando descubren «algo que no les cuadra» y siguen la pista. El negociado de Control e Inspección investiga «los casos más escandalosos» y atiende las denuncias de particulares, «en muchos casos compatriotas del presunto defraudador». El empadronamiento irregular y la economía sumergida son los principales motivos de suspensión, junto al uso del dinero destinado al alquiler para el juego o el consumo de drogas. Otras veces, la cuerda se rompe por la falta de empeño para salir del círculo de las ayudas sociales. Las unidades técnicas trabajan con los beneficiarios que llevan más tiempo en la lista para implicarles en la «búsqueda activa de empleo» mediante convenios de inserción. Quienes incumplen este compromiso quedan fuera del sistema.

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Sin casa y sin hija tras el divorcio
elcorreodigital.com (País Vasco) - 02 de noviembre de 2009
 
 
Un discapacitado pierde su piso adaptado y la custodia de su niña en el juicio contra su ex mujer

Ser el único titular de un piso en propiedad, cumplir con sus deberes y obligaciones como padre de familia y desempeñar un trabajo como técnico en la Administración no han sido fundamentos suficientes para hacer que a un juez de Vitoria le temblara el pulso a la hora de dictar sentencia en el juicio de divorcio de este ciudadano contra su ex mujer. No en vano, la ruptura de su matrimonio le ha costado a este sociólogo de 48 años y minusválido desde hace más de veinte, su casa, su hija y una pensión de 750 euros mensuales.

Jaime, nombre ficticio, y su ya ex pareja se conocieron hace una década y poco después comenzaron a vivir juntos en su piso de soltero. La relación se fue consolidando y en 2001 decidieron, de mutuo acuerdo, tener un hijo. Y es que, su minusvalía -debe desplazarse en una silla de ruedas desde que sufrió un accidente de coche- nunca le ha supuesto un impedimento para valerse por sí mismo. Practica, de hecho, esquí y vela y desempeña su trabajo como técnico en la Administración con absoluta normalidad. Sin embargo, a raíz del nacimiento de su hija, la relación con su mujer comenzó a deteriorarse. Tanto que, en diciembre del pasado año, a la vuelta de un día de esquí, ella le presentó un convenio de divorcio «inadmisible». Le reclamaba la casa, la custodia de la niña que ambos tienen en común y 2.200 euros mensuales, 1.200 para la manutención de su hija y 1.000 más para ella. Se da la circunstancia de que, además de ser «privativo de él» -esto es, que no está en régimen de gananciales-, el piso que la pareja compartió durante su vida en común está adaptado a la discapacidad de Jaime, lo que supone para él una «necesidad vital».

13 días para irse de casa

Pese a ello, su ex mujer no cedió y, ocho meses después de presentar la demanda oficial de divorcio, ambos tuvieron que verse las caras en los tribunales. Además de la titularidad de la casa, Jaime llegaba al juicio con un importante informe a su favor: según un psicólogo oficial, «lo más conveniente» para la hija era la «custodia compartida».

No obstante, ninguna de ambas cosas fue suficiente para el juez, implacable al dictar sentencia. De un lado, le concedió tan sólo 13 días para abandonar su piso -desde el 1 de octubre vive de alquiler en los apartamentos turísticos de Lakua y busca desesperadamente un piso que se adapte a su silla de ruedas- y le impuso una pensión alimenticia de 750 euros para su hija. De otro, le negó la custodia compartida, por lo que Jaime sólo puede disfrutar de su hija dos fines de semana al mes. Disconforme la sentencia, anuncia que apelará, confiado en que la Audiencia, esta vez, le otorgue la razón.

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Extremadura
 
Familias de las barriadas pacenses piden una vivienda digna
www.europapress.es (Extremadura) - 09 de noviembre de 2009
 
 
Una treintena de residentes en la barriadas pacenses de Los Colorines y Las Cuestas de Orinaza se manifestaron este lunes frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz para reclamar a las administraciones una vivienda digna y la puesta en marcha de acciones que les permitan comenzar una nueva etapa fuera de estos conflictivos barrios de Badajoz.

Los manifestantes pertenecen a las plataformas 'Salir de Los Colorines de Badajoz ya', que agrupa a cerca de cuarenta familias de ese barrio, y 'Cuestas de Orinaza por una vivienda digna', a la que pertenecen otras seis familias.

Como representante de los afectados Antonio Chacón comentó a los medios de comunicación que los afectados se habían concentrado hoy dado que ya hace "16 días" que se solicitaron "audiencias" con los responsables de la Consejería de Fomento y la Delegación del Gobierno, para que se "reactivará la salida" de familias de ambos barrios sin que haya habido ninguna respuesta.

Chacón añadió que la pretensión es que se diga "qué va a pasar con estas familias", que, aseguró, "no se sienten seguras en los barrios", poniendo como ejemplos de la situación que viven que, en ocasiones, "se llevan todo de sus casas con patadas en las puertas y nadie sabe nada", y los afectados "se encuentran indignos viviendo allí".

LOS COLORINES

Sobre la situación en Los Colorines el portavoz explicó que actualmente residen en la barriada 264 familias, recordando que en 2003 se inició una fase de realojo por la que salieron del barrio 64 familias, quedando 20 pendientes, de la plataforma, con las que se acordó "que iban a buscarles casa y al cambiar el gobierno no han considerado seguir sacando familias", motivo por el que, dijo Antonio Chacón se busca "que esa lista" de realojos "se reactive para que puedan salir todas las familias que ahora mismo hay apuntadas que son 43".

Antonio Chacón añadió sobre este barrio que "no tiene servicios de ninguna clase", y que "ahora mismo no hay" un alumbrado "decente" o un alcantarillado y que "sobre todo el gran problema" es que hay "mucho trapicheo de droga", aspecto este del tráfico de estupefacientes sobre el que aseguró que en Los Colorines hay "110 familias que se dedican a la venta de droga, 95 vendiendo y 10 de almacén, que lleva a que sea un gueto que nadie quiere saber nada de él y del que ninguna administración se está haciendo cargo".

Chacón declaró también que a la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, le piden "tal y como ella reconoció en tiempo, que reconsidere la salida de estas familias y las saquen", en referencia a esas 43 familias que piden su realojo en otra zona de la ciudad para "vivir dignamente".

LAS CUESTAS

En cuanto a Las Cuestas de Orinaza, el portavoz de las plataformas dijo que llevan viviendo en las condiciones actuales cerca de siete años, que "se quedaron allí" durante la otra fase del realojo pues la opción que se les dio "era Los Colorines" y "consideraron que ese barrio era peligroso".

Finalmente, Antonio Chacón adelantó que los afectados están "dispuestos a llegar hasta donde sea", y ya se han solicitado a la Delegación del Gobierno nuevos permisos para hacer más concentraciones ante la Consejería de Fomento, Igualdad y Empleo y el ayuntamiento en distintas fechas de este mes y se hará todo lo necesario desde "sentadas, a recogidas de firmas o huelga de hambre" ya que, concluyó, "estas familias están dispuestas a llegar donde haga falta porque quieren vivir decentemente y en otro lugar".

MANIFESTANTES

Equipados de silbatos y megáfonos, adultos y menores que componen la plataforma ciudadana 'Salir de los Colorines Ya' se congregaron en este lugar para reivindicar ser realojados en barrios donde dispongan de los mismos servicios que el resto de ciudadanos pacenses y donde encuentren una mayor "seguridad y dignidad" para desarrollar sus vidas y educar a sus hijos, según expusieron algunos de los manifestantes a Europa Press Televisión.

Encabezando la comitiva y sujetando la pancarta en la que se rezaba 'Por una vivienda digna' se podía ver al matrimonio formado por Elisa Escobar y Santiago Fernández, quienes junto a sus seis hijos se han visto obligados a dejar su vivienda, en la que residían en esta barriada desde hace diez años, tras ser amenazados de muerte por otra familia vecina, sobre la que pesa una orden de alejamiento, que al parecer no se está cumpliendo.

"Pedimos una vivienda, que hay mucha gente buena metida en esos Colorines, que merecen otro barrio", aseveró Elisa, antes de recordar que en su caso particular, se sienten "muy mal" ya que continúan separados de sus hijos, los cuales siguen sin asistir al colegio del barrio por temor a represalias.

Para su marido, las autoridades no "responden" a sus peticiones y "siguen sin dar la cara" ante los problemas de su familia y la situación de las otras 42 familias que hoy les acompañan en la protesta y que piden un cambio de barriada, porque son "personas y no animales" tal y como no paraban de corear esta mañana. "Nos sentimos inseguros, y lo único que pedimos es que nos cambien de vivienda", reclamó Santiago.

INSEGUROS Y SIN SERVICIOS

Entre los presentes, muchos se quejaron de falta de higiene y servicios en esta zona de Badajoz donde viven 200 familias. "Estoy con tres hijos durmiendo en la misma habitación en casa de mi madre, porque en mi casa no se puede vivir porque hay ratas y mucha sociedad"; "no llega el agua, ni la bombona y la mierda nos va a comer, ni taxi, ni autobús, ni nada", sentenció Isabel.

Otra de las manifestantes, pidió "los mismos derechos que el resto de ciudadanos de Badajoz". Se trata de Juana, divorciada y mujer a quien concedieron una vivienda en esta zona hace dos años tras divorciarse de su marido. "No me quedó mas remedio que meterme allí, y me prometieron que iba a ir la policía, iba a haber barrenderos, servicios de bombona, que iban a subir los autobuses", infraestructuras que aún no han llegado, se quejó.

También, otro joven residente protestó porque, a su juicio, las casas de protección oficial de los Colorines "son indignas para vivir" ya que la zona es "insalubre", y al barrio "no suben ambulancias" y no disponen de agua suficiente para asear a sus hijos por "problemas de presión".

Del mismo modo, su mujer, que está embarazada de su primer hijo, pide ser realojada en otra barriada, ya que en la suya "no van los médicos" y "es imposible" convivir con algunos vecinos ya que son frecuente los saqueos de viviendas. "Me he encontrado la puerta reventada y necesito un cambio ya", concluyó.

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Islas Baleares
 
Jóvenes necesitan sueldo de 3.895 euros para vivienda digna
elmundo.es (Islas Baleares) - 23 de octubre de 2009
 
 
Los jóvenes de Baleares deberían contar con unos ingresos mensuales mínimos cercanos a los 4.000 euros para acceder sin dificultades a la compra de una vivienda libre, según el último informe estadístico del Observatorio Joven de Vivienda en España, dependiente del Consejo de la Juventud de España (CJE), correspondiente al primer trimestre de 2009.

De este modo, el documento, de periodicidad trimestral, señala que en Baleares una persona joven debería tener unos ingresos de 179,32% más al mes para poder comprar un piso, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma con mayor dificultad, sólo superada por País Vasco (195%) y Madrid (180%). Así, según este informe, con los sueldos actuales un joven de las Islas podría acceder a una vivienda de 35,8 metros cuadrados, frente a los 42,9 metros de media estatal. Una diferencia "desproporcionada" si se compara con otras comunidades como Extremadura, donde los pisos que pueden comprar los jóvenes tienen una media de 71 metros cuadrados.

Tras dar a conocer los datos, el presidente del Consell de Joventut de Baleares (CJIB), Rafel Sedano, recordó en rueda de prensa la premisa recomendada es que una persona dedicara el 30% la pago de una hipoteca.

Estos datos demuestran, según el presidente del CJIB, que Baleares se encuentra entre las CCAA que están padeciendo más los efectos de la recesión económica. Así, actualmente el 17% de los hogares de jóvenes del archipiélago ya constituidos no tiene ningún miembro que esté trabajando, lo que pone de manifiesto que en época de crisis "las dificultades aumentan", afirmó.

Ante estas cifras, la vicepresidenta del CJIB y vocal del CJE, Marta Carrió, consideró "imprescindible" la aprobación de un Plan de Emancipación Global que aborde los tres pilares básicos para hacer frente a esta situación; la formación, el empleo y la vivienda. Es por ello, que trasladó la "absoluta urgencia y necesidad" al Govern para que "se ponga las pilas" y aborde medidas concretas para "erradicar" los contratos precarios y promueva la creación de viviendas protegidas en régimen de alquiler.

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Comunidad foral de Navarra
 
'Construir más VPO no facilitará el acceso juvenil'
noticiasdenavarra.com (Comunidad Foral de Navarra) - 16 de noviembre de 2009
 
 
a la vivienda. Crítico con la edificación de VPO como único recurso al problema de la inaccesibilidad juvenil a la vivienda, Miguel Arnedo busca soluciones en el modelo europeo. "Hay que fomentar los parques públicos de alquiler", asevera

"La Administración debe incentivar la opción del alquiler, ya que a las personas de entre 16 y 31 años nos resulta imposible acceder a una vivienda libre. Por ello, frente a la cultura de la compra vigente en nuestro modelo inmobiliario, el Gobierno debe mirar a Europa y trabajar en la creación de parques públicos de viviendas de alquiler que establezcan precios asequibles para la juventud". Así de contundente se muestra el joven Miguel Arnedo, vicepresidente y responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de Navarra (CJN) cuando se le pregunta por el tipo de modelo al que deben mirar los poderes públicos para garantizar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Un apuesta que, a su juicio, también pasa por "reconocer por ley el derecho subjetivo a tener un hogar".

Joven, de entre 20 y 30 años y con ganas de independizarse, busca piso en Navarra que pueda costear con un sueldo de unos mil euros. ¿Realidad o quimera?

Si opta por vivir debajo de un puente, realidad. Exceptuando al acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO), la emancipación juvenil en Navarra está muy difícil, casi imposible. Los jóvenes, hemos dejado de ser mileuristas para convertirnos en bajo mileuristas. Si realmente queremos independizarnos sólo contamos con dos alternativas: solicitar un alquiler público a VINSA, cuyo acceso es complicado dada la alta demanda y la escasa oferta, o tirar de periódicos para arrendar entre amigos un piso del mercado privado.

¿Qué políticas sobre vivienda llevadas a cabo con éxito en Europa sería interesante exportar a nuestra comunidad?

Pienso que debemos mirar a la UE y apostar por políticas basadas en el alquiler. Es decir, la solución pasa por ofertar parques públicos de alquiler que fijen precios baratos. Construir más VPO no facilitará el acceso juvenil a la vivienda.

¿El futuro pasa entonces por el alquiler y no la compra?

Si se fomentan las políticas públicas para un parque de alquiler, estimo que sí. Siempre, claro, que los alquileres y pisos con servicios compartidos cuesten unos 150 euros al mes, precio que tienen estas fórmulas en países como Francia u Holanda.

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